Acabada la guerra, se exhumaron los cadáveres fusilados en Paracuellos
La idea de las matanzas partió de su amigo Serrano Poncela, no de los soviéticos, pero él dio su consentimiento
La fecha es un 6 de noviembre de 1936. Viernes por la tarde en Madrid. El secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), Santiago Carrillo Solares, y su estrecho aliado político, José Cazorla Maure, entran en el despacho del presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero, en el Palacio de Buenavista. Es un día clave en la vida de Carrillo, abundante ya en tales momentos trascendentales pese a su juventud. A sus 21 años, cuenta entre sus logros el haber fusionado con éxito las juventudes socialistas y las comunistas en abril de 1936 para crear las JSU, una organización que, en vísperas de la guerra, declaraba tener nada menos que 140.000 afiliados. Aunque Carrillo se encontraba en París el 18 de julio de 1936, pasó el primer mes de la contienda española combatiendo en el País Vasco porque no le fue posible regresar a Madrid hasta más tarde.
Él mismo admitiría tiempo después que no era de natural guerrero. Por su miopía, cuando le tocaba hacer guardia, en “las noches en que llovía -que fueron muchas- no daba abasto” limpiándose las gafas. “Y de hecho, no estaba en buenas condiciones para ver si se acercaba una patrulla adversa”. Su puesto como máximo dirigente de las JSU se vería finalmente confirmado a su vuelta a la capital en septiembre, momento que aprovechó para rodearse de sus compinches de preguerra. Entre ellos, el chófer y músico José Cazorla y, sobre todo, Segundo Serrano Poncela, antiguo estudiante de Derecho y Filosofía en la Universidad Central de Madrid. “Yo he sido -escribió éste con cierta añoranza tras romper relaciones con Carrillo en 1939- su amigo más sincero, más sacrificado (…) el único amigo leal que ha tenido en toda su vida”.
Horas antes, ese mismo día 6 de noviembre, Carrillo, Cazorla y Serrano Poncela habían ingresado en el Partido Comunista de España (PCE). A través de miembros de su nuevo partido en el gobierno fue precisamente como Carrillo y Cazorla se habían enterado de que Largo Caballero estaba a punto de dejar Madrid en manos de una Junta de Defensa. Al entrar en las dependencias del presidente del Gobierno, vieron que el personal estaba haciendo las maletas para el viaje a Valencia. “¿Quién les ha dicho a ustedes que el Gobierno se marcha?”, les preguntó un irritado Largo Caballero. Pero aquellos jóvenes apoyados por el PCE no se dejaron intimidar: querían tener cargos en la Junta y así se lo hicieron saber al presidente. Y no se puede decir que salieran de allí defraudados: Carrillo fue nombrado consejero de Orden Público, y Cazorla, segundo suyo en la consejería.
En un momento en el que las tropas franquistas se aproximaban rápidamente a la capital, el problema más apremiante para aquel nuevo consejero era qué hacer con los aproximadamente 10.000 presos políticos recluidos en las cárceles madrileñas. Muchos antifascistas de todo signo estaban convencidos de que aquellos “fascistas” se preparaban para apuñalar por la espalda a la República. Menos de un mes antes, Julio Álvarez del Vayo, el ministro socialista de Estado, había dicho a los británicos que “el Gobierno manejaba informaciones fidedignas de que la “Quinta Columna” de los insurgentes, ayudada por unos tres mil o cuatro mil fascistas, (…) irrumpiría al asalto en Madrid en el momento preestablecido, y de que todos los presos eran reclutas potenciales de dicha columna”. Aunque algunos historiadores han especulado con la idea de que la respuesta de Carrillo viniera determinada por la intervención de agentes del NKVD, como Aleksandr Mijáilovich Orlov y Iósif Grigulévich, lo cierto es que no hubo que buscar tan lejos una solución al “problema”. El criminal Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) llevaba liderando la batalla contra la imaginaria Quinta Columna en Madrid desde el verano y terminó siendo responsable de muchas de las más de 8.000 ejecuciones que tuvieron lugar en la capital en 1936. Desde finales de octubre, aquel tribunal revolucionario del Frente Popular llevaba “evacuados” 190 presos militares y civiles hacia la prisión de Chinchilla por orden de la Dirección General de Seguridad. En realidad, “evacuación” era una palabra en clave para referirse a una orden de asesinato: todos esos reclusos eran ejecutados extrajudicialmente en localidades de las afueras de Madrid.
