Foto:José Antonio Griñán
"Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta
organización", afirma la presidenta de Invercaria, según ABC
"De
Invercaria se hablará mucho". Fue lo que el pasado 8 de febrero de 2012
afirmó el coordinador del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona. Y no
se equivocó.
Según publica el diario ABC de Sevilla, la presidenta de Invercaria, Laura
Gómiz Nogales, "reconoció en una reunión interna las numerosas
irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional
de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto
de las mismas".
Según los datos aportados por el coordinador del Área Económica del PP
andaluz, Rafael Carmona, del volumen total que manejó Invercaria cifrado en 65
millones de euros, "en torno a 50 millones quedaron fuera de cualquier
norma que calculase el procedimiento sobre cómo invertir el dinero
público".
El dirigente popular aseguró que, estas cifras, que provenían de las arcas
de la Agencia IDEA, "se han manejado libremente". El PP sospecha que
la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU
(Invercaria) se gestionó como un segundo fondo de reptiles y con idéntico
procedimiento al utilizado en el escándalo de los expedientes de regulación de
empleo (ERE), que actualmente investiga la Justicia.
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una
empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su
propia página web, la misión de Invercaria es "contribuir al
fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de
nuestra región".
El nuevo presidente de la empresa pública de inversión y capital riesgo de
la Junta de Andalucía (Invercaria), Francisco Álvaro Julio, ha asegurado que un
informe pericial elaborado por la consultora Gradio aprecia hasta 13 puntos con
"serios indicios de manipulación" en la grabación de las
conversaciones en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las
irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), en las
que, presuntamente, la por entonces presidenta de esta entidad, Laura Gómiz,
ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, para que redacte informes
con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas.
En rueda de prensa en Sevilla, Álvaro Julio ha negado que haya existido
"manipulación", sino la incorporación de expedientes históricos a una
nueva herramienta informática de apoyo a la gestión de Invercaria, y ha
apuntado como "información relevante y pertinente" que el ex director
de Promoción que aparece en la grabación es "hijo del secretario general
de Asaja Cádiz y asesor del equipo económico del PP-A", Javier Arenas.
La denuncia de ABC es demoledora. El rotativo publica que su
presidenta, Laura Gómiz Nogales, que fue designada por el presidente andaluz,
José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010, "mantuvo una reunión con el
entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, el 26
de abril de 2011, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con
informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían
concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas
estaba realizando una auditoría".
En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como
prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz
reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra
reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con
una máxima contundente: "Si me comprometiera con la ética no estaría
trabajando con esta organización". A continuación se desglosan con
extractos literales las numerosas irregularidades a las que alude la presidenta
de Invercaria.
Tras dejar claro que las ayudas se han otorgado sin cumplir el
procedimiento, la presidenta de Invercaria pide a su subordinado que haga
informes falsos para justificarlas, a lo que este se niega.
-C. C. «Yo te tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo: "Con fecha tal elaboro un informe y hago un Plan de Negocios de esta empresa y con estos datos". Y te lo paso así. Ahora, si tú me dices: "No, hazlo con fecha 2007"... ¡Laura!, ¿cómo voy a hacer eso?» (...)
-L. G. «Bueno, vale, Cristóbal. Entonces, ¿qué me estas diciendo? ¿Que no vas a hacer los... los...?».
-C. C: «Escúchame: yo no puedo hacer un informe que no es cierto. Yo te... tú me encargas un informe. Yo te hago y te pongo la verdad. Y tú decides si merece la pena o no».
-L. G. «Bueno, Cristóbal, entonces no me vales como trabajador de Invercaria».
La presidenta de Invercaria insiste en que Cantos haga los informes sin fecha para poder justificar a posteriori las ayudas otorgadas:
-L. G. «Yo soy la primera que ha recomendado que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado».
-C. C. «Perfecto, pero con fecha de hoy, ¿no, Laura?»
-L. G. «¿Con fecha de qué?»
-C. C. «De hoy. Es decir, se hace un plan de negocios hoy».
-L. G. «¡No! ¡Y dale con la fecha! ¡No le pongas fecha! (...) La fecha en la que nos... Anterior. Y tú dices: no lo hag... No se hace».
-C. C. «Eso es un informe falso, Laura».
En otro momento, Gómiz admite que se están haciendo informes falsos:
-L. G. «Es que... vamos a ver, en toda la Agencia [IDEA] parece, parece mentira... Es que no te estás dando cuenta: la Agencia está ahora mismo preparando expedientes. La Agencia, todo el equipo directivo de la Agencia...».
-C. C. «Te pregunto: ¿pasados?»
-L. G. «Pasados»
-C. C. «Vale. Laura...».
-L. G. «Cristóbal...».
-C. C. «No quiero saberlo. No quiero saberlo, Laura. Porque me pones en un compromiso. No quiero saberlo».
Ante los reparos éticos de Cantos, Gómiz se muestra contundente:
-L. G. «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».
El PP denunció a primeros del pasado mes de febrero de 2012 que entre los
años 2005 y 2010, "Invercaria ha estado opaca al control de la
Administración Pública", porque "no ha estado sujeta ni a control
público ni financiero".
Rafael Carmona denunció que 50 millones de euros se invertían "en
préstamos participativos que nunca se recuperaron", y en los programas
"Atalantis, Melkart, Caya y Campus", de los cuáles únicamente el
procedimiento de este último "se ajustaba a la Ley de Incentivos".
Para el coordinador del PP, "el procedimiento que se ha seguido es
igual al de los ERE: buscar un instrumento público, dotarlo de fondos y
otorgarlos discrecionalmente".
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