Hay 20 altos y ex altos cargos
Griñán, Valderas y Diaz.
El calendario de declaraciones se inicia en 20 días con el exinterventor general.
La pieza va firmada al alimón por Javier Martín-Arroyo y Lourdes Lucio y lleva un titular que no deja resquicio a la duda: "La imputación de 20 cargos provoca un terremoto en la Junta de Andalucía".
El terremoto que ha sufrido la Junta de Andalucía esta semana con la imputación de 20 altos y ex altos cargos puede tener nuevas sacudidas para sus dirigentes. Y si los temblores llegan, lo peor para el Gobierno autónomo es que serán probablemente de mayor intensidad.
Los periodistas del Grupo PRISA saben bien de lo que hablan. Alaya ha puesto en jaque a la Junta con su imputación masiva que afecta al corazón ejecutivo de tres consejerías.
Y su tesis está clara: todo cargo en la cúpula de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento del fondo de los ERE y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (2001-2010), tiene responsabilidad penal.
Por eso es muy probable que los cargos imputados se multipliquen, también en dirección a la cúpula del Ejecutivo.
La argumentación de Alaya para las nuevas imputaciones ha sido muy escueta, pero para acusar a la exministra Magdalena Álvarez, esgrime dos motivos:
Por un lado sostiene que "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad". Por otro, afirma que Álvarez "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación (fórmula para pagar los ERE con menor control de la Intervención que las subvenciones excepcionales, utilizadas antes de 2001)".
Durante el mandato de este en Hacienda (2004-2009) las transferencias de financiación continuaron al igual que los desfases y las ampliaciones presupuestarias.
Griñán ha negado haber accedido a los informes, pero sí los recibió la actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, a la que supuestamente informó también de manera verbal el ex interventor general Manuel Gómez, según declaró su número dos Teresa Arrieta ante la Guardia Civil.
Tanto Griñán como Martínez Aguayo son aforados, por lo que si Alaya decide imputarles debe enviar esta vía de la gestión política al Tribunal Supremo.
Oficialmente, el Gobierno andaluz mantiene que no existe ninguna relación entre el auto de Alaya y la decisión de Griñán de precipitar su relevo como candidato a la Junta en un Pleno del Parlamento andaluz hace una semana.
En cualquier caso, el asunto ha afectado ya al Gobierno de coalición PSOE-IU. De hecho, el mismo día en que se conoció el auto, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida, abogó por la dimisión del viceconsejero imputado de la Presidencia, Antonio Lozano.
Aunque IU va a esperar a que se presenten los recursos a la Audiencia y confía en que los jueces tumben el auto de Alaya, no quiere que ningún imputado se siente en la mesa del Consejo de Gobierno.
El calendario para que declaren los 20 imputados podría acelerarse, y si la primera comparecencia está prevista el 25 de julio, es posible que a principios de otoño ya haya declarado esta tanda de acusados por la rama política
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