Carrillo se enteró de que el CPIP (con el consentimiento tácito de Ángel Galarza, ministro de Gobernación) estaba preparando una “evacuación” desde la Modelo, la mayor prisión de la capital con unos 5.400 reclusos. Esa misma noche del 6 al 7 de noviembre, la operación pasó a ser responsabilidad del Consejo de la Dirección General de Seguridad, recién creado por el propio Carrillo. Estaba integrado por figuras que habían sido clave en sacas anteriores del CPIP, como el anarquista y (de profesión) pintor decorador Manuel Rascón, y el panadero socialista Félix Vega Sáez. Además, estaba presidido por Serrano Poncela. “Yo -recordaría más tarde este viejo amigo de Carrillo- me dedicaba a dar cintarazos a la Quinta Columna. (…) Carrillo sabía que, en esa hora incierta o histórica, de todo el entourage que le colmaba de incienso, no había nadie capaz él de sacrificar por él su vida y aun su honor más que yo”.
El significado de ese sacrificio de su honor quedó brutalmente evidenciado en la primera jornada completa de existencia de la Junta de Defensa. Los retrasos en la selección de los destinados a morir en las primeras sacas del 7 de noviembre por la mañana hicieron que los “evacuados” iniciales no salieran de la Modelo (la prisión más cercana a la línea del frente), sino de los penales de Porlier y San Antón. El lugar de las ejecuciones fue el arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, un pueblo a unos 20 kilómetros al noreste de Madrid fácilmente accesible. Se les sumarían esa tarde más de 500 presos de la Modelo. Entre los asesinados de ese día estaba Rafael Toni Sterling, de sólo 18 años y vicetesorero de su organización local de la juventud católica, quien supuestamente había abierto en su momento “fuego contra el pueblo” desde un edificio que no existía. “A mi hijo se le detiene (…) única y exclusivamente por ser católico y pido justicia”, escribió su angustiado padre en una carta que terminó entregada a Carrillo. No hay constancia de que el dirigente de las JSU respondiera.
El acuerdo de Carrillo con el CPIP se explicitó en una reunión de la CNT-FAI el 8 de noviembre por la mañana. Un representante anarquista de la Junta de Defensa -cuya identidad sigue sin estar aclarada- anunció que se estaba eliminando de inmediato a “fascistas y elementos peligrosos”, aunque “cubriendo la responsabilidad”. En el mismo momento en que se pronunciaban aquellas palabras, otros 400 presos de la Modelo eran transportados hacia Paracuellos. Nunca llegaron. Su convoy tuvo que ser desviado hacia la confiscada hacienda del Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, porque los enterradores de Paracuellos no habían terminado de inhumar a las víctimas del día anterior. Así que fueron fusilados en el cauce seco de un canal de regadío, conocido localmente como caz.
Aunque se suponía que las masacres debían llevarse a cabo “cubriendo la responsabilidad”, pronto comenzaron a circular noticias sobre lo que estaba sucediendo en Paracuellos y Torrejón de Ardoz. El anarquista Melchor Rodríguez García, conocido por su rechazo al uso de la violencia con fines revolucionarios, unió fuerzas con el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, y con diplomáticos extranjeros como el cónsul de Noruega, Félix Schlayer, con el objetivo de poner fin a las matanzas. Schlayer transmitió a Carrillo el 7 de noviembre por la tarde su temor por la desprotección de los presos; el nuevo consejero de Orden Público le replicó airado que no corrían peligro alguno.
