El informe elaborado por tres asesores del Gobierno, y publicado en exclusiva por Diario El Aguijón tiene una segunda parte de análisis. La polémica acerca del informe ha aumentado en los últimos días al ser sus datos utilizados por el popular escritor Arturo Pérez Reverte en twitter quien ha generado toda una oleada de comentarios, especialmente tras enfrentarse con el no menos polémico dirigiente del PNV Iñaki Anasagasti. La pregunta ¿cuánto nos cuestan esos 445.000 políticos que el informe señala? está en boca de todos. Dos economistas han puesto para nuestro diario la cifra del coste: Unos 14.000 millones de euros al año.
Por primera vez, un informe desveló uno de los secretos mejor guardados, como era saber que España tiene 445.000 políticos, que pagamos todos los ciudadanos, y que esta cifra era de 280.000 más que Alemania, 215.600 más que Italia y 202.500 más que el centralista Francia. La noticia, publicada en exclusiva por Diario El Aguijón por nuestro compañero Javier Fonseca dio la vuelta a toda la geografía nacional, y a favor del citado informe y en contra se han levantado numerosas voces. La última polémica ha sido levantada en twitter por el popular escritor Arturo Pérez Reverte quien opina, como una amplísima mayoría de los ciudadanos en las redes que antes de recortar o subir impuestos debe aminorarse de forma importante ese número de políticos. Casualmente, es la misma conclusión a la que llegaron los tres asesores de la Moncloa que elaboraron el informe a lo largo de más de dos meses y que tiene más de 600 páginas.
Las conclusiones del polémico informe
Hoy Diario El Aguijón, les muestra en exclusiva las conclusiones del polémico informe, en el que los tres asesores señalan la necesidad de reducir ese número de políticos, y ejemplifica casos de despilfarros absolutamente prescindibles. Especialmente críticos con él han sido algunos articulistas, en su inmensa mayoría políticos en activo de diferentes partidos, que intentaron atacar la información y de paso al informante, no sin ocultar en muchos casos su intención de defenderse de lo que consideran una grave acusación, y que consiste en el análisis de tres expertos que aseguran que España tiene una estructura política que no podemos pagarnos. Curiosamente ninguno de los críticos parece haberse dignado en llamar a Presidencia del Gobierno para saber sobre el informe, como también resulta curioso que de no ser cierto el informe tal y como afirman los críticos, desde Presidencia del Gobierno no se negara o rectificara la información en ningún momento, lo que demuestra la certeza de la información publicada por nuestro diario. Este ataque directo a la información, en la técnica habitual de matar a mensajero, basado en supuestos desajustes de cifras sólo evidencia el nerviosismo ante la creciente corriente de opinión que pide que se eliminen privilegios, de los que disfrutan la mayoría de quienes han escrito en contra del estudio. Polémicas aparte sobre pequeñas diferencias de datos aparte, lo que nadie duda ya tras conocer los datos sacados a la luz por este informe es que España tiene un número insostenible de políticos, y la ciudadanía pide que los recortes comiencen por los políticos antes de llegar a los servicios públicos.
Un informe elaborado a lo largo de más de dos meses con el que se sigue trabajando
El informe que fue finalizado el 29 de marzo de 2012 y consta de más de 600 páginas, constituyó uno de los documentos de trabajo que destapó la existencia de empresas públicas inactivas desde hace muchos años, algunas desde los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla en 1992. En las conclusiones puede observarse que se destaca la existencia de una empresa dedicada al fomento de la tortilla de la patata, que fue el ejemplo puesto por Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 16 de marzo en la que se anunció el plan para eliminar 80 empresas públicas. La Vicepresidenta llegó a denunciar en la rueda de prensa que “hay empresas con más miembros en el consejo de administración que personal”, y que no por casualidad coincide con el análisis repetido a lo largo de todo el informe por los tres asesores.
En la elaboración del informe que fue encargado por Hacienda, participaron no sólo los tres asesores que dependen de las áreas de Hacienda, Administraciones Públicas y la Oficina Económica, sino que estuvieron trabajando en su elaboración al menos otras 15 personas y se tardó unos dos meses en terminarlo. El informe se está utilizando ahora mismo en una comisión sobre duplicidades, además de haberse tenido en cuenta en los análisis de las deudas de las comunidades autónomas.
El ejército de políticos nos cuesta más de 14.000 millones como “coste mínimo”
En este punto y para aclarar la polémica, Diario El Aguijón ha querido saber cuánto nos cuesta esa inmensa cantidad de políticos, además de analizar y contrastar las partidas señaladas por los críticos del informe. Para ello Diario El Aguijón ha pedido a dos importantes investigadores de la economía que realizaran esas valoraciones. Un encargo que ha sido aceptado por Luis Huete, Economista del Estado y jefe del servicio de estudios y análisis de la Asociación Profesional de Directores de Recursos Humanos y por el editor del diario económico más antiguo de España, El Mundo Financiero.com, José Luis Barceló, profundo conocedor de la realidad política nacional, y que estos días es noticia al ser el medio de referencia económica sobre la situación de España para la prensa china y taiwanesa.
