La Unión de Guardias Civiles pedirá que se cite al equipo de audio que controlaba el coche de Elosúa.
Un dispositivo de escucha en el vehículo de Joseba Elosúa. Ésa fue la clave para que las Fuerzas de Seguridad tuvieran conocimiento de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía habían alertado al dueño del bar Faisán de Irún de la operación contra el aparato de extorsión de ETA que ya estaba preparada a ambos lados de la frontera franco-española.
El equipo de audio de la operación, que no es el mismo que el equipo de vídeo que tenía cámaras colocadas en los alrededores del Faisán, se quedó sorprendido al escuchar gracias a la baliza que tenían colocada en el coche de Elosúa lo que éste le contó el 4 de mayo de 2006 a su yerno, José Carmelo Luquín.
Según el dueño del Faisán, un ‘txakurra’ –perro en vasco, término despectivo con el que los proetarras se refieren a los fuerzas de seguridad– le había advertido de que la Policía sabía que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del dinero de la extorsión, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se le iba a detener a él y al enlace de ETA, José Antonio Cau.
El equipo de audio, compuesto por cuatro agentes, se puso rápidamente en contacto con el jefe del operativo, Carlos Germán, quien se presentó en el piso en el que se encontraba el equipo junto a su mano derecho, el por entonces inspector de Policía Enrique González Moreno. En el momento de su llegada sólo estaban tres de los policías, pues uno de ellos había salido de la vivienda.
A partir de ese momento hay dos versiones. La que defendió ante los tribunales el comisario José Cabanillas, por entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y superior de Germán, González Moreno y los agentes del equipo de audio. Según declaró, Germán quiso destruir las grabaciones que demuestran la existencia del chivatazo. La otra, defendida por Germán, según la cual él se puso en contacto con Cabanillas para que se informara al juez Marlaska, que dirigía la operación, y que su superior le dijo que se "estuviese quieto, que ya informarían ellos". Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional tardó tres días en ser informado del soplo.
Fuese como fuese, cinco años después de que se produjese la delación a los terroristas, ninguno de los magistrados que han llevado la causa del chivatazo a ETA –Fernando Grande Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz– han llamado a declarar al equipo de audio de aquella operación. Esos cuatro agentes podrían aclarar algunas de las grandes incógnitas que todavía siguen vigentes en la investigación del chivatazo.
Con el objetivo de corregir la anormalidad que supone que los descubridores del soplo a ETA no hayan pasado todavía por los juzgados, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), una de las acusaciones populares personadas en la causa, solicitará al juez Pablo Ruz, magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que llame a declarar a los cuatro agentes del equipo de audio.
Además, la asociación ya ha avanzado que tras escuchar estos testimonios es posible que solicite "nuevas diligencias que estamos convencidos, pueden suponer un cambio de rumbo en el procedimiento, y en definitiva, el esclarecimiento de la verdad, que es lo que nos importa a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a los ciudadanos que, con orgullo, servimos", aseguran.
Rubalcaba: "Gil Lázaro me recuerda a la canción de Bartolo"
Un dispositivo de escucha en el vehículo de Joseba Elosúa. Ésa fue la clave para que las Fuerzas de Seguridad tuvieran conocimiento de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía habían alertado al dueño del bar Faisán de Irún de la operación contra el aparato de extorsión de ETA que ya estaba preparada a ambos lados de la frontera franco-española.
El equipo de audio de la operación, que no es el mismo que el equipo de vídeo que tenía cámaras colocadas en los alrededores del Faisán, se quedó sorprendido al escuchar gracias a la baliza que tenían colocada en el coche de Elosúa lo que éste le contó el 4 de mayo de 2006 a su yerno, José Carmelo Luquín.
Según el dueño del Faisán, un ‘txakurra’ –perro en vasco, término despectivo con el que los proetarras se refieren a los fuerzas de seguridad– le había advertido de que la Policía sabía que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del dinero de la extorsión, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se le iba a detener a él y al enlace de ETA, José Antonio Cau.
El equipo de audio, compuesto por cuatro agentes, se puso rápidamente en contacto con el jefe del operativo, Carlos Germán, quien se presentó en el piso en el que se encontraba el equipo junto a su mano derecho, el por entonces inspector de Policía Enrique González Moreno. En el momento de su llegada sólo estaban tres de los policías, pues uno de ellos había salido de la vivienda.
A partir de ese momento hay dos versiones. La que defendió ante los tribunales el comisario José Cabanillas, por entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y superior de Germán, González Moreno y los agentes del equipo de audio. Según declaró, Germán quiso destruir las grabaciones que demuestran la existencia del chivatazo. La otra, defendida por Germán, según la cual él se puso en contacto con Cabanillas para que se informara al juez Marlaska, que dirigía la operación, y que su superior le dijo que se "estuviese quieto, que ya informarían ellos". Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional tardó tres días en ser informado del soplo.
Fuese como fuese, cinco años después de que se produjese la delación a los terroristas, ninguno de los magistrados que han llevado la causa del chivatazo a ETA –Fernando Grande Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz– han llamado a declarar al equipo de audio de aquella operación. Esos cuatro agentes podrían aclarar algunas de las grandes incógnitas que todavía siguen vigentes en la investigación del chivatazo.
Con el objetivo de corregir la anormalidad que supone que los descubridores del soplo a ETA no hayan pasado todavía por los juzgados, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), una de las acusaciones populares personadas en la causa, solicitará al juez Pablo Ruz, magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que llame a declarar a los cuatro agentes del equipo de audio.
Además, la asociación ya ha avanzado que tras escuchar estos testimonios es posible que solicite "nuevas diligencias que estamos convencidos, pueden suponer un cambio de rumbo en el procedimiento, y en definitiva, el esclarecimiento de la verdad, que es lo que nos importa a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a los ciudadanos que, con orgullo, servimos", aseguran.
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