“Prohibir que los expresidentes y exministros puedan formar parte delconsejo de administración de empresas vinculadas a sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía…)”. Con esta promesa por bandera incluida en su programa electoral, el flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prometió “poner fin a las puertas giratorias” entre la política y el sector privado porque “no puede ser que un expresidente del Gobierno forme parte de empresas de sectores estratégicos“. Sánchez recordó que esta presencia en compañías privadas “puede ser legal”, pero la política “tiene que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo“. Sin embargo, al preguntarle si trasladaría este mensaje a Felipe González, miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, Pedro Sánchez titubeó: “le diría a los expresidentes del Gobierno futuros que se acabaron las puertas giratorias“. Y aunque Felipe González anunció su salida del consejo y luego no la llevó a cabo, Sánchez le echó un capote: es “injusto” lo que “se está haciendo” con el expresidente socialista, que ha sido “un gran dirigente” que “ha hecho muchas cosas” por España, y para el que pide “un poco de respeto”. Para cumplir su promesa, el nuevo secretario general del PSOE tendría que conminar al propio Felipe González y a 20 de sus ex ministros y altos cargos a elegir: o militar en el PSOE o cobrar de los consejos de administración de empresas reguladas por el Estado. Su discurso de “democracia radical” pasaba también por exigir la renuncia de sus 110 diputados y 71 senadores al privilegio del “aforamiento” judicial, pues ante la corrupción generalizada, defendía la necesidad de “reaccionar con contundencia” y garantizaba que, si era elegido secretario general, no le iba a “temblar la mano en echar a ningún corrupto del PSOE“. La lista de los ex políticos socialistas que tendrían que abandonar el PSOE –en Ferraz se duda mucho de que elijan militar en un partido declinante antes que los jugosos emolumentos de un consejo de administración– alcanza a 21 políticos y son los siguientes:
Felipe González: con el casi unánime rechazo ciudadano a las “puertas giratorias” de la política, prometió dejar su cargo en Gas Natural porque “es muy aburrido“. Sin embargo, era otro de sus célebres “requiebros” dialécticos: no llegó a consumar su dimisión en la última asamblea de la empresa energética, por lo que el antiguo abogado laboralista sigue ejerciendo como experto en energía. De joven ya hizo lo mismo: llegó a anunciar que defendería a Nazario Aguado (PTE) y años después prometió hacerlo también con Barionuevo y Vera (GAL) pero no llegó a ejercer sus defensas ante un tribunal. En el caso de la gasística española, poderosas razones retrasan su abandono del cargo, si es que finalmente se consuma de motu propio o por sugerencia de Pedro Sánchez: Felipe González, además de su sueldo público vitalicio, ha cobrado más de 421.000 euros por asistir a 40 reuniones a lo largo de algo más de tres años, a razón de 126.500 euros anuales, una cantidad que, tarde o temprano, tendrá que devolver.
Narcís Serra: el ex vicepresidente y ministro de Defensa fue socio de Miquel Roca (CiU) y antes de ejercer como monárquicos, ya en el franquismo defendían los intereses de los grandes propietarios que pretendían urbanizar salvajemente los terrenos costeros de la capital frente a la propuesta de la Escola d’Arquitectura de Barcelona. Fue el ministro que cambió el célebre “OTAN, de entrada, no” al más práctico “OTAN, de salida, tampoco”. Dimitió por el escándalo de las escuchas del CESID cuando se descubrió que espiaba a dirigentes políticos rivales y amigos, incluido Juan Carlos de Borbón. En cuanto dejó su acta de diputado, comenzó una carrera fulgurante como banquero y consejero: en 2005 fue nombrado presidente de Caixa Catalunya y antes de la fusión con las cajas de Manresa y Tarragona se subió el sueldo, a pesar de encontrarse en quiebra, teniendo que ser rescatada con una abultada cifra de dinero público. Serra se incoporó a los consejos de administración de Gas Natural, Applus y Telefónica, además de estar presente en los consejos de administración de tres filiales:Telefónica Internacional, Telefónica Chile y Telecomunicaciones de Sao Paulo y ser vicepresidente de Volja Plus. Serra recibía al año 470.000 euros y el tripartito del todavía senador Josep Montilla, conocido en Madrid como “Pepe” (PSOE, IU, ERC) aprobó en 2008 un decreto que permitía al exvicepresidente estar presente en hasta ocho consejos de administración remunerados, una conducta prohibida hasta ese momento en sus años de director de la intervenida Caixa Catalunya. Se conocen los sueldos que tendrá que devolver: 236.808 euros en 2007; 260.440 en 2008; 260.380 en 2009 y 246.393 en 2010. El periodista Félix Martínez ha estimado en 1,2 millones de euros la cantidad total succionada del erario público. En septiembre de 2013 la fiscalía Anticorrupción de Barcelona denunció y pidió su imputación junto a la del exdirector general Adolf Todó. Actualmente imparte clases de “seguridad internacional” en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) del cual es también el presidente.
Manuel Marín González: expresidente del Congreso de los Diputados (2004-2008). Es presidente de la Fundación Iberdrola.
