El pasado 20 de octubre, el tribunal europeo consideró que el canon digital que se aplica en España a todos los equipos de reproducción adquiridos por empresas o profesionales para compensar a los autores, y que cobraba la SGAE, no era compatible con la legislación comunitaria, según la sentencia del 21/10/2010, asunto C-467/08. Cinco meses más tarde, el 24 de marzo de 2011, la Audiencia Nacional daba la razón a la UE anulando este impuesto.
Sin embargo, y pese a las sentencias contrarias procedentes de la Justicia, el ministerio de Cultura no devolverá a los españoles el pago del canon digital. Después de conocer la disposición de la Audiencia Nacional, González-Sinde anunció que habría que esperar a junio para decidir qué acciones llevar a cabo, pero la ministra ya tiene preparados los argumentos para justificar la negativa a compensar económicamente a los consumidores.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, Cultura utilizará el propio contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional como argumento a su favor. Voces autorizadas del ministerio explican que “en el texto no se hace ninguna mención a la obligación de devolución, por lo que no incumplimos de ninguna forma con la Justicia”.
Además, desde Cultura insistirán en que el motivo por el cual la Audiencia Nacional anuló la orden ministerial sobre el canon digital “se debió a efectos de forma, y no de contenidos”. González-Sinde querrá hacer ver que los tribunales no han hecho crítica alguna al fondo y finalidad del impuesto, sino a la redacción de la orden.
Las fuentes consultadas por ECD destacan que la ministra recordará que, según los datos de cobro del canon, “España sólo recauda por habitante 1.69 euros, por debajo de los 2,66 que se recaudan en Francia”. Así, y teniendo en cuenta las cifras aportadas por Economía y que en nuestro país hay 47.021.031 habitantes, la SGAE ha cobrado desde la imposición de este impuesto un total 79.465.542,40 euros.
Finalmente, Cultura justificará sus concesiones a la Sociedad General de Autores y Escritores alegando que “el contexto tecnológico actual necesita de un control por parte de las instituciones”, recordando el apoyo recibido por el Gobierno en la aprobación de medidas como la ‘Ley Sinde’.
Todos estos argumentos, insisten las fuentes consultadas, “deberán ser explicados por la ministra en los próximos meses en el Congreso y la UE, cuando se cumplan los plazos pedidos por el ministerio para tomar una decisión final sobre el canon”.
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