Pillaje y caraduras en las Cajas de Ahorro españolas

El saqueo de las cajas de ahorro.

Los consejeros y directivos se llevan 90 millones en indemnizaciones.

Ocho cajas pidieron más de 18.000 millones de dinero público para sobrevivir.

Es de vergüenza ajena, pero a ellos y a sus protectores y amigos les importa un comino. Se lo han llevado crudo, tras realizar una gestión penosa y van a disfrutar de los millones que se autoasignaron como sueldo o jubilación, insensibles al sufrimiento de los ciudadanos de a pie españoles.
Escribe Moncho Veloso en ABC que las cajas de ahorros jugaron a ser bancos. Remendar el entuerto derivado de esos delirios de grandeza ha supuesto ya el cierre de 1.887 oficinas y el despido de 6.771 trabajadores.
Para el Estado, una inyección de 18.009 millones de euros, y jubilar a sus viejas cúpulas directivas ha costado, a siete de las ocho entidades apuntaladas con dinero público, más de 60 millones.
La «barra libre» de las indemnizaciones de oro no comenzó en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pero su escándalo sirvió para levantar el resto de alfombras. Cuando la caja alincatina se rindió, el Banco de España acudió a su rescate con 2.800 millones más otros 3.000 de liquidez.
Antes de que el supervisor los destituyese de forma fulminante, sus consejeros se sumaron al ERE de la caja para marcharse con las espaldas bien cubiertas. Esto es, con 14 millones en concepto de prejubilación.
Roberto López Abad, ex director general, se embolsará entre 3,8 y 5,6 millones en función de los 700.000 euros que cobraba al año, según cifras sindicales. A dos millones por cabeza tocan Agustín Llorca, director general adjunto; Joaquín Meseguer, responsable de participaciones industriales; y Daniel Gil, del negocio inmobiliario. Vicente Soriano, responsable de recursos, y Gabriel Sagistrá, director general territorial, recibirán un millón y medio cada uno.
Esas cifras no tuvieron trascendencia hasta que los interventores del FROB destaparon en la CAM un agujero de 1.136 millones (además de 9.707 en créditos de dudoso cobro) y aplicaron un despido disciplinario a María Dolores Amorós, culpándola de mala gestión.
Entonces, la sustituta de Abad, con un sueldo de 593.040 euros al año, se rebeló y anunció que peleará en los tribunales por los 370.000 euros anuales de pensión vitalicia que se había puesto con el visto bueno de Modesto Crespo, presidente de la CAM hasta su intervención.

