La polémica ley fundamenta gran parte de su exposición de motivos en que el pronunciamiento militar de 1936 fue un ataque contra la legitimidad institucional anterior. Ésta queda ahora desmentida documentalmente.
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La publicación de las actas del recuento de las elecciones de febrero de 1936, en las que se impuso en España un Gobierno revolucionario integrado por los partidos aliados en la coalición conocida como Frente Popular, deja clara la manipulación electoral con la que se asentaron en el poder. La publicación del libro “1936, fraude y violencia”, muestra ahora los resultados alterados para dar el triunfo a la izquierda al cambiar los votos para trasferir cincuenta escaños al Frente Popular y quitárselos al centro derecha y la derecha.
La información no es nueva, pero sí la documentación que aporta el libro que demostraría lo que varios autores llevaban publicando desde los años setenta.
El estudio, realizado por los historiadores Manuel Álvarez y Roberto Villa, saca a la luz numerosas actas manipuladas, con raspaduras y cambios siempre a favor del Frente Popular. El objetivo está claro: conseguir los 240 diputados que les permitiría gobernar en solitario. Los escaños que consiguieron realmente fueron muchos menos y rondarían los 215, una cifra que habría posibilitado un Gobierno del centro derecha o que habría obligado al Frente Popular a un pacto con los partidos de centro.
Además, el libro explica la importancia que tuvo el cambio de Gobierno el día 19 de febrero, de manera subrepticia, y que llevó a Manuel Azaña -uno de los máximos responsables de la candidatura del Frente Popular- a sustituir a Manuel Portela Valladares al frente del Ejecutivo. Además, la violencia política de la izquierda, que había causado 41 muertos y más de ochenta heridos desde principios de febrero, condicionó en gran medida las garantías con las que se desarrollaron los comicios.
Desmontando la Ley de Memoria Histórica
La polémica Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pierde con esta publicación la poca legitimación que pudiera quedarle. En la exposición de motivos que antecede al articulado del texto legal se definía a la República como el culmen de los valores democráticos y se justificaba la necesidad de la ley para reivindicar la democracia. Así lo dejan claro algunos pasajes de ese texto que pide reconocimiento para “quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos”. También dice que “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conociemiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Y, a la hora de repartir dinero público, esta norma ideológica lo justifica diciendo que “se prevé el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia”.
A la vista de la publicación de las actas que demuestran la falta de respeto a la más elemental norma democrática, ¿que legitimación le queda a la norma aprobada por Rodríguez Zapatero?
Documentos robados por los frentepopulistas
Las actas de las elecciones de febrero de 1936 llevan desaparecidas desde las horas posteriores a que se cometiera el fraude electoral. Acabaron en posesión del entonces presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, que las guardó poco después de su destitución y sustitución como presidente -primero por Diego Martínez Barrio y finalmente por Manuel Azaña- en abril de 1936. Las actas, junto a documentos privados y el manuscrito de sus memorias se encontraban en una caja de seguridad en el Credit Lyonnais. Pero el banco fue asaltado durante la guerra por milicianos comunistas y anarquistas y todas las propiedades del expresidente desaparecieron.
El propio Alcalá-Zamora acusaba a Santiago Carrillo de haberse quedado con la documentación que permaneció perdida hasta el año 2008 cuando una operación de la Guardia Civil que recuperó 12.000 documentos históricos se hizo con ellos.
Los documentos, que fueron solicitados por los herederos de Alcalá-Zamora, pasaron a ser depositados en el Ministerio de Cultura, donde quedaron bajo la custodia de la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas, a cuyo frente estaba entonces Rogelio Blanco Martínez, que se negó a entregarlos a los herederos del político, como publicó La Gaceta en junio de 2010.
Los descendientes del expresidente de la República comenzaron entonces un procedimiento judicial para recuperar los documentos que consideraban debían permanecer, por voluntad de Alcalá-Zamora, en los archivos de la fundación que lleva su nombre.
Ahora, tras estas peripecias, los documentos ven por fin la luz y desmontan uno de los mitos perpetuados dede febrero de 1936 por la historiografía y los políticos de izquierda -y gran parte de la derecha-. La Ley de Memoria Histórica queda deslegitimada totalmente ¿habrá movimientos desde el actual Gobierno?
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