El Congreso de la Sociedad Civil, el castellano y la libertad lingüística

El pasado 30 de septiembre se celebró en Madrid un Congreso de la Sociedad Civil que reunió a organizaciones de todo tipo. Se trata de una iniciativa interesante, en línea con otras que han surgido en los últimos años con la finalidad de agrupar a las distintas iniciativas cívicas en torno a determinadas causas. Leo ahora que los organizadores del Congreso entregarán este jueves sus conclusiones en la Cámara Baja. En la web del Congreso se pueden leer esas conclusiones. La mayoría de ellas me parecen muy loables, pero me ha llamado la atención lo que dice el punto nº6 sobre el castellano y las demás lenguas españolas:

“6. El Articulo 3 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.

6.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y aprendizaje es irrenunciable.

6.2. Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.”

Se sustituye el derecho a usar el castellano por su uso ‘irrenunciable’

Ésta es la actual redacción de los apartados 1 y 2 de dicho Artículo 3 de la Constitución:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

Me choca que un Congreso de la Sociedad Civil reclame que el Estado recorte los derechos lingüísticos en vez de ampliarlos, especialmente cuando el problema que tenemos hoy en España es precisamente la tendencia de la clase política a decidir por los ciudadanos en estas cuestiones. Me choca también que el derecho a usar el castellano se pretenda sustituir por su uso “irrenunciable”. Yo soy gallego. Mi lengua materna es el castellano y mi segunda lengua es el gallego. Conozco a personas nacidas en el rural que han hablado en gallego toda su vida, sin que eso tenga relación alguna con determinada ideología. ¿Qué implicaría ese uso “irrenunciable”? Lo pregunto porque negar a alguien la posibilidad de usar otras lenguas distintas del castellano sería cercenar su libertad. En fin, me imagino que el problema se limita a una redacción desafortunada, porque la implementación literal de esa propuesta sería algo descabellado.

El Estado no puede seguir decidiendo por los padres

Por otra parte, muchos llevamos combatiendo desde hace años la idea de que el Estado decida por los padres el idioma en que han de ser escolarizados sus hijos. Lo que defendemos es que si unos padres prefieren escolarizar a sus hijos en gallego, en catalán, en vascuence o en valenciano, han de poder hacerlo y yo defiendo ese derecho igual que defiendo la posibilidad de que otros padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano.

En ese sentido, sí que aplaudo propuestas como la siguiente:

“Garantizar el ejercicio del derecho de los padres a elegir, en las regiones bilingües, la lengua vehicular en que sus hijos han de recibir preferentemente la enseñanza.”

Esto lo incluye el documento con las propuestas de la iniciativa VotaValores.org a los partidos políticos. Precisamente esa iniciativa, impulsada por HazteOir.org, se identifica con el contenido de la propuesta legislativa dada a conocer el mes pasado por Galicia Bilingüe, el Círculo Balear, la Asociación por la Tolerencia (Cataluña), la Plataforma Libertad de Elección (País Vasco) y la Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística a través de la web Unaleyparatodos.com. Esa propuesta legislativa dice en su Artículo 6:

“En los territorios en los que existan dos lenguas oficiales, los padres de los alumnos menores de edad tendrán derecho a elegir la lengua oficial en la que sus hijos reciban la enseñanza. El ejercicio de este derecho por parte de los padres requerirá que se tenga en cuenta la opinión de los hijos menores en función de su edad.”

Creo que lo deseable, al hacer un Congreso de la Sociedad Civil, es presentar propuestas que contribuyan a respetar los derechos de las personas, y no a cercenarlos. También sería recomendable tener en cuenta la labor que vienen defendiendo desde hace años organizaciones de la sociedad civil en Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia y Baleares como las citadas, cuyo trabajo se ha enfocado a defender no el castellano, sino la libertad.

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