Poco a poco se va descubriendo la trama y la trampa que una parte del “aparato” judicial que le juzga quiso tenderle al magistrado Elpidio Silva: la jueza María Tardón, que fue teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea de Caja Madrid, otorgó un contrato a “Special Events”, la empresa del “capo” de la mafia Gürtel, Francisco Correa, actualmente libre. Recibió además durante 2 años una dieta de 1.350 euros brutos por reunión “más el regalo, que es importante”, según el secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, mano derecha del banquero Miguel Blesa. El texto figura en un email corporativo que el juez Arturo Beltrán no quiso incorporar al sumario y del “regalo, que es muy importante” nada se sabe pero hay pistas: un DVD grabador fue lo que regaló Rato cuando sustituyó a Blesa. Y una cámara de fotos digital, una memoria externa o un libro de pintura flamenca en el XVI son las dádivas de otras cajas de ahorro a los asambleístas para que les controlen lo menos posible. “Hay muchos que acuden tan solo para coger el sobre y el regalo”, le reconocía al periodista Miguel Moreno Mendieta (“Cinco Días”) un consejero de una caja castellanoleonesa, que añadía: “En cuanto tienen el dinero, se van a gastarlo a El Corte Inglés“.
A María Tardón le gusta el alcohol (está suscrita a la revista “Vinos y Restaurantes“) y cambia a menudo de “look”, peinado y color de pelo pero su estilo de ropa es más bien vulgar, según sus compañeros de toga. De hecho en su facebook dice que le gusta “ponerse el abrigo encima del pijama para bajar un momento a la calle”. Tendencias estéticas aparte, Tardón aseguró en la vista oral que nunca había tenido que ver ni “directa ni indirectamente” con el banquero Miguel Blesa, pero aprobó las cuentas anuales de Blesa en Caja Madrid, su informe de gestión y de su grupo consolidado, la gestión de su Consejo de Administración, la aplicación del resultado, la gestión y liquidación de su presupuesto, su informe sobre cuentas y actividades de la Fundación Caja Madrid, y lo que es más grave: la “emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos”, que fueron conocidos tiempo después con el nombre de “preferentes”, según los órdenes del día de las Asambleas de 2003 y 2004 a las que ha tenido acceso este blog.
María Tardón era jueza en La Carolina (Jaén), pero decidió utilizar la Justicia para hacer carrera política. Dejó la toga y se enroló en las filas del Partido Popular. El entonces alcalde, José María Alvarez del Manzano, la metió a dedo como concejala (en España los ediles los nombran los “aparatos” de los partidos, no los ciudadanos por distritos). Estuvo cuatro años (1999-2003) y comprobó que, aunque partidos y sindicatos están escandalosamente subvencionados por el erario público, el dinero sin control abundaba aún más en otra parte: las cajas de ahorro. Y sorprende que, hasta el momento, la hoy jueza no haya justificado su baja en el PP. ¿Seguirá desgravando las cuotas que le cobra el PP para pagar menos impuestos de renta? ¿Logrará borrar de internet su colaboración con la FAES de Aznar?
Entrar en política le supuso familarizarse con las tramas de corrupción y María Tardón hizo méritos desde bien temprano y a los dos años años de concejala tomó contacto con la trama Gürtel. La jueza adjudicó en agosto de 2001 un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa “Special Events”, presidida por Pablo Crespo, alto cargo del PP gallego que organizaba actos electorales para este partido desde 1999. “Special Events” pertenece a diversas firmas accionistas radicadas en paraísos fiscales del Caribe y la UDEF la víncula ahora al capo de esta mafia, Francisco Correa.
Aunque el diario “El País” ahora oculta la noticia, el 25 de mayo de 2005 publicó la siguiente información: “El 9 de agosto de 2001, la entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, María Tardón, adjudicó a “Special Events SL”, el contrato para realizar una campaña destinada a “informar, difundir y concienciar al ciudadano sobre el Día sin Coches”, según figura en el boletín del Ayuntamiento de Madrid del 27 de septiembre de ese año.
A cambio de organizar esa campaña, la empresa recibió 44,5 millones de pesetas (267.450 euros). “Special Events” está presidida por Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente del PP gallego Xosé Cuiña -que fue mano derecha de Manuel Fraga durante 12 años hasta que dimitió en 2003 tras conocerse que una empresa de su familia vendía material para limpiar de las playas el chapapote del Prestige-. También han trabajado en la empresa Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar durante ocho años, y Francisco Correa, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Según informó la cadena SER hace una semana y sostiene el PSOE, el accionista mayoritario de “Special Events” es la sociedad “Windrate Limited”, con sede en Londres, que a su vez pertenece a otras sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en la isla de las Nieves, considerados paraísos fiscales”.
La SER reveló que “Special Events” ha contratado con diversas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Galicia. “Quien sí contrató con ella fue el Ayuntamiento de la capital, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano. “El País” contactó anoche con la ex edil María Tardón -que actualmente ha reingresado en la judicatura en la Audiencia de Madrid- para conocer los detalles de esa adjudicación a “Special Events”. Tardón aseguró que no recordaba nada del asunto, aunque dijo que está “segura” de que en la operación no hubo ninguna irregularidad”. Las mismas palabras que pronunció en el juicio contra el magistrado Elpidio Silva.
