El presidente catalán ha anunciado su intención de desobedecer al Supremo
“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”
Esto es lo que dice el Artículo 410 del Código Penal, relativo al delito de desobediencia. Aunque las penas por ese delito son mucho menos severas de lo que deberían ser -se nota que lo han previsto políticos para actos que podrían cometer ellos mismos-, el texto se ajusta como un guante al enésimo acto de chulería de Artur Mas, que ayer anunció su intención de desobedecer al Tribunal Supremo, que a finales de junio declaraba nulas las normas autonómicas que autorizan la imposición lingüística del catalán a niños de entre 3 y 6 años. Lo que el presidente de la Generalidad está haciendo tiene un fácil resumen: Artur Mas se está poniendo fuera de la ley y violando las bases más elementales de un Estado de Derecho. Y ante eso la Fiscalía tiene que actuar ya. Convivencia Cívica Catalana ya había anunciado una querella contra Mas si desobedecía la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Es que son plataformas cívicas como ésta las que tienen que comprometer sus recursos para hacer que se cumpla la ley? ¿A qué espera el Ministerio Fiscal?
Mas quiebra el Estado de Derecho y ya no tiene autoridad para gobernar
Es intolerable que una autoridad autonómica decida seguir violando los derechos de los ciudadanos incluso saltándose las sentencias judiciales que los amparan. Una situación así supone siempre un paso de gigante hacia la instauración de un régimen antidemocrático, un régimen en el que los ciudadanos quedan desamparados ante el poder político al convertirse la justicia en un mero adorno incapaz de proteger los derechos y libertades individuales. Obvia decir, además, que la quiebra del Estado de Derecho que implica la actitud de Artur Mas le resta toda autoridad para seguir gobernando, al justificar con su desobediencia que también se desobedezca el poder político que él ostenta.
¿Pedirán a los catalanes obediencia a un gobierno desobediente?
Y es que ¿con qué autoridad se exige a los catalanes obedecer a un gobierno autonómico que desobedece las sentencias judiciales? Ante un gobierno que se declara insumiso ante los órganos judiciales que amparan los derechos de los ciudadanos, éstos tienen todo el derecho del mundo a declararse insumisos ante ese gobierno. Con su acto de chulería Artur Mas no ha hecho otra cosa que justificar la desobediencia contra su gobierno. Por supuesto, la diferencia entre él y el ciudadano de a pie es que Artur Mas tiene bajo su mando unos mecanismos burocráticos y una Policía autonómica capaces de someter a cualquier ciudadano insumiso. Sin embargo, hasta ahora al gobierno catalán le sale gratis su desobediencia de las leyes. ¿Por qué? ¿Con qué cara se nos dice que la ley es igual para todos y se nos pide que nos sometamos a ella mientras se otorga patente de corso a los nacionalistas?
Fuente:Contando Estrelas
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