El coste calculado por ambos expertos es de uno 14.000 millones de euros. Para ello han tomado como base el dato que la Agencia Estadística Europea estableció en 2010 del salario medio de 31.230€ al año para los cargos públicos españoles. A este sueldo medio se le ha aumentado el IPC de 2011, lo que lo sitúa en unos 32000 euros anuales, es decir unos 2285 € brutos mensuales con dos pagas extraordinarias. Luis Huete advierte, que “es difícil creer que los políticos o sus cargos de confianza cobren 1500 o 1600 euros netos al mes, y para eso sólo hay que darse una vuelta por los sueldos publicados en la prensa o por las administraciones madrileñas, pero dado que no existen otras comparativas, hemos preferido utilizar este dato para establecer el coste mínimo. A partir de ahí, la cifra real siempre estará por encima”. Esta cifra, multiplicada por los más de 445.000 políticos que refleja el informe nos da un resultado total de más de 14.258 millones de euros y siempre teniendo en cuenta que como explica Luis Huete se trataría de la cantidad mínima.
Los datos controvertidos no alterarían el resultado final.
Ambos coinciden en señalar que algunos de los cargos señalados en el informe no tienen coste para los contribuyentes o lo tienen en cantidades pequeñas. Por ejemplo la mayoría de los concejales de unos 5000 municipios no suelen tener una retribución fija, aunque sí es común cobrar por la asistencia a plenos y alrededor de un 45% de los liberados sindicales lo son a cargo de empresas privadas por lo que su coste no es sostenido por el presupuesto. Aún así ambos señalan que dado que el informe refleja un margen de error de un +-6%, estos pequeños colectivos no influirían en el resultado total del coste, dado el gran volúmen final señalado. Ambos coinciden en señalar que parece haber pequeños desajustes en algunas cifras del informe como el total de diputados y senadores donde hay un pequeña variación que no coincide con el dato actual, aunque ambos señalan que puede deberse a la inclusión de ese grupo a algunos de los cargos de confianza existentes en el Congreso y el Senado o a alguna otra variante. Por el contrario, si el informe señala algunos diputados y senadores de más, los dos analistas han señalado a Diario El Aguijón que también en el listado no encuentran a los cargos políticos que desarrollan su labor en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Luis Huete señala que “cuando se hace un informe tan complicado como éste, es normal que parezca que existen desajustes, pero normalmente suele ser debido a que se contabilizan en unas partidas u otras a determinados colectivos, lo cual sólo se ve cuando se estudia pormenorizadamente el informe. Por ejemplo en la tabla no vemos a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, que evidentemente son cargos políticos”. Por su parte José Luis Barceló indica que “el informe se nota que está muy trabajado y sus autores explican en las conclusiones las dificultades que han tenido para elaborarlo. Para mí la síntesis es que la cifra final que arroja está muy afinada y aunque ellos mismos reconocen que pueden tener un margen de error de un 6%, este tema hay que tomárselo muy en serio porque un tamaño de políticos o de colocados por designación política de estos volúmenes es insostenible para cualquier país, y sólo hay que verlo en comparación con el resto de Europa”.
Las partidas controvertidas del informe y la crítica a la existencia de múltiples duplicidades en trabajos para los que ya están contratados funcionarios.
Como señala José Luis Barceló, el estudio elaborado por los tres asesores de Presidencia del Gobierno, y destinado uno de ellos en la Oficina Económica del Gobierno, el otro en asesoramientos relacionados con la administración pública y el tercero en Hacienda, señala en sus conclusiones un margen de error de un +- 6% sobre el total de los 445.568 políticos empleados en todas nuestras administraciones. Este margen de error, según señala el propio informe es debido a “la dificultad para acceder en algunos casos a los datos concretos” y en ningún caso se han incluídos funcionarios o empleados públicos sino exclusivamente aquellos que son cargos electos o que han sido elegidas, designadas o nombrados por estos, y que por tanto cumplen una función política en la administración.
. En esas conclusiones indican que estas dificultades les han llevado incluso a tener que extraer datos de personas externas de la propia administración. Además en el informe, que no duda en calificar a la “administración pública sobredimensionada hasta extremos elefantiásicos”, señala que esta sobredimensión se debe principalmente a los políticos que realizan funciones para los que ya existen funcionarios a un menor coste, elemento que está en la base de las críticas que ha recibido el informe y que casi han sido lanzadas unánimemente por personajes que viven o han vivido una parte importante del erario público.
Precisamente uno de los datos que recoge el artículo y que más duramente ha sido criticado ha sido el poner número a los liberados de los sindicatos y la patronal. Los autores del estudio señalan que aunque no eran objeto del estudio han preferido incluirlos porque era un dato que nunca se había aclarado y que lo hacen “a mayor abundamiento” y porque estos delegados “realizan una función de representación institucional y por tanto política, y que son financiadas con fondos públicos”.
Otro de los puntos más controvertidos del informe es la crítica a las inversiones en los medios de comunicación, en el que se destacan la enorme cantidad de personas dedicadas al control político de los tareas administrativas de todas las administraciones señalando casos en los que destacan la presencia de políticos encargados de funciones de comunicación y prensa incluso en ayuntamientos que no cuentan más que con un solo policía local.
Como podemos ver, la realidad es que la denuncia de Arturo Pérez Reverte tiene una sólida base, mientras que los críticos al informe, simplemente han demostrado o no conocer la realidad, o estar exclusivamente defendiendo sus intereses y sueldos personales mostrando su nerviosismo por unos datos que siempre se habían intentado tener a resguardo de la opinión pública.
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