El marido de la nueva presidenta de la Junta da Andalucía trabajaba para una empresa que recibía a su vez fondos administrados por la Junta.
El marido de Susana Díaz junto a Zapatero.
La Unión General de Trabajadores de Andalucía es la organización que contrató a José María Moriche Ibáñez, marido de Susana Díaz, que fue designada recientemente como nueva presidenta de la Junta de Andalucía. El contrato no fue directo sino que se hizo a través del Instituto de Formación y Estudios Sociales, una fundación de la UGT a nivel nacional fundada en 1980. Moriche desempeñó funciones auxiliares administrativas en algunos cursos de formación del Instituto de Formación de Estudios Sociales subvencionados con fondos europeos administrados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Hasta el momento no se ha logrado saber si era un trabajador fijo de la estructura del Instituto o si era, como se dice en el argot ugetista,un fijo discontinuo contratado para la ocasión. Dado que su salario con el coste de la seguridad social incluida fue computado, al menos en parte, como gasto consignado a la Junta de Andalucía para formar parte de una subvención durante el año 2010 y dado que la UGT incluyó indiscriminadamente todos los costes de personal en su informe auditado elevado a la Consejería de Empleo, su posición podría haber sido irregular.
UGT contrató al marido de la hoy presidenta
No es posible saber en calidad de qué fue contratado José María Moriche en la UGT o su Fundación, porque en los últimos años ha intentado diversas aventuras profesionales. Por ejemplo, aparecía en el listado definitivo de admitidos en el concurso de acceso a la condición de laboral fijo convocado por la orden de 6 de junio de 2005 de la Consejería de Justicia y Administración Pública como auxiliar sanitario en 2005. Luego, en 2006, aparece en el proceso de selección de personal para el Chare de la Sierra Norte en la categoría de auxiliar de enfermería.
Pero luego se le encuentra entre los aspirantes a la obtención del CAP acreditativo de la cualificación inicial de Mercancías en 2011 dependiente del ministerio de Fomento. Incluso en 2011, en el mes de noviembre, a Moriche le fue suspendida la prestación de desempleo por haber cometido la infracción de no haberla renovado en tiempo y forma.
En su entorno, se ha reconocido que su formación estaba relacionada con la Sanidad y que en algún momento trabajó en una ortopedia aunque se le ha contratado recientemente como controlador de existencias en una cadena de librerías propiedad de la principal productora de Canal Sur Televisión.
Curiosamente, es su práctica en ortopedias, no su trabajo en UGT, la que le valió el contrato con la productora ZZJ. Moriche, al parecer, tiene experiencia en una red de ortopedias sevillanas que, según la productora fue fundamental para su contratación. En la ortopedia, el marido de Susana Díaz se encargaba del control de existencias y su reposición en todas las tiendas. En librerías Beta, dice su nueva empresa, su misión es similar. Será un "controller" y su trabajo consiste en analizar los datos del sistema informático sobre cuáles son los libros más vendidos, en qué tiendas y en qué horarios, para distribuir las existencias. O sea que su experiencia en la ortopedia, su control del programa informático Excel y de otros softwares similares de control de existencias fueron fundamentales en su contratación, según la productora. «Su trabajo consiste en convertir en inteligencia esos datos ingentes», dijo la empresa.
Tampoco ayuda mucho su cuenta Twiter, en la que dejó de escribir poco antes de ser designada su esposa como sucesora de José Antonio Griñán con el que tuiteaba a veces. En vez de dar a conocer su profesión lo único que aportó de sí mismo fue que es bético y de izquierdas. Concreta y textualmente dice lo siguiente: "Trianero, Bético y de Izquierdas. Creo en la Mirada y la Sonrisa de la Gente. Amante del Gazpacho, el Salpicon y del Tomate con Sal."
Su trabajo en UGT
Su presencia en el Instituto vinculado a la UGT, G78385416 Instituto de Formación y Estudios Sociales, está relacionado con los aspectos administrativos de cursos establecidos en el expediente Administrativo N°: 98/2DD9/J/217 que está siendo investigado, junto con otros, por la Junta de Andalucía.
Si su formación era y es predominantemente sanitaria u ortopédica, es de difícil explicación su presencia, incluso en calidad de auxiliar,en el curso Creación y gestión de empresas. Autoempleo. Tampoco parece muy adecuada su presencia en el curso Empleado administrativo de entidades financieras. Tampoco sabemos si lo era en dos Cursos de Inglés, Atención al Público, en el de Informática de Usuario y en el de Formador Ocupacional, en los que participó según la documentación que obra en poder de Libertad Digital. Véase su presencia en uno de ellos:
Algunos de los costes generados por José María Moriche Ibáñez a lo largo de la impartición de los cursos ocurrida en 2010 fueron consignados a las subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que administraba fondos europeos. Puede verse en este cuadro de elaboración propia de Libertad Digital:
Como puede verse, parte de lo percibido salarialmente por Moriche fue consignado a la subvención recibida por la realización de dicho curso, y lo mismo sucede con los otro cuatro cursos restantes.
