TRAS NEGARSE EN REPETIDAS OCASIONES A PROPUESTAS SIMILARES DE IU Y UPYD.
Uno tras otro, los partidos políticos se están apuntando a la corriente de opinión que exige eliminar los privilegios de los políticos. El último en pronunciarse ha sido el PSOE, que este miércoles ha presentado su propuesta para hacer público el patrimonio y las rentas de los parlamentarios, pedir dedicación exclusiva, acabar con el complemento de las pensiones y modificar la indemnización por cese que reciben al dejar su escaño. Pese a negarse en repetidas ocasiones en el Congreso y en el Senado, la presión social ha conseguido que el Grupo Socialista comulgue con las exigencias de IU y UPyD, formaciones que hasta ahora abanderaban la lucha por la transparencia de los legisladores.
Según explicó en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, son propuestas que persiguen "la transparencia absoluta" en cuanto a los ingresos de los parlamentarios y trasladar confianza a los ciudadanos, que son quienes eligen a sus representantes públicos. Para ello, sugiere la publicación íntegra del patrimonio, las rentas y la participación en sociedades de los parlamentarios y de la unidad familiar de éstos, lo que incluye al cónyuge y a los hijos a cargo. La publicación debería hacerse de manera periódica y, en todo caso, siempre que se produzca una variación sustancial del patrimonio.
Y, además, que se modifique el actual régimen de cesantía que se paga "a tanto alzado", de manera que sólo puedan cobrar "mes a mes" una prestación aquellos diputados que abandonan la actividad política en tanto no encuentren otro trabajo, con un máximo de dos mensualidades por cada año de ejercicio. Ha rechazado en este sentido que los dos meses propuestos por año supongan un privilegio en comparación con los 45 días por año trabajado que recibe un trabajador despedido de manera improcedente.
El PSOE aboga también por eliminar el complemento para que un parlamentario cobre la pensión máxima tras haber estado siete años ocupando un escaño en la Cámara Baja, lo que no tendría en ningún caso carácter retroactivo, por lo que los 80 que ahora lo perciben lo podrían seguir manteniendo. Respecto al régimen de incompatibilidades, la idea de los socialistas es que se aplique "de modo estricto y exigente", a fin de que para autorizar una actividad privada ajena a la parlamentaria se tenga en cuenta la retribución que se vaya a percibir por la misma y el tiempo estimado que se va a dedicar. A modo de ejemplo, Alonso ha señalado que no puede tener el mismo tratamiento el caso de un diputado que quiere dar clase en la universidad un día a la semana que el de quien va a trabajar ocho horas diarias en una empresa por 200.000 euros al año.
El PP duda sobre las incompatibilidades
Por su parte, el PP, después de que Mariano Rajoy reabriera este debate en la pasada Convención de Sevilla, da prioridad a eliminar el complemento para obtener la pensión máxima, y no ha concretado una propuesta sobre el régimen de incompatibilidades. No obstante, los populares pretenden que se publique el patrimonio de los diputados en el BOE, como sucede con los miembros del Gobierno.
Será ahora José Bono quien, tras recibir las propuestas de los grupos, formule las sugerencias pertinentes, que podrían materializarse mediante un simple acuerdo político o que, dependiendo de su carácter, podrían requerir la modificación del reglamento de la Cámara o incluso de la Ley Electoral.
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