Blesa recibió un dossier sobre la corrupción de Acebes con las cárceles. Despues lo fichó Rato para Bankia.
¿Por qué Comisiones Obreras (CC.OO) no denunció nunca al banquero Miguel Blesa en Caja Madrid y Bankia? Sencillamente porque era su mejor aliado. Y porque Blesa tapó además sus “negocios” ya que la corrupción afectaba al ministro Angel Acebes, responsable de Interior y de las instituciones penitenciarias. Las cárceles estaban siendo trasladadas desde el centro de las ciudades a las periferias y la compraventa de terrenos y los equipamientos eran un jugoso botín. También los hospitales penitenciarios y los centros de inserción social estaban en el punto de mira, pues Blesa descubrió que se había pagado al menos una comisión de “un millón de euros”. Un nuevo libro de “Espía en el Congreso” titulado “Mano izquierda para las Comisiones en la Banca” revela a lo largo de 70 páginas todos los emails corporativos que los sindicalistas “Juanjo” Azcona y Rodolfo Benito intercambiaban con la cúpula del banco y desvela en su interior el “dossier SIEPSA”, informe de 10 folios que Blesa utilizó para doblegar a Azcona cuando descubrió que se había corrompido. Una historia de chantajes, traiciones, corrupción y compra de votos que termina con las tarjetas “black”, viajes exóticos por todo el mundo y la quiebra de una caja de ahorros que ha supuesto el mayor agujero de la economía española y que aún no tiene culpables, solo el juez que la investigó. Junto al sindicalista “Juanjo” Azcona (CC.OO), Blesa descubrió (pero no denunció) a los empresarios Juan Manuel Betés de Toro, apodado “Betés” (Abra Industrial, Agruminsa, Parque Empresarial del Principado de Asturias, Bodyform Descanso, Comercial Dormilón Descanso) y Antonio José Blasco Núñez, alias “Blasco” (Ferrovial Sociedad Inmobiliaria, Don Piso, Barroso Navas, Compañía, Mairena Desarrollo Inmobiliario, Vislar).
“En la declaración del 127 a la Caja que le preparé yo, declara la sociedad estatal. En esta declaración posterior que hace él no la declara, con el agravante que es a Realia, sociedad en la que realmente puede haber incompatibilidad… pero si hacemos algo hagámoslo bien de una vez”. Y añade: “Ahí te va el papel. No te adjunto la documentación acreditativa porque, entiendo, no es necesaria para tu lectura pero la tengo toda. Creo que cualquier periodista podrá sacar buena tajada o, un tercero, provocar un conflicto de intereses con sanción administrativa en cualquiera de las sociedades de las que son Consejeros Azcona o Blasco. Verás que hablo de los dos, porque son ambos casos muy claros en la misma SIEPSA y así se despersonaliza un poco el tema. Sobre el tema Betés, mis amigos de INFOINVEST estarían encantados de que le dieran una “guarra administrativa (sic)”. Misión cumplida. Ya me dirás”.
Blesa pidió un informe de Azcona (CCOO) para su cita con Mariano Rajoy. Existe un email que lo acredita.
Este “dossier SIEPSA” que leyó Blesa (en alusión a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipos Penitenciarios, S.A.) “es paradigmática de lo que se viene denunciando”. El directivo Enrique de la Torre le dice a Blesa, en un email con “prioridad alta” que “tenemos pendiente de hablar el tema Consejeros Rumanía, Paco Baquero, Cuotas Participativas y si esta tarde tienes un momento, con Mariano del escrito sobre Siepsa”, a lo que el banquero responde: “lo vemos después de la Comisión Ejecutiva”. Pero Blesa quería “salvar” a Juanjo Azcona porque le era útil para sus desmanes y “sus cálculos” eran “muy atinados, excepto en el global de la Asamblea: él da al PP 142 votos y nosotros unos 185, es verdad que contando con independientes y cuadros. ¿Quieres que le llame y se lo comente?”, le pregunta De la Torre a Blesa. Y el banquero responde: “Pues creo que sí. Yo tendré reunión con el Alcalde [Gallardón] y puede que con Rajoy y quiero ir informado”. La urgencia y confidencialidad de los emails estaba acreditada y saltan las alarmas en el banco: en la corrupción han “cazado” a tres personas: el sindicalista “Juanjo” Azcona (CC.OO) y los empresarios Juan Manuel Betés de Toro (“Betés”) y Antonio José Blasco Núñez (“Blasco”).
