Rajoy se reunió en su despacho de Génova 13 con Granados e Ignacio González: lo desveló Esperanza Aguirre
“A mí Rajoy me llama, voy a su despacho y me dice: “hay unas informaciones comprometedoras sobre el vicepresidente [Ignacio González] y Granados, que tiene el tesorero [Alvaro Lapuerta] y que se tienen que aclarar”. Tanto Granados como González hablan con él [con Rajoy], todo se aclaró y ahí no hubo más”. Las “informaciones comprometedoras” se refieren a las investigaciones periodísticas que habían salido sobre “saqueos” y “enchufes” de la trama “púnica”, y quien desvela esta reunión que tuvo lugar en 2006 es Esperanza Aguirre. Según pudo saber “Espía en el Congreso” la cita se produjo en el despacho de Rajoy en la séptima planta de Génova 13. La confesión de la presidenta del PP madrileño se realiza tras una “calentura” después de una pelea con Alberto Ruiz Gallardón, y se hizo pública a través de los micrófonos del periodista Federico Jiménez Losantos en la Cope en el programa del 28 de enero de 2009, cuyo contenido reproducimos al final de este artículo. Numerosos contratos públicos, además de innecesarios e inútiles, fueron “inflados” por la “mafia púnica” para saquear las arcas autonómicas. Dos primas de Esperanza Aguirre, la empresa de Luis de Guindos, la hija y el yerno (Borja Sarasola) del ex secretario de Estado, Pedro Antonio Martín Marín se encuentran entre los beneficiados. Y es que ya en los 8 volúmenes de la “Biblioteca PPleaks”, el libro “Desesperanza de Madrid” contiene los emails corporativos del banquero Blesa en Caja Madrid que delatan el abrumador nepotismo de la “lideresa”: “Nos envía este asunto la Secretaria de Dña. Esperanza Aguirre. Su prima ha tenido un problema en la concesión de una hipoteca en la Caja”; “Cliente referido por Esperanza Aguirre”; “Me envía la secretaria de Esperanza Aguirre el CIF de la Compañía para que no haya dudas a la hora de localizarla” o “El documento del que le habló ayer Esperanza Aguirre. 20 millones, un sindicado de 2-3 bancos”….
Índice del “dossier Ignacio González”. Nadie lo publica
¿Por qué ahora Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se apoyan mutuamente dentro del Partido Popular de Madrid? Porque ambos pusieron a dedo a Agustín Juárez López de Coca, como alcalde de Collado-Villalba (Madrid), ahora sustituido por José Flores González, primer teniente de alcalde. Casi todos en el PP de la Comunidad de Madrid denominan a Villalba como “Ciudad Juárez” desde que Juárez López de Coca se hizo con el control de todas las “bandas” (en terminología del banquero Blesa) y desmanteló a los militantes decentes que llevaban el partido, según denunció el letrado Julio Henche. Este cabeza de lista dimitió con 22 de los 27 miembros de la candidatura y acusó a Esperanza Aguirre e Ignacio González de poner la organización en manos de este cartel, hoy desmantelado por la policía.
Y es que los ciudadanos desconocen la realidad del PP que denuncian a diario sus militantes más honrados, pues aunque parezca increíble, todavía quedan algunos: el dúo Rajoy-Aguirre (bajo la atenta mirada del gran “capo” Aznar) opera como una verdadera y auténtica “asociación de malhechores” y de hecho algunos jueces, fiscales y abogados han reclamado que se le aplique la consideración de “mafia” u “organización delicitiva” con objeto de poder combatirla judicialmente con sus mismas armas. Incautación de bienes, embargo de cuentas corrientes y rápida interceptación de comunicaciones, como se produce en las “leyes anti-mafia”, son algunas de ellas. Las evidencias de que sus integrantes forman una organización se cuentan por decenas: se reúnen en locales (normalmente despachos de las sedes), saquean y vacían las instituciones por donde pasan y dejan dentro a sus familiares y amigos “enchufándolos”.
Rajoy y Esperanza Aguirre: unidos por la “mafia púnica”
No son suposiciones ni conjeturas: tenemos las pruebas. De ahí el nuevo engaño que supone “pedir perdón” o negarlo todo: los que lo hacen son los propios dirigentes de la “mafia” que ha secuestrado a su propio partido. Por eso cuando escuchan a Rajoy, Acebes, Aznar, Arenas, Rato y ahora Esperanza Aguirre decir que han estado 30 años en política y “ni ella ni nadie de su familia se ha enriquecido con esta actividad”, los dirigentes que conocen los entramados de Génova 13 esbozan una sonrisa. Incluso proponen la necesidad de que, cuando se produzca el cambio de régimen y una nueva Constitución democrática cimente la reconstrucción de la arruinada economía del país (5,5 millones de parados, 1 millón de exiliados laborales y 12 millones de ciudadanos (de ellos 3 millones de niños) por debajo del umbral de la pobreza, según Cáritas y Unicef), una nueva ley obligue a todos los altos cargos públicos desde 1976 a presentar sus declaraciones de la renta y patrimonio al entrar en política hasta salir de ella, para que puedan ser cotejadas por un órgano de la Inspección de Hacienda.