Dudas sobre la legalidad de los gastos
El problema es que si Moriche era un trabajador de la estructura fija del Instituto de Formación y Estudios Sociales, dicha consignación a las subvenciones de la Junta podría podría haber sido irregular. De hecho, en la auditoría presentada por los trabajadores despedidos el pasado fin de año por UGT puede leerse textualmente: "Otro grave problema es la imputación de los costes de personal adscrito a la estructura fija de la Organización...que a veces es computado con cargo a proyectos obtenidos con subvenciones finalistas, para lo cual está la plantilla de fijos discontinuos encargados de la ejecución de esos programas de actividad. Esto, aunque se reconoce, no se considera gasto elegible, por lo que consideramos que se está incurriendo en una acción que podría ser hasta ilegal, y que conllevaría la devolución de los importes subvencionados."
Esto es y dicho de manera más clara, si José María Moriche perteneció a la plantilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales, su retribución ni globalmente ni en parte debió ser imputada al curso para ser incluida en la subvención. Los trabajadores habituales, en este caso de la Fundación, realizan trabajos sindicales que no tienen ver con la finalidad de los cursos subvencionados.
Si no pertenecía a la estructura fija de la fundación, sus retribuciones sí podrían ser imputadas en parte a los diferentes cursos en los que participó. En cualquier caso, es una situación que es preciso aclarar.
La necesidad de aclaración es importante incluso para el propio José María Moriche. Aun más si cabe por cuanto en el informe de la Auditoría realizada por la "auditora amiga" de UGT, Interaudit, no se distingue para nada entre costes de empleados de la estructura y empleados fijos discontinuos contratados ad hoc para estos cursos. Esta es la cuenta abreviada que certifica la auditora donde quien interviene ya es UGT de Andalucía y no la Fundación IFES:
Como puede apreciarse, tanto el coste de los formadores como los gastos de personal en general no distinguen entre fijos de estructura y contratados específicamente para los cursos. En el caso de haber sido despedido al terminar estos cursos, Moriche podría haberlo sido irregularmente porque en las subvenciones no deberían haberse incluido los sueldos del personal fijo de la estructura de la Fundación de UGT, algo ilegal, y por tanto, tendría derecho a reclamar.
La Junta no se persona en el caso judicial abierto
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas para aclarar los hechos denunciados desde julio por Libertad Digital, y posteriormente, por El Mundo y ABC. UGT parece haber investigado más bien quiénes son los autores de las filtraciones que han destrozado su imagen pública en el conjunto de España y, muy particularmente, en Andalucía. Por su parte, la Junta ha indicado que, ante este asunto, ha actuado conforme a la ley, con la apertura de dos procedimientos de información previa de dos expedientes, los relativos a 2009 y 2010 (en los que está incluido el caso del marido de Susana Díaz), para hacer una revisión íntegra de la justificación aportada. A partir de ahí, ha apuntado que se determinará si habrá que poner en marcha un proceso de revisión de oficio y el posterior reintegro de los fondos. Ha insistido en que las actuaciones de su Consejería han sido las sujetas a la ley.
Pero el caso está ya en los juzgados sevillanos e incluso la Fiscalía se interesó oficialmente por el caso. Según El País, hay por el momento tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos debido a las denuncias sucesivas del sindicato Manos Limpias y la querella de UPyD contra UGT y la propia Junta de Andalucía. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Lo natural es que un solo juzgado aúne todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá integrar la investigación.
Lo relevante del asunto es que la Junta de Andalucía, que aparece como claramente perjudicada por cuanto es dinero público el que se ha podido defraudar con el falseamiento de los datos de las actividades subvencionadas, sigue sin personarse en el caso, cosa que sí han hecho el PP y UPyD. El secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz, ha dicho que el escándalo relacionado con los cursos de formación podría ser incluso mayor que el de los falsos ERE. "Parece que entre 2001 y 2011 se habrían defraudado unos 4.000 millones de euros, más que el caso de los ERE que son unos 2.200 millones. Hay que recordar que el ex director general de Trabajo, Franisco Javier Guerrero, uno de los primeros imputados por el caso de los ERE, ya dijo que donde de verdad se había perdido dinero público era en el tema de la formación", precisó.
Sanz criticó a Susana Díaz, a su gobierno y a su partido, diciendo. "Sorprende el silencio clamoroso de UGT y el silencio cómplice del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía. Mucho nos tememos de que la Junta era perfectamente conocedora de que estas ayudas se gastaban en otros fines que no eran la formación de los parados andaluces". Por ello, pidió a Susana Díaz que aporte luz y taquígrafos en este asunto. "La heredera del señor Griñán tiene una oportunidad magnífica de decirle a los andaluces que las ayudas son transparentes. Debe acudir urgentemente a la Fiscalía a llevar en mano los informes de reparo en los que la intervención detectaba irregularidades en la subvención y gastos de los sindicatos. Sin embargo, la Junta de Andalucía aplica aquí la misma estrategia que con el caso de los ERE: calla, tapa, niega y obstaculiza la investigación".
Ante el silencio de Susana Díaz, el vicepresidente Diego Valderas, de IU, ha dicho que pese a que aún "no se conoce" nada de dicha investigación interna, espera que "en los próximos días haya un perfil de qué ha ocurrido en el tema de la facturación y la comprobación de las facturaciones, si se atienen a los elementos de legalidad o han estado fuera de la legalidad, como parece ser en función de los datos que van apareciendo a través de los medios de comunicación".
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