“Es sobradamente conocido el descarado interés de ciertos políticos y organizaciones, cuando tienen acceso a puestos de poder político, por ocupar cargos en aquellas entidades y órganos que gestionan obras públicas y proyectos inmobiliarios, detrás de los cuales hay siempre grandes presupuestos y suculentas comisiones. Se trata casi siempre de políticos avezados, con años de experiencia y buen conocimiento de las debilidades de las organizaciones y procedimientos administrativos, sobre todo para la utilización, cada vez mas frecuente, de instrumentos de gestión societaria, híbridos entre lo público y lo privado, que pretenden por ello escapar a los controles de ambos tipos de ordenamientos, administrativo y mercantil”, dice el dossier.
“Existen para ello variadas fórmulas –sociedades mixtas, concesiones, agencias…—, pero nos referimos ahora a las llamadas Sociedades Estatales (junto con sus congéneres Autonómicas y Municipales), que tuvieron su origen en las Empresas Nacionales del franquismo que escapaban a todo control financiero, de actividad, etc”, indica el “dossier SIEPSA”, la carta guardada que Blesa tenía en la manga sobre CC.OO y su consejero “Juanjo” Azcona y que ahora la cúpula del sindicato que dirige Fernández Toxo se resiste a depurar radicalmente en toda su extensión.
“Se pretende con ello, en unos casos escapar de los rígidos procedimientos y controles a que están sometidos las Entidades de Derecho público; en otros se intenta que la deuda o las ayudas estatales no se contabilicen como tales… Sin entrar ahora a discutir la legitimidad de la utilización de estas formas mercantiles privadas, lo que hay que denunciar es cuando las mismas sirven para ocultar actividades de enriquecimiento torticero, conflictos de interés o incumplimientos fraudulentos de las normas aplicables a la actividad Administraciones Públicas y al Gobierno Corporativo de las Sociedades Mercantiles”, añade el “dossier”. Blesa guardó el informe en un cajón porque afectaba a Acebes (PP) y Azcona (CC.OO), como veremos a continuación:
“SIEPSA fue creada por el Gobierno de Felipe González tras acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1992 para la ejecución del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios aprobado por otro acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991″, dice el dossier. Estaba prevista su actividad para 8 años, pero era tan lucrativa que la continuó el Gobierno de Aznar y posteriormente la han seguido los de Zapatero y Rajoy. Y es que el “pastel” de terrenos y equipamientos era suculento:
La prensa recogió el interés de Acebes por construir más cárceles: 250 millones de euros de “inversión”
“De acuerdo con el anterior objeto social, SIEPSA ha adquirido terrenos y construido edificios penitenciarios en Valdemoro, Navalcarnero, Villabona (Asturias), Picassent (Valencia), Melilla, Soto del Real, Tobas (Salamanca), Huelva, Albolote (Granada), Dueñas (Valencia), Teixeiro (A Coruña), Al Ama (Pontevedra), Aranjuez, Mallorca, León, Córdoba, Alcázares (Segovia), Zaragoza, Villena (Alicante); ha ejecutado obras de adecuación y equipamiento de unidades hospitalarias de acceso restringido en 23 hospitales a lo largo de todo el territorio nacional; y ha construido más de 24 Centros de Inserción Social en Málaga, Alicante, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Las Palmas, León, Zaragoza, Cáceres, A Coruña, Huelva, Jerez, Vigo, Ceuta, Ciudad Real, Guadalajara, Huesca, Menorca, Salamanca, Santander, Toledo y Zamora. Según publicó ABC el 27 de marzo de 2005, el 28 de julio de 2003, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció la construcción de nuevos Centros Penitenciarios en Puerto de Santamaría, Málaga, Cádiz, Morón de la Frontera (Sevilla), Albocasser (Castellón) y Estremera (Madrid), pero en la actualidad se encuentran todavía en fase primaria de adquisición y expropiación de terrenos en busca de edificios para reconvertirlos en cárceles”, señala el “dossier”.
“En efecto en el Consejo de Administración de SIEPSA, de acuerdo con datos del Registro Mercantil Central a la fecha, aparecen, junto a funcionarios de la Administración Penitenciaria o de Patrimonio del Estado, dos Consejeros “externos” que, junto con el actual Director General, gobiernan SIEPSA contraviniendo todas las normas y principios de moralidad, lealtad y Gobierno Corporativo. El primero es Juan Manuel Betés de Toro, que de acuerdo con el propio Registro Mercantil, es a la vez Consejero de otras Sociedades Mercantiles Administrativas tales como Abra Industrial, Agruminsa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias y otras Sociedades privadas tales como Bodyform Descanso, Comercial Dormilón Descanso… Pues bien, el Sr. Betés fue antes Presidente de INFOINVEST, sociedad “cajón de sastre” del antiguo INI, que dedica hoy su actividad a la gestión y liquidación de los terrenos de SEPI sobrantes de la privatizaciones siderúrgica, astilleros…”
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