Pedro Antonio Martín Marín
¿Por qué Rajoy y Esperanza Aguirre exculpan a Ignacio González pese a las denuncias de corrupción del entonces tesorero Alvaro Lapuerta? Es una “guerra de bandas” por el control de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid, según relata el periodista Ignacio Escolar: “Según fuentes del PP de Madrid, [el ex secretario de Estado] Pedro Antonio Martín Marín despacha “a diario” con Ignacio González y una de sus hijas, Pilar Martin, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Su yerno, Borja Sarasola, es número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero de Ignacio González”.
Luis de Guindos y Esperanza Aguirre
También J. Ruiz y Oscar López-Fonseca han desvelado que la “mafia púnica” abonó 6,2 millones de euros “por trabajos no culminados en lo que entiende que es un sistema de pago de favores”. La denuncia viene de UPyD, que al igual que en otros casos el Partido X, Podemos y Vox, ha interpuesto una querella por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y acusa a la “mafia púnica” de realizar pagos íntegros a “la empresa en la que trabajó el ministro Luis de Guindos por labores que nunca realizó”. El texto pide al juez que reclame a la empresa la “relación de personas contratadas por Price Waterhouse Coopers España, directamente o a través de empresas dependientes, con vínculos familiares con miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, Administración General del Estado y/o personas vinculadas al Partido Popular“.
Marta Gil de Biedma
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también revisa las adjudicaciones de Francisco Granados en su etapa de Gobierno ante la sospecha de que la “mafia púnica” favoreció a familiares y amigos de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre las operaciones que está investigando figura la adjudicación en 2008 a la empresa de Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza Aguirre, que recibió el contrato de vigilancia y seguridad de las consejerías de Presidencia, Vicepresidencia e Interior. “Las denuncias de nepotismo salpican a Esperanza Aguirre cuyas dos primas -según la querella de UPyD- fueron contratadas en CEIM (patronal madrileña) a cambio de favores políticos. Pero además, las sombras de duda sobre la ex presidenta afectan a contratos públicos. Fuentes de la investigación analizan dos operaciones firmadas por José Luis Novales que salpican a la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre” señalan los periodistas J. Ruiz y Oscar López-Fonseca. Hay más enchufes y robos de dinero público: el periodista Manuel Rico, tras leer el “dossier Ignacio González” de 28 páginas que elaboró Granados cuando quiso sustituir al primer “lugarteniente” ante Esperanza Aguirre, los resumió en 5:
Lourdes Cavero e Ignacio González
1- Concesiones a Enrique Sánchez: “Ignacio González y su esposa [Lourdes Cavero] viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él “en metálico”, porque le “venía bien”, y añadió que nunca había adjudicado “nada” a Enrique Sánchez. “Público” desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros”.
Borja Sarasola
2- Obras en carreteras autonómicas: “Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente”.
3- Campo de golf de Chamberí: Madrid posee campos de hípica y golf públicos que cuestan una millonada al erario común para uso y disfrute de su clase dirigente, políticos, diplomáticos y periodistas. Eso ocurre con el “Club de Campo Villa de Madrid” o con el campo de golf de Chamberí, entre otros muchos. Este último fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. “La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de Ignacio González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente “la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas”.
Roca y Fidel San Román: conexiones de la “mafia púnica” con la “mafia malaya”
4-Plaza de toros de Las Ventas: “La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, “Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión“. Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió “haber pagado en distintas ocasiones a Roca”.
La policía estrecha el cerco a Enrique Cerezo y sus compinches
5- Televisiones digitales de Madrid: “La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo. Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain. Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de Ignacio González. Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano”.
Ignacio González trató de intimidar a los periodistas que denunciaban su corrupción, según el Supremo. Debe pagar por ello.
Precisamente este viernes se ha sabido que el Tribunal Supremo ha tumbado la demanda de Ignacio González contra el diario “Público” y avala dos sentencias anteriores que habían quitado la razón al número dos de Esperanza Aguirre y actual presidente de la Comunidad de Madrid. “Público” desveló la existencia de un dossier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de Ignacio González y sobre las adjudicaciones sospechosas que había realizado desde sus cargos públicos. A partir de ese dossier, y basándose en buena parte en documentos del Registro Mercantil de Madrid, este diario publicó informaciones que demostraban como decisiones de Ignacio González habían beneficiado a socios de su familia y a otras personas relacionadas con él, como su profesor de pádel. En su escrito de defensa, los demandados habían destacado que la finalidad de Ignacio González no podía ser otra que “instrumentalizar la acción de la Justicia con el fin de intentar acallar a un medio crítico como Público, que ha desvelado información veraz que resulta muy inconveniente para el hoy demandante, intimidando al medio y a los periodistas con una desmesurada demanda de todo punto improcedente”.
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