jueves, 24 de abril de 2014

Izquierda Unida quiere hacer con una Catedral lo mismo que Gordillo con los supermercados


Tras justificar a Gordillo, acusa a la Iglesia de robar por inscribir su propiedad

 

  
Ayer un senador de Izquierda Unida hizo gala de su ignorancia en materia legal equiparando la inmatriculación de propiedades eclesiales en el Registro de la Propiedad, conforme a la ley, con un “robo”, es decir, con usurpar una propiedad ajena con violencia o intimidación, según la definición del Código Penal. El colmo es que IU recurre a eso para justificar el asalto izquierdista contra la Catedral de Córdoba, propiedad de la Iglesia Católica desde el siglo XIII.
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Si uno de IU asalta dos supermercados es un ‘acto simbólico’
En agosto de 2012 el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, miembro de IU, participó en el asalto a dos supermercados en Andalucía, llevándose sin pagar varios carros llenos de productos de alimentación. El diputado de IU Gaspar Llamazares defendió a los asaltantes alegando que dicha acción ilegal no fue un robo, sino un “acto simbólico”. Es decir, que si la Iglesia inscribe en el registro y conforme a la ley una Catedral que es de su propiedad desde el siglo XIII, según IU está robando. Pero si un alcalde de IU y sus amiguetes asaltan dos supermercados y se llevan varios carros llenos de comida sin pagarlos, entonces no estamos ante un robo. Y los nostálgicos del la era soviética se quedan tan anchos.
IU defiende una ley franquista y abiertamente inconstitucional
Pero lo mas hilarante de la intervención de ayer del citado senador -José Manuel Mariscal, se llama el lumbreras- es que dijo que las leyes en las que se basa dicha inmatriculación de la Catedral son “son claramente franquistas”. Lo divertido es que lo dijo después de criticar que el gobierno de Aznar cambiase la normativa franquista y abiertamente inconstitucional que impedía a la Iglesia Católica registrar sus propiedades, impedimento que hasta esa reforma no tenían las demás confesiones religiosas en España. El decreto por el que se aprobó una nueva redacción de la Ley Hipotecaria es de 1946. El reglamento de esta nueva redacción de la ley se aprobó al año siguiente y en su Artículo 5º establecía la imposibilidad de registrar los “templos destinados al culto católico”. Este veto a la Iglesia para impedirle registrar sus propiedades se mantuvo hasta el Real Decreto 1867/1998. Según el senador de IU, esta reforma “empeoró” la legislación franquista porque “permitió la inmatriculación de los espacios de culto”. Es decir, que el senador Mariscal critica que el gobierno de Aznar cambiase una ley franquista que discriminaba a la Iglesia Católica. ¿Y aún tiene la cara de hablar de leyes franquistas?
Cree que la tasa por inscribir una propiedad es el valor de esa propiedad
Pero por si fuese poco, el senador de IU dijo ayer en la Cámara Alta: “30 euros cuesta hacerse con la propiedad de la joya arquitectónica del mundo”. Esta burrada la soltó justo después de reconocer él mismo que la Iglesia había inscrito la Catedral de Córdoba “pagando tan sólo cerca de 30 euros en tasas”. Es decir, que para este senador pagar la tasa correspondiente por inscribir algo que es de tu propiedad es lo mismo que pagar por adquirir esa propiedad. La monda. En consecuencia, ¿este tipo pensará que cuando matriculas un coche, el precio del coche es lo que pagas al Estado por matricularlo? Sinceramente, me pregunto cómo puede este individuo estar votando las leyes cuando demuestra desconocer la legislación española sobre la propiedad. Será por eso que su partido tiene la tremenda cara de acusar de un “robo” a la Iglesia por inscribir lo que es suyo desde hace siglos, mientras la coalición comunista reclama lo que sí es una usurpación ilegal en toda regla: el grosero intento de la Junta de Andalucía de arrebatarle la Catedral a la Iglesia. Con un poder político como éste, que abusa de su poder como en una dictadura, haciendo con las propiedades ajenas lo que le viene en gana, no es de extrañar que Andalucía se haya convertido en el escaparate europeo de la corrupción política.
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