Nicolás Maduro amenazaba recientemente con “meter presos” a todos aquellos miembros del parlamento que tengan la intención de llevarle a juicio. Un parlamento, dicho sea de paso, al que el propio Maduro ignora de manera sistemática por tener mayoría opositora. O lo que es lo mismo, gobernar sin control alguno.
Otra de sus amenazas se cumplió ayer. El líder bolivariano había advertido que aquellas empresas que secundasen el paro de 12 horas propuesto por la oposición como medida de protesta serían intervenidas por el ejército y posteriormente expropiadas -obviamente, sin las menores garantías jurídicas-. Es la violación más flagrante que se conoce del derecho de huelga, a la que hay que unir el nulo respeto a las libertades más básicas por parte de un régimen cuya deriva totalitaria no parece tener fin.
Conviene recordar que todo este tipo de desmanes han sido “asesorados” por Podemos. Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero entre otros ha colaborado activamente con el chavismo más recalcitrante, sin condenar uno solo de sus desmanes. Antes al contrario, alcaldes como el de Cádiz organizan con cierta frecuencia actos de apoyo a la dictadura venezolana. Es, por otra parte, el modelo en el que creen: control de los medios de comunicación, expropiaciones masivas, encarcelamientos sin acusación previa y nulo respeto por los derechos humanos. En España funcionan la democracia y la división de poderes, y quizá ahí esté la clave del desdén de Podemos hacia las instituciones de un país al que no pueden “asesorar”, como sí han hecho en Venezuela.
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