Hoy El Economista publica una información que deja entrever hasta qué punto el gobierno de Rajoy tiene la intención de seguir calcando las recetas económicas de los socialistas, cuyos nefastos resultados están a la vista de todo el mundo. Según ese diario, Hacienda quiere limitar a 1.000 euros el pago en efectivo a los autónomos. Esta cifra, apuntada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, dice emular las medidas tomadas en Francia e Italia, pero en el primer caso el límite está en 3.000 euros y en el segundo en 5.000.
En vez de frenar la sangría de autónomos, se provoca que vaya a más
Es curioso que el gobierno de Rajoy, siguiendo los pasos del ejecutivo de Zapatero, se plantee poner a los autónomos en el punto de mira de sus medidas de castigo en vez de tomar medidas que favorezcan la creación de riqueza también por parte de ese sector profesional, tan castigado en nuestro país que según cifras conocidas el año pasado España está entre los países europeos que más autónomos pierde.
Una estimación exagerada del resultado de esas drásticas limitaciones
Una vez más, y como ocurrió con el anterior gobierno, el de Rajoy se fía también de las cifras del Gestha, del año pasado. De hecho, El Economista señala hoy que la previsión de ingresos hecha por el Gestha para respaldar esta fuerte restricción del pago en metálico es de 26.000 millones de euros, una cifra que equivale a 2,5 del PIB español. El citado diario señala que esa estimación de ingresos es “más del triple de los 8.171 millones de euros que se fijó como objetivo con la totalidad del plan de lucha contra el fraude fiscal la número dos del Ejecutivo”. ¿Se creerán los del Gestha que todos los autónomos españoles hacemos transacciones millonarias en metálico y sin declararlas a Hacienda? Por otra parte, y ya al margen de lo que se pudiera reducir del fraude fiscal, ¿se han parado a pensar los efectos negativos que tendrían estas limitaciones de pago en los sectores afectados? Las limitaciones caprichosas a la actividad económica nos han llevado ya a ser el país campeón del paro y de la destrucción de empleo y riqueza en Europa. ¿Piensan apagar ese incendio echando gasolina sobre las llamas?
La previsión del Gestha no cuadra con su estimación de fraude en 2011
El caso es que las cifras hablan por sí solas. Partiendo de un informe publicado por el Gestha el año pasado, los autónomos aportan el 8,6% del fraude fiscal en España. En aquel informe el Gestha estimaba el volumen total del fraude fiscal en España en 59.515 millones de euros. Es decir, que a los autónomos les serían imputables unos 5.118 millones de euros de fraude fiscal. Una cifra que queda muy lejos de los casi 18.000 millones de euros de más que según el Gestha podrían eliminar del fraude fiscal las limitaciones de pago en metálico que aconseja al gobierno. Ni siquiera sumando los 10.117 millones de euros de fraude atribuible a las PYMES se podría alcanzar esa cifra, y eso teniendo en cuenta la hipótesis tremendamente optimista de que se consiguiese reducir a cero el fraude fiscal en esos sectores profesionales. Algo considerable sólo en el mundo de los sueños…
Autónomos: son el 13% de la población activa, suman el 8,6% del fraude
Por otra parte, y como ya sañalé el año pasado, si bien los autónomos acumulan el 8,6% del fraude, este sector reúne al 13% de la población activa. Es decir, que las acusaciones de fraude generalizado que lanzan algunos contra los autónomos chocan con las cifras reales de fraude y con el peso que ese sector tiene en nuestra sociedad. Lo mismo pasa con las pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del tejido empresarial español pero sólo aportan el 17% del fraude fiscal. Sin embargo, el 75% del fraude se concentra el 3% del tejido empresarial que representan las 41.582 empresas de mayor tamaño, pero a pesar de ello las medidas de Hacienda siguen enfocadas a castigar a los autónomos y a las PYMES, es decir, la parte más débil del sector, con bajos ingresos y que ya se ve machacada por los elevadísimos costes de las cotizaciones sociales y el altísimo esfuerzo fiscal que soportan los españoles (por encima de la media europea).
Por cada euro que defraudan los autónomos, el Estado les debe 2,6
Hay que recordar, además, los 13.300 millones de euros que deben las administraciones públicas a los autónomos, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) conocido en junio del año pasado. El importe de esa deuda es más del doble del volumen de fraude atribuible a los autónomos en España, y viene a arrojar la conclusión que apunto sobre estas líneas: por cada euro defraudado por los autónomos, el Estado les debe 2,6 euros. ¿Combatirá el Estado ese enorme pufo con la misma energía con que persigue a los autónomos?
