Hay cosas que están ocurriendo ahora en España que tiene su origen en lo que pasó hace casi tres décadas. En octubre de 1982 el PSOE, con Felipe González, ganó por mayoría absoluta las Elecciones Generales, logrando 202 de los 350 escaños del Congreso. El PSOE se propuso entonces, igual que lo haría después con Zapatero, emprender medidas que vulneraban derechos fundamentales y eran contrarias a la Constitución. La primera fue aprobada un año después: un proyecto de ley para despenalizar el aborto casi en cualquier supuesto, liquidando de facto el derecho a la vida de los niños no nacidos.
Además de una fuerte respuesta social, ese proyecto, una vez aprobado, se topó con un recurso previo de inconstitucionalidad apoyado por 54 diputados encabezados por José María Ruiz-Gallardón, padre del actual alcalde de Madrid. Hace dos años conté aquí los pormenores de aquel recurso. Como resultado de ese recurso la ley no llegó a entrar en vigor con su redacción inicial, pues un año y medio después el Tribunal Constitucional dictaba la Sentencia 53/1985 que invalidaba dicho proyecto de ley, por ser “disconforme con la Constitución” al “incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución”. Como consecuencia de esa sentencia, en julio de 1985 se aprobó una nueva redacción de dicha ley. Para entonces el PSOE ya se había asegurado que el TC tendría las manos atadas de modo que no pudiese frenar la entrada en vigor de otra ley inconstitucional.
1984: El PSOE propone la eliminación del recurso previo
En octubre de 1984 los socialistas presentaron en el Congreso un proyecto para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad. De esta forma, el PSOE convertía cualquier abuso de poder en un hecho consumado. Aprovechándose de la mayoría absoluta que tenía -lo cual le permitía aprobar leyes orgánicas sin consensuarlas con el resto de partidos-, los socialistas inutilizarían así los mecanismos jurídicos existentes para frenar cualquier vulneración de la Constitución. En junio de 1985 el Congreso aprobaba la Ley Orgánica 4/1985 que eliminaba el recurso previo. A partir de entonces, una ley que vulnerase los derechos y libertades de los ciudadanos entraría en vigor sin que el TC pudiese impedirlo.
1985: Los socialistas se cargan la separación de poderes
Nada más eliminarse el recurso previo, los socialistas se lanzaron a desmantelar el marco constitucional a una gran velocidad. En julio de 1985, además de la citada Ley del Aborto, se aprobó también la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial pasaban a serlo por designación política. De esta forma, el PSOE liquidaba la independencia judicial en España. Alfonso Guerra lo comentó con sus famosas palabras de “¡Montesquieu ha muerto!”, refiriéndose al pensador ilustrado que formuló el axioma de la separación de poderes como freno contra los abusos de poder. Al mediatizarse políticamente el CGPJ, de carambola quedaba también controlado el Tribunal Constitucional. A partir de entonces se alargarían cada vez más los tiempos que el TC se tomaría para dictar sentencia sobre cualquier recurso presentado contra una ley. A modo de ejemplo, si el TC sólo tardó año y medio en resolver el recurso al proyecto de ley del aborto de 1983, en breve se cumplirán 6 años del recurso del PP contra la Ley Zerolo sin que haya aún una sentencia del TC.
2010: Los socialistas llaman a no acatar al Tribunal Constitucional
Pero al PSOE no le bastó con poner sordina al TC como órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Confiados en las reformas que hizo Felipe González para mediatizar políticamente la justicia, los socialistas no tuvieron ya reparos en presentar proyectos no ya de un cuestionable encaje en la Constitución, sino que colisionaban directamente con la Carta Magna. La prepotencia de los socialistas llegó a tales extremos como los que vimos en junio del año pasado. Una vez aprobado el nuevo Estatuto catalán, el TC invalidó una mínima parte de los contenidos de dicho Estatuto por considerarlos contrarios a la Constitución, en una sentencia llena de incongruencias con el fin de salvar el grueso del Estatuto. Pues bien: lejos de reconocer al atropello cometido al promover e incluso someter a referéndum un Estatuto con contenidos inconstitucionales, los socialistas llamaron directamente al desacato contra el TC. Pero el mayor gesto de prepotencia aún estaba por llegar.
2011: Rubalcaba quiere que se vulnere impunemente la Constitución
Ayer Rubalcaba anunció que cambiará la ley para impedir que el TC pueda invalidar otros Estatutos ya sometidos a referéndum. Eso implicaría negar a dicho Tribunal la posibilidad de ejercer las funciones para las que fue creado, blindando todo Estatuto por muy contrario que fuese a la Carta Magna: una aberración jurídica en toda regla.
La propuesta de Rubalcaba no sólo es una grave irresponsabilidad y un tiro de gracia contra nuestro marco de convivencia. Además, el anuncio de Rubalcaba retrata su deseo de que se puedan hacer reformas radicalmente antidemocráticas sin que el TC pueda removerlas. Alguno, a estas alturas, aún se preguntará cómo puede ser antidemocrático el resultado de unos comicios, olvidando quizás experiencias históricas como la llegada al poder de los nazis en Alemania por medio de unas elecciones en 1933, o el más reciente caso de la segregación racial en un país como Estados Unidos, medida respaldada en las urnas por los votantes de políticos racistas como George Wallace, dirigente del Partido Demócrata y Gobernador de Alabama, que en 1963 trató de impedir el acceso de estudiantes negros al Auditorio Foster de la Universidad de Alabama cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos le obligó a suprimir esas políticas racistas. Si se aprueba lo que propone Rubalcaba, podríamos ver en España agresiones a los derechos fundamentales como las que apoyaba Wallace en Alabama: bastaría que estuviesen respaldadas por un referéndum para que el TC tuviera que cruzarse de brazos. En fin, señores votantes socialistas: piénseselo bien antes de apoyar con su voto a ese majadero, porque lo que propone Rubalcaba implica que el voto al PSOE el próximo 20 de noviembre se convierta en una forma de suicidio político para cualquier demócrata.
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