La Gaceta publica hoy que en los últimos 8 meses la Junta de Andalucía ha concedido más de medio millón de euros -es decir, más de 83 millones de pesetas- en subvenciones al Sindicato Andaluz de Trabajadores, del que es dirigente el diputado de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo, que junto a otros miembros de ese sindicato participó el martes en el atraco a un supermercado en Écija. El diario La Razón señalaba ayer que el importe de cada carro robado por los atracadores era de unos 84 euros.
En mayo la Junta dio al SAT más de 46.000 euros: el coste de 550 carritos
Así pues, con el dinero de las subvenciones que ha recibido ese sindicato de la Junta andaluza en el presente año se podrían haber comprado casi 6.000 carritos llenos de comida. Sin ir más lejos, la última ayuda que le concendió en mayo la Junta, que como señala La Razón tuvo un importe de 46.184 euros, habría servido para comprar 550 carritos. La resolución de la Junta que recogía esa ayuda indica, como en los demás casos, que la finalidad de dicha subvención era “Interés General y Social”, sin más concreción.
A pesar de todo el SAT dice que no son un sindicato de “subvencionados”
Pero si ya es llamativo que una organización “anticapitalista” viva de los contribuyentes -en no pocos casos empresarios y autónomos que pagan religiosamente sus impuestos-, más curioso aún es comprobar como falta a la verdad el SAT. Muestra de ello es la nota publicada el 30 de marzo por ese sindicato en su web, en la que sin decir ni pío de las ayudas públicas que recibe, el SAT afirma que “no somos un sindicato de mercenarios y subvencionados”. En esa misma nota, y tras quejarse de que se les tache de “caraduras”, el SAT insistía: “las subvenciones que recibimos son en forma de multas”. En fin, debe ser que parte del importe de las multas que recauda la Junta de Andalucía va a parar a estos señores…
Un dineral en subvenciones pero ni un solo comedor social
Es muy chocante que una organización que recibe tal dineral en subvenciones, y que no tiene ni un solo comedor social, se decida a robar alimentos con el pretexto de dárselos a los pobres. Si ese sindicato tuviese un sincero interés por asistir a los más necesitados, en vez de robar en supermercados agrediendo a las cajeras -una actuación digna de una banda de delincuentes- dedicaría sus esfuerzos a crear comedores sociales y albergues para sin techo, de forma legal, como hacen ONGs como Cáritas, que ayudan a los necesitados sin robar ni agredir a nadie. Que el SAT use a los pobres como pretexto para saltarse la ley es una bajeza y un insulto a las personas que lo están pasando mal pero que no se rebajan a robar, a pesar de no disponer de las cuantiosas ayudas públicas de las que disfruta ese sindicato.
¿Cómo puede estar subvencionado un sindicato que comete atracos?
Cabe preguntarse, por lo demás, algo que cae de cajón: ¿cómo es posible que reciba subvenciones públicas un sindicato que se dedica a organizar atracos? ¿Qué cara se les ha de quedar a las empresas y empleados que fueron víctimas anteayer de esa violencia, al saber que el dinero de sus impuestos sirve para financiar la actividad delictiva de los asaltantes? Las administraciones públicas deben cesar de inmediato toda ayuda a un sindicato que no respeta ni la ley ni las más elementales normas de convivencia. Por esta misma razón, dicho sea de paso, habría que preguntarse también cómo puede ser legal una asociación que se dedica a organizar, a justificar e incluso a amenazar con más actos delictivos como los del martes. Actitudes como las de los miembros del SAT, robando en un supermercado y agrediendo a las empleadas del mismo, son intolerables en una sociedad democrática.
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