Políticos bajo sospecha
'Pagué 70.000 euros a Izquierda Unida en una caja de zapatos antes de las elecciones'
Confesión secreta a la juez Alaya del administrador de Fitonovo
Su empresa pagó 700.000 euros en 'mordidas' que repartió entre funcionarios y cargos
La mayor parte del dinero fue para la coalición PSOE-IU del consistorio hispalense
También entregó 'dinero B' al PP en otros ayuntamientos
José Antonio González es conducido a los juzgados de Sevilla para declarar ante Alaya.
«Cierta persona de Izquierda Unida» recogió antes de las elecciones municipales de 2011 una caja de zapatos que contenía una mordida de 70.000 euros. La identidad del destinatario es de momento una incógnita, pero no así la de la persona que entregó la comisión: José Antonio González Baro, administrador único de Fitonovo, una empresa mimada por el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del Gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011).
EL MUNDO ha tenido acceso al contenido de la declaración de González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja.
La confesión ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ayuda a comprender por qué Fitonovo se convirtió en poco tiempo en un contratista estrella de distintas administraciones públicas: la empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.
Cuando compareció ante Alaya, su hijo admitió haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, uno de los principales clientes de Fitonovo, y, al igual que el hijo del empresario, ha estado tres meses en prisión provisional por estos hechos.
Entre los presuntos receptores de sobornos identificados por el empresario están, además de este jefe de servicio, el responsable de conservación del Parque de María Luisa de Sevilla, Francisco Huertas, y el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla -institución gobernada en mayoría absoluta por el PSOE-, Carlos Podio, a quien el empresario calificó como «una persona de alta esfera».
'300 o 500 euros' en Viagra
Presuntamente, el contratista sobornó a IU, a la que abonó 70.000 euros en vísperas electorales; gastó 16.000 euros en cambiar las ventanas a la vivienda de un funcionario del Ayuntamiento hispalense al que tenía además a sueldo; costeó el gasto telefónico de otro empleado municipal al que también pagaba una nómina fija, y hasta costeó con «300 o 500 euros» la Viagra a un directivo de la empresa pública Adif en Zaragoza.
A esos 700.000 euros que admitió haber repartido González Baro habría que sumar otros presuntos pagos en especie a cargos públicos detectados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como coches, ordenadores o unas obras en la sede de la agrupación socialista de la Macarena, en Sevilla capital. Según el administrador de Fitonovo, esta práctica se cortó cuando él «tomó las riendas del negocio» porque «se iba mucho dinero en la empresa».
El caso más llamativo es el de IU, que gestionaba el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla y que adjudicó a Fitonovo la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
González Baro admitió ante la magistrada que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió, estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición».
El acta de su declaración no recoge la identidad ni de quién le sugirió que realizara el pago ni de quién se encargó de recibir la caja de zapatos repleta de billetes. Sólo se dejó constancia de que fue «cierta persona de Izquierda Unida».
La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga los pagos que esta empresa sevillana venía haciendo sistemáticamente a funcionarios de distintas administraciones públicas a cambio de la adjudicación de contratos.
Nueve detenidos
La operación se inició en julio del pasado año y se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas, entre los que se encuentra Domingo Enrique Castaño, asesor del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín durante su etapa como alcalde de Sevilla. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.
Entre marzo y abril de 2009, el Ayuntamiento de Sevilla -gobernando entonces por la coalición PSOE-IU- adjudicó a Fitonovo las citadas obras de construcción de 11 campos de fútbol de césped artificial que hasta entonces eran de albero y cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos de la ciudad. El montante de estos encargos, dentro del Plan 8.000, ascendió a 8.172.788,62 euros.
De esta forma, Fitonovo se convirtió en la segunda empresa que más adjudicaciones del Ayuntamiento hispalense recibió con cargo al Plan E, sólo superada por Construcciones Camarena.
Dentro del reparto de las áreas de gobierno que alcanzaron PSOE e IU en el pacto suscrito tras las elecciones locales de mayo de 2007, la coalición de izquierdas se reservó la Delegación de Deportes. Concretamente, la gestión de las instalaciones deportivas dependía del Instituto Municipal de Deportes. La mordida por los campos de césped artificial equivalía al 0,86% del montante de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Sevilla con cargo al Plan E.
