La vicepresidenta y el titular de Hacienda, partidarios de un relevo
La gestión del caso Rato ha provocado un fuerte enfrentamiento en el seno del Gobierno. Según han confirmado a elEconomista fuentes de toda solvencia, en el entorno del presidente Mariano Rajoy existe un profundo malestar con la actuación no sólo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino también con la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Las empresas de Rato suman una deuda de 12,4 millones de euros.
La intervención de ambos habría sido decisiva para precipitar los acontecimientos, acelerar la investigación y provocar la detención de Rodrigo Rato en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo, bajo la acusación de cinco delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El temor de fondo en Presidencia del Gobierno radica en que, una vez asumido el descalabro electoral en mayo, Montoro y Santamaría podrían estar maniobrando para tratar de apartar a Mariano Rajoy de cara a las generales de final de año.
En Moncloa consideran que la precipitación, el aviso a la prensa para que las cámaras de televisión estuvieran presentes en el momento de la detención, el papel de la Fiscalía y la actuación de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en lo que algunos califican ya como un hecho inédito, podría acelerar el traspaso de votos a Ciudadanos y no entienden las maniobras llevadas a cabo. "Yo no sabía nada. Nadie me informó", llego a reconocer el martes el presidente del Gobierno a un grupo de empresarios reunidos en el seno del Foro Puente Aéreo.
Malestar en el partido
Más allá de Presidencia, la actuación de la Agencia Tributaria y la posterior gestión del caso ha generado también una gran preocupación en el seno del Partido Popular y, de hecho, así se lo habría transmitido al Gobierno. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, está enfrentada desde hace tiempo a Sáenz de Santamaría, con la que rivaliza por el poder, y en el seno del partido están desconcertados por el espectáculo público generado con Rato, cuando las presuntas irregularidades fiscales no sólo le afectan a él sino a 715 personas, cuyo nombre se mantiene en el más absoluto secreto.
La investigación al que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar arrancó hace prácticamente un año, después de que la Agencia Tributaria detectara incoherencias entre los datos que había presentado en 2012 cuando se acogió a la amnistía fiscal y la declaración que hizo al año siguiente del IRPF.
De acuerdo siempre con las fuentes consultadas, de esa investigación estaban al tanto Montoro, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos. Éste último lo sabía porque el Sepblac, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, participaba también en la investigación a Rato y hay que tener en cuenta que es un organismo que depende del secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
El que llevó el expediente a la Fiscalía de Madrid y comunicó los resultados de las primeras indagaciones no fue sin embargo De Guindos sino Montoro, precipitando así la detención de Rato, durante tan sólo siete horas, y con un agente del Servicio de Aduanas poniendo la mano sobre la cabeza del exministro y exdirector gerente del FMI para introducirle al coche, en una imagen que fue el viernes portada de todos los periódicos y que acabó dando la vuelta al mundo.
En apenas unas horas, y después de que Hacienda se pusiera en contacto con la Fiscalía de Madrid, ésta presentó una denuncia en un juzgado de guardia que, con extrema urgencia, ordenó a su vez la detención y el registro tanto de la vivienda como del despacho de Rato. En el entorno de Rajoy no dudan de que el exministro de Economía pueda haber cometido una ilegalidad, pero no entienden ni la precipitación ni el espectáculo público cuando el PP se está jugando unas elecciones.
Públicamente, el presidente del Gobierno admitió ya el pasado fin de semana que el caso de Rodrigo Rato "afecta especialmente" a su partido, el PP, porque el expresidente de Bankia fue uno de sus "activos más importantes", aunque insistió también en que todos los españoles son iguales ante la ley.
"A partir de ahora estaremos a lo que diga la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Justicia, y el Gobierno garantizará la independencia, como ha hecho siempre, de estos órganos", manifestó Mariano Rajoy.
De Guindos: "extrema confidencialidad"
El ministro de Economía no quiso este miércoles pronunciarse sobre la filtración de que se estaba investigando al exministro, Rodrigo Rato, por blanqueo de capitales y fraude fiscal y que derivó días después en su detención durante varias horas para registrar su despacho profesional. Luis de Guindos señaló que no quería entrar en especulaciones de este tipo, pero acto seguido deslizó que "tanto Economía como el Sepblac trabajan siempre con eficacia y extrema confidencialidad".
De esta manera, el titular de Economía descartó que la información saliera de sus propias filas. Guindos, además, destacó que las instituciones funcionan y lo hacen "sin interferencias políticas", citando tanto a su Ministerio, al Servicio Antiblanqueo como a la Agencia Tributaria y la Fiscalía. En este sentido, recordó que su departamento ha vivido en los últimos años muy de cerca los expedientes abiertos contra los gestores de las antiguas cajas de ahorro, que recibieron ayudas, y que han sido remitidos a Anticorrupción.
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