Pedro Solbes Mira: ministro de Agricultura, de Economía y vicepresidente del Gobierno entre 2004 y 2009. Consejero de Enel (compañía propietaria de Endesa) desde abril de 2011.
Elena Salgado Méndez: exministra de Sanidad, de Economía y Hacienda y vicepresidenta entre 2004 y 2011. Consejera de Chilectra, filial de Enersis que, a su vez, es filial de Endesa.
Nicolás Redondo Terreros: un caso habitual en el PSOE: hijo y nieto de intachables e históricos dirigentes socialistas, se afilió a las Juventudes y desde ese momento ocupó escaños, coches oficiales y cargos públicos. Aunque es licenciado en Derecho, nunca ha trabajado pero tras dejar la política ha sido consejero de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y antes había sido consejero de Cementos Alfa, aunque en su curriculum no figuran conocimientos sobre obra pública o cemento, lo que hace intuir que sus “valores” son otros.
José Borrell: el ex ministro de Obras Públicas y paladín de la honradez y la moral en el PSOE (dimitió por los chanchullos fiscales de uno de sus colaboradores) se ha revelado en su jubilación como experto en “puertas giratorias”: además de propietario de una pensión pública mediante SICAV en Luxemburgo, que defiende ardorosamente, es consejero de Abengoa, empresa que obviamente contrata obra pública. Se jubiló en la universidad, donde era catedrático, cuando se enteró que debía impartir 6 horas semanales de clase, circunstancia que ahora afecta a Rubalcaba, quien no puede jubilarse anticipadamente y le causa terror volver a las aulas sin escolta, según fuentes universitarias, para lo cual ha pedido un cargo administrativo en la Universidad Complutense o que le computen sus años de cargo político como méritos “académicos” y así poder pasar la ANECA, trampa que ha sonrojado a las autoridades universitarias.
Guillermo de la Dehesa: el caso del ex secretario de Estado de Economía es de una “puerta giratoria” de libro: pasó de funcionario técnico comercial y economista del Estado a alto cargo político y en cuanto lo abandonó (1988) se hizo rico: en esa fecha, inicia su trayectoria en el sector privado regulado estatalmente, trabajando como consejero delegado del Banco Pastor (Banca) y presidente de Gas Madrid (Energía) y consejero de Ibersuizas (Capital Riesgo), Unión Fenosa (Energía) y Telepizza (Alimentación). Hoy es asesor internacional de Goldman Sachs (Banca), consejero del Banco Santander y consejero de Amadeus IT Holdings (Tecnología y Transporte). Colaborador de El País (Grupo Prisa), extiende su actividad comercial en organismos públicos o participados desde la presidencia del Patronato del Museo Reina Sofía, Patronato del Museo del Prado y del Círculo de Bellas Artes.
Luis Atienza: el ex ministro de Agricultura y ex secretario general de Energía se hizo rico tras dejar la política: de modesto profesor de Económicas en Deusto pasó a miembro de los Consejos de Administración del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), de la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) y del Ente Vasco de la Energía (EVE). Además fue Presidente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), del Instituto Tecnológico Geominero de España y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Desde 1996 hasta 2004 ha trabajado como consultor en asuntos energéticos y ha sido presidente de la Fundación Doñana 21. Fue Presidente de Red Eléctrica de España (REE) y desde 2007 es consejero de Redes Eléctricas Nacionais (REN)
Angeles Amador: la ex ministra de Sanidad y secretaria técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y subsecretaria del Ministerio de Sanidad nombrada por Griñán es miembro del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España.
Luis Carlos Croissier: ex ministro de Industria y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este modesto profesor de Economía y funcionario antes de ocupar cargos políticos logró hacerse miembro de varios consejos de administración de empresas cotizadas: Adolfo Domínguez, Jazztel, Testa y Repsol.
Braulio Medel: el viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se hizo banquero de la noche a la mañana: sus compañeros de partido lo auparon a la presidencia de Unicaja, entidad financiera que cuenta con el 1,5% del capital de Iberdrola. También es presidente del Consejo Consultivo de Iberdrola en Andalucía desde su creación. Y es que en lugar de regresar a su plácida y bien remunerada cátedra, Medel prefirió hacerse millonario más rápidamente con sus consejos de administración: Ahorro Corporación (donde dimitió con polémica) Iberdrola, Acerinox, todas sociedades cotizadas. Medel es también consejero de Caser.
Javier de Paz: ex líder de las Juventudes Socialistas, este diplomado en Información y Publicidad, con estudios de Derecho (eufemismo con el que los políticos ocultan que no terminaron la carrera), es consejero de Telefónica, y además se sienta en el órgano de dirección de Telefónica Argentina SA y Telefónica Brasil SA. Donde ya no está es en Telefónica Internacional, donde fue cesado junto a Iñaki Urdargarin. También era miembro del Consejo de Administración de Atento, el call center de Telefónica, donde De Paz recibió cada año 395.000 euros de salario fijo más otros 120.000 de sueldo variable, según el folleto de su frustrada salida a bolsa. Un dinero que le será complicado devolver, ya que lo gastó a manos llenas: fue muy comentado en la “prensa rosa” de Madrid la “puesta de largo” de su hija cuando cumplió 18 años, acto social que rompió un tabú, ya que hasta entonces estaba reservado a la muy alta burguesía, aristocracia y realeza de la Villa y Corte.
