Fraude masivo en las ayudas de la UE al empleo gestionadas por la Junta andaluza



Griñán con Chaves

Se pagaba a empresas por contratar trabajadores que eran despedidos nada más cobrar la subvención.

La actuación de la Junta de Andalucía era cuando menos negligente o poco rigurosa, ya que en ningún caso cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social.

El «modus operandi» era bastante sencillo: una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta y contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención que estaba estipulada.

En efecto, el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio.

Según revela Pablo Muñoz en ABC, la actuación de la Junta de Andalucía era cuando menos negligente o poco rigurosa, ya que en ningún caso cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que no sabía -o no quería saber- si aquellos empleos que decía crear eran reales o virtuales, de apenas unos días.

Conocidos estos hechos, y sobre todo ante la certeza de que este tipo de subvenciones habían llegado no solo a Cádiz sino también al resto de provincias de la Comunidad, entraron en juego los especialistas d ela Guardia Civil, que están levantando "todo el pastel".

Ya se han detectado «paralelismos» en el resto de las provincias andaluzas, si bien hay que insistir en que en estos momentos aún se está en las primeras fases del trabajo.

Las pesquisas alcanzan a cientos de empresas -podría superar el millar-, aunque no todas ellas, aunque cobraron, actuaron de forma fraudulenta.

Es llamativo el hecho de que ninguna de las irregularidades detectadas haya sido denunciada por trabajadores que se quedaban en el paro muy poco tiempo después de ser contratados, lo que se atribuye a que se trataba de personas «con poca preparación» o a que de alguna forma, por el motivo que fuera, consintieron los hechos.

Entre los interrogantes que están abiertos y en los que se centra la investigación está la posibilidad de que haya existido intermediarios entre las empresas que se beneficiaban de las subvenciones y la Junta de Andalucía, que gestionaba los fondos de la Unión Europea.

ABC