Cuando llegó al Decanato en 1993 había una comisión judicial para ejecutar los lanzamientos: creó once más y propició 36 desalojos diarios
Manuela Carmena consiguió la alcaldía de Madrid con la lucha contra los desahucios como argumento estrella de su programa electoral: «Ahora Madrid ha de ser una ciudad libre de la lacra de la pobreza y de los desahucios».
La líder de la lista apadrinada por Podemos se comprometió a «poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda». El programa de su partido, Ahora Madrid, insistía en que «el problema de los desahucios y desalojos ha llegado a un punto insostenible; la vivienda es un derecho, como reconoce la Constitución» y, una vez más, Ahora Madrid se compromete a parar los desahucios».
Nada más acceder al cargo, Manuela Carmena declaró que los desahucios son un «escándalo social», pero la hemeroteca del diario ABC y de «El País» pone de manifiesto que la actual alcaldesa se dedicó como juez decana de Madrid a hacer todo lo contrario a lo que ahora promulga: agilizar los desahucios.
La juez Carmena llegó al Decanato en 1993, un año en el que en la jornada con más lanzamientos judiciales nunca se superaban los dieciocho y los retrasos eran más que considerables. Para terminar con esto, la magistrada, que tenía las competencias como juez decana, puso en marcha doce comisiones judiciales para ejecutar los embargos, un incremento más que exponencial, dado que hasta entonces sólo había una.
Sólo unos meses después, en abril y mayo de 1994, «el departamento de notificaciones y embargos de los juzgados de la plaza de Castilla ha ejecutado 36 desalojos diarios». Carmena consiguió situar la media de desahucios en justo el doble del número máximo por día que se encontró al acceder al cargo. Así informó «El País» en su edición del 6 de junio de 1994. El diario madrileño añadió que «los responsables (el equipo de Carmena, a la que cita expresamente) esperan que se mantenga este ritmo».
Además, la entonces coordinadora del departamento de notificaciones y embargos de los juzgados de Plaza de Castilla era precisamente Marta Higueras, actual número dos de Ayuntamiento de Madrid. La concejal responsable de Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del consistorio madrileño tenía un discurso muy distinto al actual.
700 desalojos
En declaraciones a «El País», Higueras alardeó de la eficacia en los desahucios que habían logrado la nueva juez decana, su mentora Carmena: poner al día 700 desalojos y ejecutar cada desahucio en diez días. Estas fueron sus declaraciones textuales: «En los meses de enero, febrero y marzo hemos puesto al día todos los expedientes atrasados -unos 700-, y ahora, un vez que el juez ordena el lanzamiento, nosotros lo ejecutamos en un plazo de diez días».
Las once nuevas comisiones judiciales que Manuela Carmena puso en marcha consiguieron invertir la situación en los Juzgados de Plaza de Castilla.
El lenguaje nada tenía que ver con el que actualmente utilizan los líderes de Podemos y sus socios. Marta Higueras aseguraba entonces que «sabemos que la tardanza ha favorecido la picaresca» y añadía que «en las inmobiliarias existían listas negras de inquilinos que, conocedores de que un procedimiento de desahucio duraba unos dos años, iban de un piso a otro sin pagar en ninguno». La actual mano derecha de Carmena en el ayuntamiento presumía de haber «agilizado» el departamento y protestaba por «la sobrecarga que puedan tener los juzgados que tramitan cada caso».
El reportaje del diario «El País» avisaba de que «muy a menudo, los desalojados son personas con el agua al cuello que son incapaces de afrontar el pago de las abultadas rentas o la hipoteca en la que se han metido para pagar una vivienda». Estas víctimas son las mismas a las que ahora Manuela Carmena ha prometido proteger.
Poco después de la información del diario «El País», el 23 de septiembre de 1995, fue ABC quien publicó unas declaraciones de Manuela Carmena que evidencian la enorme dicotomía que existe entre la entonces juez y la actual política. Narraba este diario que la jueza decana de los juzgados de Madrid se mostraba «contraria» a la iniciativa del ayuntamiento de que hubiera un juez único para los desalojos y daba su receta para agilizar los desalojos: «La solución es que (los desahucios» vayan por la vía civil y no por la penal porque, en estos casos, los jueces se encuentran con un proceso administrativo que desconocen, lo que alarga su resolución, mientras que por la vía civil se resuelven en cuatro meses».
Antes y ahora
Estas declaraciones textuales chocan frontalemente con el ideario que hora defiende la flamante alcaldesa. El programa de Ahora Madrid, con el que fue segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones, es tajante: «Han sido los vecinos y vecinas de los barrios quienes han mantenido las redes de cooperación, de participación, de apoyo mutuo, quienes han parado desahucios y aportado soluciones de urgencia a los más desfavorecidos. Quienes han peleado por mantener los derechos y detener el expolio de lo común».
La orden de desahucio la dicta un juez y la ejecuta el departamento de notificaciones y embargos, que estaba adscrito al decanato de los juzgados, en el caso de Madrid, liderado por Carmena y con 200 trabajadores. Tras la reforma del año 2000, las comisiones para ejecutar los lanzamientos pasaron a depender de los secretarios judiciales.
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