Manuel Amigo: licenciado en Derecho y funcionario de Educación en la Junta de Extremadura, su meteórico reciclaje al ámbito empresarial sorprendió a propios y extraños: de consejero de Presidencia y de Economía pasó a la actividad privada como presidente de la Corporación Empresarial de Extremadura, participada desde el sector público, cargo que no tenía sueldo pero que él inauguró declarándolo “secreto”. Después le hicieron consejero de Iberdrola Renovables gracias a la mediación de Íñigo de Oriol e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, junto con el apoyo de los expresidentes Rodríguez Ibarra (del que fue secretario) yFernández Vara.
Arantxa Mendizábal: diputada durante ¡6 legislaturas! (la limitación a 2 mandatos que impera en la mayor parte del resto del mundo avanzado se toma a risa entre los miembros de la casta española) ha tenido además premio: en lugar de regresar a su cátedra en el País Vasco, fue nombrada consejera de Red Eléctrica Española a instancias de su compañero de partido, Luis Atienza. Cuando dejó el escaño, su lugar lo ocupó Begoña Gil, concejala del Ayuntamiento de Bilbao y, además, esposa de Patxi López, líder de los socialistas vascos. Casualidades del destino.
Ramón Pérez Simarro: socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi, este exdirector general y exsecretario de Estado de Energía es ahora consejero de Enagás.
Fabrizio Hernández Pampaloni: secretario de Estado de Energía con Zapatero. Llegó a la Administración desde la consultora especializada en energía Nera Consulting. La abogacía del Estado llegó a recurrir un informe elaborado por la consultora en la que trabajó. Y es que Hernández Pampaloni ha estado vinculado a varias empresas eléctricas y fue designado perito de Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y 50% Endesa), compañía propietaria de la central nuclear de Garoña, en el pleito planteado ante la Audiencia Nacional por esta empresa contra el Ministerio de Industria en relación con la Orden Ministerial que ordenaba el cierre definitivo de esta central en el 2013.
Javier Gómez Navarro: ministro de Comercio y Turismo. Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, presidente de la empresa Aldeasa, consejero de Iberia y patrono del Teatro Real tras dejar la política. En su curriculum figura que “estudió Ingeniería Química Industrial”, pero no constan títulos ni doctorados, solo su pasado como editor de revistas y libros. Tras dejar la política, Gómez-Navarro se hizo presidente y consejero delegado de MBD Gestión y Desarrollo de Negocios, consultora especializada en operaciones corporativas y asesoría estratégica. Según su propia web, la agencia cuenta con clientes como Aena o Aldeasa, además de otras empresas relacionadas con los sectores turístico, financiero o inmobiliario, justamente los sectores en los que trabajó como alto cargo público. De hecho, fue nombrado presidente director de Viajes Marsans S.A. tras ser adjudicada por el Consejo de Ministros a la empresa privada Trapsatur, que confirmó a Gómez-Navarro como presidente y director general, cargo que ocupó hasta que fue nombrado secretario de Estado para el Deporte en 1987. Denunciado por la quiebra de la empresa turística Quail Travel Group, Javier Gómez-Navarro, percibía medio millón de euros anuales en Aldeasa. En los otros consejos de administración sus sueldos eran: Iberia (110.000 euros), Isolux Corsán (60.000) y Técnicas Reunidas (79.200). Dice que ya no está afiliado al PSOE y que solo es “simpatizante”.
José Barreiro Seoane: según el periodistaSantiago Hernández, este ingeniero agrónomo y funcionario del Ministerio de Agricultura fue nombrado miembro del Consejo de Administración y de la comisión ejecutiva de Ebro Puleva, la primer empresa alimentaria española. Barreiro entró “impulsado” desde Agricultura, ministerio del que fue secretario general en las etapas de Pedro Solbes y Luis Atienza como ministros.
Miguel Boyer: el ministro de Economía que expropió Rumasa al empresario Ruiz Mateos dejó la política y emprendió una nueva vida como millonario: se casó con Isabel Preysler, de profesión “portadista” de la prensa rosa, y desempeñó cargos directivos en distintas empresas: presidente del Banco Exterior de España en 1985, presidente de Cartera Central y vicepresidente de FCC Construcción, del Grupo de Fomento y Construcciones y Contratas (FCC). En 1999 fue nombrado presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Un ictus cerebral frenó su imparable carrera como directivo.
Joan Majó: exministro de Industria. Consejero de Endesa desde septiembre de 2011, fue el primer caso de incompatibilidad que saltó a la luz pública. Durante seis meses compatibilizó su pertenencia al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados con la presidencia de la empresa Hispano-Olivetti y con un puesto en el consejo de administración de la firma CESELSA.Joan Majó ocultó estos lucrativos empleos a la comisión parlamentaria, en una flagrante violación de la ley electoral. El escándalo que provocó la publicación de estos hechos por el semanario El Globo obligó al ex ministro socialista a dimitir como diputado
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