Créditos a familiares
Por si fuese poco, en 2010, en pleno proceso de recapitalización, la CAM repartió 4,9 millones de euros en concepto de créditos y avales entre los miembros del consejo de administración, sus familiares directos y sus empresas.
Solo un año antes, ese cantidad había sido de 22,8 millones, según los informes de gobierno corporativo de la entidad. Desde 2007, la cifra se eleva hasta los 71 millones.
Esa facilidad a la hora de conceder préstamos y garantías a la alta dirección fue también práctica habitual en Novacaixagalicia. Solo en 2010, sus consejeros se repartieron 80,5 millones, siendo los más beneficiados José García Costas (60,65 millones), Manuel Añón Rey (8,5), Juan Ramón Iglesias Fernández (4) y Alfonso Paz Andrade (3 millones).
Aunque la cifra verdaderamente astronómica se escondía en el capítulo de prejubilaciones. La caja gallega llevaba meses vendiendo parte de sus activos industriales para intentar reducir en unos 200 millones la inyección de dinero público, que al final ascendió a 2.456 millones más los 1.162 que recibió del FROB para la integración de Caixanova y Caixa Galicia.
Eso no impidió que su vieja cúpula se vaya a repartir 40 millones de euros. José Luis Pego, ex director general, recibirá 10,8 millones; Javier García Paredes, director general adjunto hasta la nacionalización de la caja, cobrará 5,5 millones; Gregorio Gorriarán, responsable del negocio inmobiliario, se embolsará 7,5 millones, y Óscar García Estrada, del plan de integración, recibirá 700.000 euros más una pensión vitalicia.
José Luis Méndez, tras ser durante 29 años el primer ejecutivo de la entidad, recibió 8,5 millones de euros netos, el dinero acumulado en su plan de pensiones durante su larga carrera en la entidad.
Renunció, no obstante, a una indemnización de 11 millones que le correspondían por su contrato de alta dirección como director general desde el año 85.
Los sustitutos, blindados
CatalunyaCaixa, nacionalizada el pasado 30 de septiembre, no fue una excepción. El grupo formado por las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa, con 1.250 millones del FROB y recapitalizado con otros 1.780, jubiló a su director general, Josep María Loza, con 11 millones. A su sucesor en el cargo, Adolf Todó, se le ha blindado ya con tres millones.
Así, poco a poco, la crisis ha ido desvelando las vergüenzas de las cajas. El primer «desnudo» se produjo la noche del 29 de marzo de 2009, cuando Caja Castilla-La Mancha (CCM) fue intervenida con 596 millones y un esquema de protección de activos de 2.475 millones, a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El regulador sancionó a su presidente, Juan Pedró Hernandez Moltó, y a Ildefonso Ortega, director general, con 150.000 euros y cinco años de inhabilitación cada uno. Moltó no tenía derecho a indemnización, pero tras la subasta de CCM y su adjudicación a Cajastur, Ortega fue readmitido de forma temporal y pactó su salida por 1 millón de euros.
Camino similar siguió la segunda caja intervenida. El Banco de España «tomó» Cajasur en la madrugada del 21 al 22 de mayo del 2010, asumiendo provisionalmente la administración de la entidad, hasta entonces bajo la tutela de la Iglesia. La sacó a subasta y la vendió a BBK, tras inyectarle eso sí 392 millones.
Su ex director general, el sacerdote Santiago Cabezas, exigió una indemnización de 1,1 millones de euros por despido improcedente y acoso laboral; recibió 300.000 euros. La Junta de Andalucía denunció sin éxito la jubilación de 2,9 millones del ex presidente de la entidad, Miguel Castillejo.
Hasta en las entidades felizmente recapitalizadas el monto pagado a sus directivos ha empañado ese proceso. Miguel Blesa abandonó la presidencia de Caja Madrid con 1,8 millones más; otro consejero, Enrique de la Torre, salió con 4,8.
La cifra hubiera sido más alta si Rodrigo Rato, al tomar las riendas de Bankia, apoyada con 4.465 millones del FROB, no hubiese cancelado un bonus de 25 millones aprobado en 2007 por Blesa como incentivo a sus consejeros. Lo que no impide pensar que los banqueros siempre ganan.

LOS GRANDES CARADURAS

ILDEFONSO ORTEGA, EX DIRECTOR GENERAL DE CCM. El supervisor destituyó al director general de la caja manchega tras su intervención. Ortega pactó su millonaria salida con Cajastur cuando esta compró CCM. 1 millón.
JOSÉ IGNACIO LAGARTOS, EX DTOR. GENERAL DE CAJA ESPAÑA. Los sindicatos denunciaron que podría haber recibido 400.000 euros más de lo estipulado en su contrato tras la fusión entre Caja España y Caja Duero. 1,3 millones.
MIGUEL CASTILLEJO, EX PRESIDENTE DE CAJASUR. La Junta de Andalucía denunció sin éxito la indemnización que recibió de la entidad cordobesa. El ex director general, Santiago Cabezas, cobró 300.000 euros. 2,9 millones
MIGUEL BLESA, EX PRESIDENTE DE CAJA MADRID. La vieja cúpula de Caja Madrid esperaba recibir los 25 millones en bonus pactados en 2007. A su llegada a Bankia, Rodrigo Rato canceló ese contrato. 1,8 millones
JOSEP MARÍA LOZA, EX DTOR. GRAL. CAIXA CATALUNYA. El sucesor en el cargo de Loza ya ha sido blindado por CatalunyaCaixa con una indemnización de 3 millones de euros, correspondiente a cinco años de salario. 11 millones
ROBERTO LÓPEZ ABAD, EX DIRECTOR GENERAL DE LA CAM. La Caja de Ahorros del Mediterráneo tuvo que desembolsar 14 millones para jubilar a Leza y a cinco altos directivos más de la entidad. 5,6 millones
MARÍA DOLORES AMORÓS, EX DIRECTORA GENERAL DE LA CAM. El FROB la destituyó por mala gestión tras intervenir la caja alicantina. Amorós exigirá en los tribunales su pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. 0,37 millones
JOSÉ LUIS PEGO, EX DIRECTOR GENERAL DE NCG. Cinco miembros de la vieja cúpula de la caja gallega, con Pego a la cabeza, se embolsarán cerca de 40 millones de euros en concepto de indemnización. 10,8 millones

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Periodista Digital