viernes, 25 de enero de 2013

Frente al golpismo del parlamento catalán, cúmplase el Artículo 155 de la Constitución

 
El miércoles 25 la mayoría nacionalista del parlamento catalán ha votado una declaración golpista que sitúa a ese órgano al margen de la ley, al declarar a Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” en abierta oposición al Artículo 1 de la Constitución, que afirma: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

 
Entre los poderes del Estado, por supuesto, está el de la comunidad autónoma catalana, que existe no como una expresión de una inexistente soberanía de esa región española, sino como un órgano delegado del Estado. Dicho sea de forma que cualquiera lo entienda: el poder de la autonomía catalana procede de España, y si esa autonomía se declara al margen de la legalidad española, entonces el Estado debe intervenir esa autonomía para restablecer la legalidad.
Y no es que lo diga yo. Basta con leer lo que dice el Artículo 155 de la Constitución Española:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
¿Pedirán a los ciudadanos obediencia a un parlamento que se salta la ley?
La Constitución obtuvo en referéndum un 90,46% de votos a favor en Cataluña, con una participación del 67,9%, más que el Estatuto catalán vigente, que obtuvo un 73,9% de votos a favor con sólo un 49,41% de participación. El gobierno tiene toda la legitimidad legal y moral para hacer cumplir la Constitución en Cataluña frente a un gobierno y un parlamento autonómicos que insisten en saltarse las leyes. El ejecutivo de Rajoy no puede seguir de brazos cruzados ante un nacionalismo totalitario e insumiso que se salta la ley, lo cual supone una clara amenaza a las libertades individuales de los catalanes y que pone en riesgo, además, la propia estabilidad de nuestra democracia y nuestras posibilidades de recuperación en la ya de por sí difícil situación económica que vivimos. Y es que ¿con qué cara se le pide a la gente que obedezca a un poder autonómico que se salta las leyes? ¿Con qué cara se le pide a los inversores que traigan su dinero a nuestro país o se hacen declaraciones contra la corrupción, si el gobierno consiente que una autonomía se salte las leyes con total impunidad, provocando una enorme inseguridad jurídica y dejando los derechos de los ciudadanos a los pies de los caballos?
La casta política nacionalista está llevando a Cataluña a la ruina
Además de formentar la insolidaridad hacia las demás comunidades, además de excluir a los catalanes no nacionalistas, pisotear las libertades individuales -en especial las lingüísticas- y fomentar el odio hacia el resto de España, la gestión de los distintos gobiernos nacionalistas ha tenido como resultado más visible que Cataluña sea ya la región más endeudada de España. En el momento de pedir el rescate al gobierno español el año pasado -petición hecha a escondidas, mientras de cara a la galería se insistía en el falaz argumento de que España nos roba-, la Generalidad ocultaba a los catalanes que ya acumula una deuda pública de más de 5.500 euros de media por persona, y que Cataluña recibe del Estado 16.000 millones de euros más de los que ingresa en las cuentas nacionales. Para colmo, mientras se enfrascaba irresponsable y frívolamente en proyectos soberanistas abiertamente ilegales, el gobierno catalán cerraba 2012 con un déficit del 2,3% frente al exigido del 1,5%. ¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando este mangoneo? Haga cumplir la ley, señor Rajoy, que ésa es su obligación.

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