La designación de Alberto Ruíz Gallardón como Ministro de Justicia -craso error de Rajoy, en mi opinión- va a dejar vacante la Alcaldía de Madrid, puesto que se dispone a ocupar Ana Botella sólo siete meses después de que los ciudadanos acudieran a las urnas para conformar el poder municipal, comicios en los que el PP presentó a Gallardón como aspirante a la alcaldía de la Villa y Corte. ¿Cómo explicar esta sustitución sin consultar a los ciudadanos?
La separación de poderes también incluye la del legislativo y el ejecutivo
Alguno alegará que la ley lo permite, y es cierto. Pero aunque sea perfectamente legal, esa sustitución sin pasar por las urnas es políticamente insostenible. Uno de los principios de las democracias contemporáneas es la separación de poderes, que se suele invocar con mucha frecuencia a la hora de criticar la falta de independencia de la justicia frente al poder político. Lo que casi siempre se olvida es que ese principio democrático también incluye la separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, éste encargado de elaborar las leyes y fiscalizar al gobierno, y aquél encargado de aplicar las leyes y, básicamente, gobernar. Esta separación se da en otros países que, por ejemplo, celebran elecciones legislativas para elegir a los miembros del parlamento y elecciones ejecutivas o presidenciales para designar a la persona encargada de formar el gobierno.
El parlamento florero de las mayorías absolutas
En España, por el contrario, no hay una elección separada de los poderes ejecutivo y legislativo. Los ciudadanos acudimos a las urnas a votar unas listas cerradas por los partidos, y los parlamentarios o -en el caso que nos ocupa- concejales electos son, a su vez, los que deciden en votación quién es el que ha de gobernar. Esto ha llevado a nuestro país, por un lado, a una situación en la que el papel de los parlamentos puede llegar a ser meramente decorativo, de florero, cuando un partido gana unas elecciones por mayoría absoluta. Desde ese momento la función de control de la acción del gobierno que posee el parlamento se convierte en una mera e inútil exhibición oratoria sin ningún efecto práctico. Se trata, simplemente, de un costoso ejercicio del derecho al pataleo.
Gobernando una autonomía o una ciudad tras perder las elecciones
Pero en los casos en los que no ha habido mayorías absolutas se ha dado una situación aún más absurda: la idea de la democracia entendida como el gobierno de la mayoría se pervierte hasta convertirse en el gobierno de los partidos que perdieron las elecciones. Ejemplos los hay de distinto tipo. Sin ir más lejos, vivo en una ciudad, Córdoba, donde en la legislatura anterior gobernó en coalicción IU con el apoyo del PSOE. a pesar de que fue el PP el ganador de las elecciones locales. En el País Vasco en 2009 ocurrió otro tanto cuando el PSOE se hizo con el gobierno regional tras una victoria del PNV. En esa ocasión el apoyo del PP fue lo que permitió a los socialistas hacerse con el poder. ¿Qué habría ocurrido de haberse convocado unas elecciones presidenciales, incluso con el requisito de una segunda vuelta en caso de no obtener ningún candidato una mayoría suficiente? Ya sé que alguien alegará que lo ocurrido en el País Vasco ha servido para apartar al nacionalismo del poder. Cierto. Pero ¿es éste el mecanismo que mejor plasma los principios democráticos? ¿Cómo se explica, en términos democráticos, que el País Vasco estén gobernados por un partido que perdió las elecciones?
Creo que estos problemas, que merman la representatividad de nuestras instituciones y fomentan su descrédito entre los españoles, no se resolverán hasta que haya un cambio en nuestro marco constitucional que asegure una clara separación de poderes, también entre el legislativo y el ejecutivo. El problema, claro está, es que hoy por hoy ese cambio depende de la misma clase política que con tanta frecuencia se beneficia de ese defecto de nuestro sistema político. De llevarse a cabo ese cambio sólo se logrará, me temo, por medio de una amplia campaña promovida desde la propia sociedad.
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