Un altercado con el amigo
Como estalinista comprometido, Carrillo no tenía fama de humanitario. La cuestión de las sacas lo había llevado incluso a tener un “altercado personal” con Melchor Rodríguez. No había razón alguna, pues, para que los subordinados de Carrillo no le informaran de lo que sucedía en Paracuellos, y tampoco hay indicio alguno de que lo mantuvieran al margen: de hecho, a Carrillo y a Serrano Poncela se los veía departir a menudo en el despacho del uno o del otro. En realidad, la estrecha amistad que los unía permitió que el primero pudiera confiar al segundo la continuación del trabajo sucio de exterminar a la Quinta Columna mientras él se ocupaba de otros menesteres, entre los que se incluían discursos en mítines, reuniones y emisiones radiofónicas, en los que llamaba a la población a la resistencia. “La Quinta Columna -explicó Carrillo a los oyentes de Unión Radio el 12 de noviembre– está camino de ser aplastada”. Carrillo era una de las estrellas de la Junta de Defensa, que dio al joven dirigente comunista “un voto de confianza” el 11 de noviembre; dos días después, la propia Junta emitió un mendaz comunicado de prensa en el que afirmaba que “(n) los presos son víctimas de malos tratos ni menos deben temer por su vida”.
Sin embargo, para entonces, las sacas masivas habían quedado temporalmente suspendidas, pero no porque Carrillo dudara de la moralidad de los asesinatos, sino porque había recibido una orden de Melchor Rodríguez, el entonces recién nombrado “inspector general del Cuerpo de Prisiones”, de que pusiera fin a todas las “evacuaciones” el 9 de noviembre. Rodríguez no debía aquel cargo a la intervención de ningún ministro destacado del Gobierno en Valencia, sino a su amistad con Mariano Sánchez-Roca, subsecretario de Justicia.
De todos modos, el nombramiento de Rodríguez colocó a Carrillo ante una difícil tesitura: no sentía simpatía alguna por aquel anarquista, pero estaba obligado a obedecer en virtud de las directrices políticas del PC vigentes, que ordenaban la subordinación de la Junta de Defensa al Gobierno de la República. Haciendo gala de una disciplina bolchevique, Carrillo aceptó la autoridad de Rodríguez. El Ángel rojo consiguió así detener las masacres en el momento en que las tropas rebeldes más cerca estaban de la cárcel Modelo.
Por desgracia para Rodríguez (y, sobre todo, para la población reclusa de Madrid), Sánchez-Roca había actuado sin contar con la aprobación de su superior, Juan García Oliver, que no tenía reparo alguno en usar el terror para eliminar la amenaza “fascista”. De hecho, cuando el ministro nacionalista vasco Manuel de Irujo sacó a colación el tema de Paracuellos en una sesión del Consejo de Ministros, García Oliver zanjó la cuestión con un contundente “hay que hacer la guerra civil”. Apoyada por ministros clave como Ángel Galarza, esa áspera declaración de “guerra total” sería la que terminaría imponiéndose. Ni la Junta de Defensa de Madrid ni el Gobierno republicano estaban preparados para acabar con las “evacuaciones” en masa de presos. Todo lo contrario: el ministro de Justicia destituyó a Rodríguez aprovechando una visita a Madrid el 12 de noviembre. La suspensión de las sacas y su pronta reanudación dejan bien a las claras que Carrillo fue un facilitador -que no el cerebro- de las masacres. Se ocupó de la logística de los asesinatos en masa (la provisión de los medios de transporte y de los verdugos, por ejemplo), así como de brindar cobertura política a los perpetradores. Pero está claro también que nunca habría desobedecido la autoridad del Gobierno republicano: si Largo Caballero le hubiera ordenado que protegiera a los presos de Madrid, lo de Paracuellos no habría sucedido.