Por otra parte, cabe preguntarse con qué cara el gobierno se dedica a perseguir a los autónomos mientras mantiene las ruinosas televisiones públicas, mantiene las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, y mantiene las ayudas al cine (esta última decisión conocida hace sólo cuatro días). ¿Es que un sector cada vez más empobrecido como es el de los autónomos, sobre el que la crisis está teniendo efectos devastadores, tiene que aguantar el peso de las facturas del gobierno para que televisiones públicas, partidos, sindicatos, patronal y cineastas puedan seguir viviendo a nuestra costa? Ya está bien.
En vez de frenar la sangría de autónomos, se provoca que vaya a más
Es curioso que el gobierno de Rajoy, siguiendo los pasos del ejecutivo de Zapatero, se plantee poner a los autónomos en el punto de mira de sus medidas de castigo en vez de tomar medidas que favorezcan la creación de riqueza también por parte de ese sector profesional, tan castigado en nuestro país que según cifras conocidas el año pasado España está entre los países europeos que más autónomos pierde.
Una estimación exagerada del resultado de esas drásticas limitaciones
Una vez más, y como ocurrió con el anterior gobierno, el de Rajoy se fía también de las cifras del Gestha, del año pasado. De hecho, El Economista señala hoy que la previsión de ingresos hecha por el Gestha para respaldar esta fuerte restricción del pago en metálico es de 26.000 millones de euros, una cifra que equivale a 2,5 del PIB español. El citado diario señala que esa estimación de ingresos es “más del triple de los 8.171 millones de euros que se fijó como objetivo con la totalidad del plan de lucha contra el fraude fiscal la número dos del Ejecutivo”. ¿Se creerán los del Gestha que todos los autónomos españoles hacemos transacciones millonarias en metálico y sin declararlas a Hacienda? Por otra parte, y ya al margen de lo que se pudiera reducir del fraude fiscal, ¿se han parado a pensar los efectos negativos que tendrían estas limitaciones de pago en los sectores afectados? Las limitaciones caprichosas a la actividad económica nos han llevado ya a ser el país campeón del paro y de la destrucción de empleo y riqueza en Europa. ¿Piensan apagar ese incendio echando gasolina sobre las llamas?
La previsión del Gestha no cuadra con su estimación de fraude en 2011
El caso es que las cifras hablan por sí solas. Partiendo de un informe publicado por el Gestha el año pasado, los autónomos aportan el 8,6% del fraude fiscal en España. En aquel informe el Gestha estimaba el volumen total del fraude fiscal en España en 59.515 millones de euros. Es decir, que a los autónomos les serían imputables unos 5.118 millones de euros de fraude fiscal. Una cifra que queda muy lejos de los casi 18.000 millones de euros de más que según el Gestha podrían eliminar del fraude fiscal las limitaciones de pago en metálico que aconseja al gobierno. Ni siquiera sumando los 10.117 millones de euros de fraude atribuible a las PYMES se podría alcanzar esa cifra, y eso teniendo en cuenta la hipótesis tremendamente optimista de que se consiguiese reducir a cero el fraude fiscal en esos sectores profesionales. Algo considerable sólo en el mundo de los sueños…
Autónomos: son el 13% de la población activa, suman el 8,6% del fraude
Por otra parte, y como ya sañalé el año pasado, si bien los autónomos acumulan el 8,6% del fraude, este sector reúne al 13% de la población activa. Es decir, que las acusaciones de fraude generalizado que lanzan algunos contra los autónomos chocan con las cifras reales de fraude y con el peso que ese sector tiene en nuestra sociedad. Lo mismo pasa con las pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del tejido empresarial español pero sólo aportan el 17% del fraude fiscal. Sin embargo, el 75% del fraude se concentra el 3% del tejido empresarial que representan las 41.582 empresas de mayor tamaño, pero a pesar de ello las medidas de Hacienda siguen enfocadas a castigar a los autónomos y a las PYMES, es decir, la parte más débil del sector, con bajos ingresos y que ya se ve machacada por los elevadísimos costes de las cotizaciones sociales y el altísimo esfuerzo fiscal que soportan los españoles (por encima de la media europea).
Por cada euro que defraudan los autónomos, el Estado les debe 2,6
Hay que recordar, además, los 13.300 millones de euros que deben las administraciones públicas a los autónomos, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) conocido en junio del año pasado. El importe de esa deuda es más del doble del volumen de fraude atribuible a los autónomos en España, y viene a arrojar la conclusión que apunto sobre estas líneas: por cada euro defraudado por los autónomos, el Estado les debe 2,6 euros. ¿Combatirá el Estado ese enorme pufo con la misma energía con que persigue a los autónomos?
Entre tanto se mantienen las TV públicas y las ayudas a partidos, sindicatos, patronal y cine
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