El privilegiado sistema de pensiones y ayudas entró en vías de extinción con la legislatura, pero cuesta 2,25 millones. Los exdiputados y exsenadores que cobran una jubilación de Las Cortes son un 21% más que en 2011
La legislatura empezó con 81 exdiputados y exsenadores cobrando una pensión parlamentaria y terminará con 103 y eso a pesar de que, en los últimos meses de José Bono al frente del Congreso, las Cortes liquidaron en 20011 buena parte de ese sistema de lujo que, entre otros, otorgaba a sus señorías el privilegio de la paga de jubilación máxima sólo con haber cumplido once años en el escaño, aún si no había cotizado aparte jamás. Exparlamentarios pensionados son Cristina Almeida (2.688,92 euros al mes); Guillermo Galeote (exsecretario de Finanzas del PSOE, 1.825,61 euros); la abogada Ana María Ruíz-Tagle (1.941,14 euros); Josep Maria Trias de Bes (CiU y luego UPyD, 2.211,10 euros mensuales) o Francisco Javier Martín del Burgo (exdirector de la Agencia Antidopaje, 48,55 euros al mes).
Pero hay más, porque este régimen de dádivas en vías de extinción incluye otra modalidad -la llamada «complementación de ingresos»- por la que todo el que dejara las Cámaras a la edad de 55 años y «careciera de «actividad profesional o laboral permanente» podía optar a un sueldo y alta en la seguridad social, hubiera estado el tiempo que fuera representando al pueblo español, y luego además pedir pensión. Gracias a esta última fórmula hoy se abonan cada mes cincuenta cantidades muy diversas que van de 121 euros a los 2.061 que recibe Ricardo García Damborenea, -exsecretario de PSOE vasco, condenado por los GAL- y de las que disfrutan otros tantos exparlamentarios.
En total, la regulación de prestaciones económicas beneficia a 262 personas y cuesta 2.250.672,36 euros anuales de dinero público, -187.556,03 al mes-, cifra que incluye 59 prestaciones por viudedad, una de las pocos derechos que se salvó de la quema en la modificación de 2011 y que permanece vigente.
ABC ha tratado de saber desde cuando perciben la correspondiente prestación cada uno de los beneficiarios, que en ningún supuesto son de concesión automática, -sino que tienen que ser expresamente pedidas por el interesado y aprobadas por la Mesa de las Cámaras. En el caso de las pensiones, puede hacerse a partir de los 65 años o de los 60 si han cotizado cuarenta años. Pero cuándo lo obtuvo cada cual un enigma que ni los imperativos de transparencia en la información que este Gobierno ha impuesto resuelve. La petición al respecto ha sido rechazada tras un mes de silencio. El argumento es que pensiones y «complementación de ingresos» no son cantidades fijas, «sino que se modifican en función de variables como el tope establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la renta anual del interesado o su situación laboral». Esa circunstancia obligaría, añade la institución a «elaborar» la información, lo que en sí mismo es causa para su denegación.
Sin efectos retroactivos
Este régimen de prebendas se frenó en el tiempo, el 20 de julio de 2011 en que entró en vigor la reforma, de modo que nadie más podría adquirir a partir de entonces derechos de pensiones o pagas, por mucho que siguiera siendo titular del acta. Pero sí reclamarlos por los años de servicio prestados anteriormente en alguna de las dos Cámaras. Aquella modificación parece haber animado a más de uno a dar el paso, de ahí que el número de beneficiarios haya aumentado, y pueda seguir haciéndolo cuando quienes en tiempos fueron sus señorías alcancen la edad para ello.
Las pensiones que pueden recibir del Congreso y Senado están en realidad pensadas para complementar la pensión común que a cada uno corresponda por las cotizaciones de toda su vida, de modo que a principio de mes ingresen en sus cuentas el tope legal de 2.560,88 euros. La media en España en 2015 es de 963,03 euros. Tal ecuación explica que haya cuantías de todo tipo. El promedio entre los exparlamentarios es de 1.035,57 euros, aunque resulta engañosa cuando cuando hay quien cobra 14,73 euros mensuales -caso de una diputada socialista que acabó su mandato en septiembre de 2011-, y otros, en concreto 14 exparlamentarios, más de 2.000. El mejor pagados es Pablo Castellano, que estuvo en la Cámara Baja alrededor de los 25 años que suman cuatro legislaturas y la constituyente y percibe 2.987,69 euros. Como se ha mencionado, quien fuera su compañera en IU, luego diputada por el PSOE, Cristina Almeida, cobra un poco menos, 2.688,92 euros, tras haber sido titular de un acta tres años y tres meses en el Congreso y cuatro como senadora.
La concesión de esa cantidad -que le fue reconocida por la Mesa del Congreso tras mucha insistencia por parte de la interesada- evidencia que, quien fuera conocida dentro y fuera de los cenáculos políticos como abogada, no pagó sus cotizaciones sociales. Nótese que las cifras que ambos ingresan superan la de la jubilación máxima y esto es debido, según explican fuentes de la Cámara Baja, a que la jubilación del régimen general se reparte en catorce pagas y la parlamentaria en doce, lo que quiere decir que tienen prorrateadas la «extras».
Por legislaturas, 21 de la Transición
De quienes están pensionados por las Cortes, tres dejaron de ser diputados hace 36 años, en 1979 y dieciocho hace 33 años, en 1982. Los primeros son pertenecieron a la legislatura constituyente y los segundos a la I, méritos que el reglamento quiso reconocer considerándolos suficientes en sí mismos para la posterior concesión de una pensión de jubilación. Representan el 20% de los beneficiarios y algo más del 33% los que ocuparon por última vez el escaño entre la cuarta (16) y quinta legislatura (19), que terminaron respectivamente en 1993 y 1996, con la llegada de José María Aznar al poder. Nueve fueron poseedores de su ultima acta en la VI legislatura, ocho en la VII, diez en la octaba y otros diez en la anterior, la IX. De esta última, la X, solo hay un exparlamentario que ya disfruta de su pensión.
Por partidos: 48% del PSOE
De los pensionistas a cuenta de Congreso y Senado, casi la mitad -el 48%- son del PSOE, partido al que pertenecieron las mayorías parlamentarias de las primeras legislaturas de la Democracia. El 28% son del PP y 14 de la extinta UCD. El resto militan o lo hicieron en Ciu (5), PNV (4), dos en IU, uno en ERC y otro en CC.
Por cantidad: catorce superan 2.000 euros
Por cantidades, más de un tercio, 36 exdiputados y exsenadores, reciben menos de 500 euros y 17 entre 500 y 1.000. Por encima de esa cantidad hay 22 que están entre 1.000 y 1.500 y 14 entre 1.500 y 2.000 euros mensuales. Solo 14 superan esa cantidad, y todos perciben doce pagas al año.
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