En vez de eso, la intervención de García Oliver fue interpretada por Carrillo como una señal de que las truculentas actividades de la Dirección General de Seguridad contaban con la aprobación del Gobierno, y las sacas se reanudaron el 18 de noviembre. Para entonces, la Modelo había sido ya clausurada definitivamente y sus reclusos llevados a otras cárceles de la ciudad. Entre el 18 de noviembre y el 4 de diciembre, más de un millar de personas fueron transportadas hasta Paracuellos desde las prisiones de Ventas, Porlier y San Antón, y fusiladas allí. Las órdenes llevaban la firma de Serrano Poncela, pero en los propios círculos comunistas no cabía duda de quién se merecía el aplauso por aquello. “Santiago Carrillo, con su acción enérgica y decidida -se afirmaba en un informe interno del partido-, cortó la cabeza a la Quinta Columna, inutilizando su peligrosa acción contra la República, impidiendo con este destacado servicio a la Patria que Franco pudiera tomar Madrid por la espalda”.
2.500 ‘fascistas’ muertos
De todos modos, la creciente presión internacional acabó por obligar a Largo Caballero a llamar de nuevo a Melchor Rodríguez, y Carrillo volvió a aceptar la prohibición de las “evacuaciones” masivas a partir del 5 de diciembre, decretada por el dirigente anarquista. En torno a 2.500 fascistas militares y civiles habían muerto ya para entonces. Pero Carrillo se había erigido en héroe de los comunistas. Cuando Manuel de Irujo, tras ser nombrado ministro de Justicia del Gobierno de Juan Negrín, declaró en mayo de 1937 su intención de investigar las actividades de Carrillo durante el mes de noviembre anterior, los camaradas de partido de éste se pusieron de acuerdo para liquidar aquella propuesta. Al final, a pesar de que la República terminó perdiendo la guerra, no se puede decir que ésta le fuera mal al líder de las Juventudes Socialistas Unificadas. En la primavera de 1937, Carrillo ya era miembro suplente del Politburó del PCE. Y, tras abandonar la Junta de Defensa en diciembre de 1936, se centró en sus responsabilidades como secretario general de las JSU, donde logró fomentar un culto a la personalidad en torno a sí mismo entre los jóvenes comunistas.
Cuando Carrillo ascendió a la cima de la disputada jerarquía del PCE al término de la Guerra Civil, pocos hubieran imaginado que el fantasma de Paracuellos lo perseguiría el resto de su vida. Pero su reinvención como político demócrata, consumada ya en la década de los 70, movió inevitablemente a sus numerosos oponentes políticos a usar Paracuellos como arma arrojadiza contra él. Sus poco convincentes y contradictorios desmentidos no hicieron más que envalentonar a sus enemigos. Como Albert Speer, ministro de Armamento de Hitler durante la II Guerra Mundial -en los juicios de Núremberg de 1946 admitió cierta culpabilidad general por los crímenes nazis, pero siempre negó haber tenido conocimiento alguno del Holocausto mientras éste se estaba produciendo-, Carrillo reconoció que en nombre de la República se habían cometido crímenes, pero añadió que no podía aceptar responsabilidad alguna por lo de Paracuellos. Carrillo no podía sentir arrepentimiento por aquella atrocidad porque, en su corazón, siempre estuvo convencido de que estaba justificada. En su “testamento político”, escrito justo antes de su muerte en septiembre de 2012, a los 97 años, afirmó con toda franqueza que la “guerra es la guerra. (…) Es eso, o la derrota de la República y la ola subsiguiente contra el pueblo republicano (…). Al iniciarse la batalla, todas las fuerzas republicanas coincidían en lo mismo, aun considerando que podía haber víctimas inocentes. Era lo que en la guerra de este siglo los militares han llamado daños colaterales”. La Quinta Columna había recibido, pues, su merecido.
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