Los servicios prestados por “Special Events” al PP durante las campañas electorales están recogidos en los informes de los distintos Tribunales de Cuentas autonómicos, aunque éstos sólo conocen las cantidades que cobró la empresa a cambio de sus prestaciones, pero no el tipo concreto de servicios que prestó, porque nunca los ha comunicado. Así, según la Sindicatura de Cuentas valenciana, “Special Events” cobró 60.000 euros por servicios indeterminados al PP durante la campaña de las elecciones autonómicas valencianas de 1999, y 140.000 euros en los siguientes comicios, los de mayo de 2003. Además, otra empresa, dirigida por Crespo, “Rialgreen”, percibió ese año 82.000 euros del PP por unos servicios de los que tampoco aporta documentación. También en la campaña de las elecciones autonómicas madrileñas del 25 de mayo de 2003 aparece “Rialgreen” como proveedor electoral del PP, que le pagó 48.080 euros, según la Cámara de Cuentas madrileña. Y en los comicios al Parlamento andaluz de 2004, “Rialgreen” es el principal organizador de actos de los populares, labor por la que recibe 520.491 euros del partido.
El Ayuntamiento de Madrid no es el único que ha adjudicado contratos a “Special Events”, decía “El País”. En junio de 2001, el gobierno de Majadahonda, presidido por Guillermo Ortega, alias “Willy”, al que se le encontraron cuentas en Suiza y un surtido de millonarios relojes de lujo que coleccionaba, encargó a esa empresa la elaboración de un vídeo promocional, por el que le pagó 57.081 euros. Y en diciembre de 2002 adjudicó por 612.551 euros a “Technology Consulting Management” -que comparte administradores con “Special Events”- la creación de una oficina de atención al ciudadano. Luego se supo que en realidad “Special Events” era otra empresa del propio capo Francisco Correa, que usaba como pantalla a Crespo.
El 25 mayo de 2003, María Tardón ya no es candidata en las elecciones municipales y el 14 junio de 2003 cesa como teniente de alcalde. Como reconocimiento a los servicios prestados en Atención Social, Policía y Movilidad (persiguió a las prostitutas en la calle y sublevó a los policías municipales con sus arbitrarias decisiones), la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, le otorga el 11 de julio la Gran Cruz al Mérito Civil. ¿Por qué ese premio? Ese es el mérito y valor que las élites de la partitocracia española conceden a las condecoraciones que los políticos se autoimponen y que sonrojan a la sociedad civil.
El 29 de septiembre de 2003, María Tardón se incorpora como miembro de la Asamblea General a Caja Madrid a propuesta del Partido Popular. Participa en las asambleas generales ordinarias de 2004 y 2005 (dos al año). El 23 febrero de 2004 aprueba con su voto cuentas, presupuestos, actividades y la “emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos”, lo que con el tiempo se conocería con el nombre de “preferentes”, que esquilmaron los ahorros de miles de pensionistas y jubilados. Tras nueve meses sin ingresos conocidos, la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre la nombra a dedo el 10 marzo de 2004 miembro del Observatorio sobre Violencia de Género, otro de los múltiples órganos autonómicos con que estos políticos otorgan sueldos públicos millonarios. El 7 marzo de 2005 vuelve a formar parte de la Asamblea general de Caja Madrid y un mes después, en abril de 2005, se reincorpora a su puesto como jueza. Y desde el juzgado continúa haciendo política: en 2013 forma parte de los 53 jueces candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No consiguió la plaza porque los pactos PP-PSOE-IU la dejaron fuera. Ahora intenta hacer méritos para intentar un nuevo abordaje.
El periódico “Mercado Dinero” afirma que Enrique de la Torre, secretario general de Caja Madrid en la época de Blesa, le decía a su sucesor en un correo que figura en la causa: “por lo que se refiere a los Consejeros Generales, miembros de la Asamblea pero no pertenecientes al Consejo ni a la Comisión de Control, cobran una dieta de 1.350 euros brutos por reunión (más el regalo, que es importante). Buena parte de ellos, además, son seleccionados por las diferentes “sensibilidades” para cubrir vocalías en participadas de la Corporación según el cupo, cada una conforme al porcentaje de su representación en la Asamblea General (aunque no tienen por que ser Consejeros Generales). En estas participadas (Pensiones, Gesmadrid, Tasamadrid,…..) la dieta es de 1.803,04 euros al mes, salvo agosto. Cada vez que se produce una vacante, el Secretario General pide su sustitución directamente al líder de la sensibilidad correspondiente (comentando al Presidente los casos singulares)”. “Mercado Dinero” afirma que María Tardón aprobó “la emisión de preferentes, que se hizo cuando ella era miembro de la Asamblea”.
Para evidenciar el conflicto de intereses de María Tardón, esta revista económica recuerda el articulo 219 13.ª de la ley orgánica del Poder Judicial: “será motivo de abstención o en su caso de recusación: haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”. Otro email del secretario general de Blesa en Caja Madrid, Enrique de la Torre, menciona a las empresas de Gürtel a las que María Tardón daba contratos: “tienes que estar avizor. De las dos facturas que enviaron del PP de Madrid para su abono por la Caja, vía Engracia, en las anteriores elecciones de 2006, una es de una sociedad que aparece en la prensa estos días. Yo tengo los papeles bien guardados, pero no respondo ya del entorno”.
Fuente:Espía en el Congreso
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