Los tentáculos de Fitonovo alcanzan a otros ayuntamientos andaluces. A raíz de la construcción de los campos de fútbol en la capital hispalense, la empresa resultó adjudicataria de la obra de reforma del estadio municipal de fútbol de La Carolina, que lleva el nombre del que fue alcalde de la localidad jiennense durante 36 años, Ramón Palacios.
El Ayuntamiento adjudicó el 14 de septiembre de 2010 las obras a la UTE liderada por Fitonovo (80%), en la que también participaba Aldilop (20%), por 747.250,54 euros, IVA incluido. El concurso se tramitó mediante el procedimiento abierto urgente.
Según declaró González Baro, el Consistorio le reclamó «a través del comercial» de Fitonovo una «colaboración económica» que el imputado cifró entre «15.000 o 20.000 euros». El administrador de la empresa no precisó la identidad del receptor, pero la magistrada sostiene que el pago se realizó «concretamente al alcalde de dicha localidad». Ésta también detalla que hubo «dos entregas en efectivo en sobres» y que el último abono fue «en el año 2010».
Desde el 15 de octubre de 2009, el regidor de La Carolina es Francisco J. Gallarín, del PP, tras prosperar una moción de censura que desalojó al PSOE de la Alcaldía.
En el municipio onubense de La Palma del Condado, Fitonovo también repartió un soborno. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, le adjudicó el 22 de septiembre de 2011 las obras de adecuación de la piscina municipal, por un importe de 506.232,21 euros, IVA incluido. La empresa realizó una baja de 300 euros sobre el precio de licitación, bajo el sistema del concurso negociado con publicidad. «La comisión fue en torno a 10.000 euros», señaló el empresario, que no especificó quién fue el receptor de la dádiva.
También en la provincia de Cádiz Fitonovo habría repartido presuntamente dádivas a cargos políticos. La juez Alaya imputó a González Baro el pago de 200.000 euros en comisiones ilegales entre 2010 y 2011 por la construcción en Algeciras -con el Consistorio gobernado entonces por el PSOE- de un aparcamiento y un centro deportivo conocido como El Calvario. Tampoco se especifica a quién entregó los sobornos.
Fitonovo también realizó pagos periódicos durante años a cargos públicos con poder de decisión. Además del citado Francisco Amores, que recibió de 300 a 600 euros mensuales de «2003 a 2011 ó 2012», también el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, recibía «una cantidad mensual en torno a mil y pico euros».
Huertas, según declaró González Baro, «era afín al PSOE y presentó a la empresa al Ayuntamiento cuando gobernaba dicho partido». Igualmente, declaró haberle pagado una línea telefónica.
Finalmente, admitió que el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, cobraba «de 10.000 a 12.000 euros» que Fitonovo le abonaba «por campaña». No obstante, el empresario matizó que creía que su empresa no le pagaba a Podio, que «era una persona de alta esfera», sino que lo hacían las empresas Martín Casillas o Maygar, que eran las que subcontrataban a Fitonovo y que después le descontaban las mordidas del precio de la subcontrata.
Una empresa lucrativa
- Fitonovo es una empresa creada hace ya prácticamente un cuarto de siglo (se constituyó en el año 1990) con el objeto de ofrecer servicios medioambientales para entidades tanto públicas como privadas, aunque su clientela institucional ha sido la principal. En todo este tiempo, su actividad ha sido bastante lucrativa. Sólo en el año 2012, la firma facturó más de 31,5 millones de euros, con un beneficio de más de 256.000 euros, según datos del Registro Mercantil recogidos por la consultora Informa. Ubicada en el pueblo sevillano de Salteras, la firma presume de todo tipo de certificados de calidad que acreditan su especialización en control de vegetación en infraestructuras, tratamientos selvícolas, repoblaciones forestales, restauraciones paisajísticas, obras de corrección hidrológico-forestal, estabilización de taludes y obras y mantenimientos de parques y jardines. Sin embargo, si por algo es conocido Fitonovo es por estar vinculado a numerosos escándalos de corrupción municipales destapados desde 2010.
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