Las Cortes gastan cada año algo más de un millón de euros en complementar la pensión de 81 diputados y senadores que no llegan a la pensión máxima. La identidad de dichos parlamentarios se mantiene en secreto para preservar su derecho a la intimidad, según justificó un portavoz del Congreso. Manuel Alba, secretario general de la Cámara y responsable en última instancia de la gestión de dichos complementos, declinó comentar estos datos .
Los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, han pedido iniciativas a los grupos parlamentarios para evitar el “daño injusto” que está sufriendo la imagen de sus señorías por los privilegios de que disfrutan en comparación con el resto de ciudadanos.
Desde las Cortes Constituyentes de 1977 ha habido 3.609 parlamentarios (1.985 diputados y 1.915 senadores) de los que 81 cobran en este momento un complemento a su pensión pública con cargo a los presupuestos de las cámaras. Son diputados y senadores ya jubilados a los que su base de cotización o el tiempo cotizado en su actividad profesional no les alcanza para tener derecho a la pensión máxima (2.466,20 euros mensuales). La diferencia entre la pensión que les corresponde por su vida laboral y la pensión máxima la pagan las Cortes. Es lo que se denomina “pensión parlamentaria”, que en este momento supone 1.066 euros mensuales de media para cada uno de los 81 beneficiarios y supone un gasto total de 1.3036.152 euros anuales. Eso sí, con algunas salvedades. Si el diputado o senador acumularon una antigüedad de entre 7 y 9 años, las Cortes le abonan el 80% de la citada diferencia. Si su actividad parlamentaria se prolongó entre 9 y 11 le pagan el 90%, y suman más de 11 años como representantes de la soberanía popular tienen asegurado el 100%. Si el cese como parlamentario se produce con 55 años y no tiene trabajo, las Cortes le pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que complete el periodo necesario para tener derecho a la jubilación. Además, sus señorías pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años si han cotizado durante 40, según establece el “Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económica a favor de los ex parlamentarios” aprobado por las mesas del Congreso y Senado en julio de 2006.
Bono pide iniciativas a los grupos parlamentarios.
La polémica sobre las ventajas de que gozan nuestro parlamentarios frente al resto de ciudadanos se ha suscitado en pleno debate político sobre la reforma de las pensiones, que el Gobierno aprobará el próximo viernes con o sin acuerdo con los sindicatos. Su punto más conflictivo es el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, salvo en caso de carreras laborales muy prolongada (el Ejecutivo pretende que se entienda como tal haber cotizado a la Seguridad Social durante 41 años), en cuyo caso se mantendrá en los actuales 65 años.
José Bono, presidente del Congreso, y Javier Rojo, del Senado, han decidido tomar cartas en el asunto para preservar “la dignidad de los diputados”, después de que varios parlamentarios hayan reclamado en público mayor transparencia y la supresión de los privilegios de que disfrutan. En una carta remitida ayer a los grupos parlamentarios de ambas cámaras piden que en el plazo de 15 días les hagan llegar las iniciativas que consideren oportunas sobre tres cuestiones concretas: el citado Reglamento de Pensiones Parlamentarias; el Régimen de incompatibilidades de los diputados, que según la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General (LOREG) “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta”, pese a lo cual algunos tienen otras actividades profesionales para las que han sido autorizados, y sobre la conveniencia de hacer públicos (en el Boletín Oficial y/o en la página web) el patrimonio y rentas que declaran los parlamentarios en el Registro de Intereses, que no es público. Bono señala en su carta que una vez recibidas las propuestas “les daré el tratamiento reglamentario y legal que proceda”.
José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, manifestó ayer que “si hay algún privilegio se debe cortar; pero por razones de justicia y equidad, si hay situaciones de necesidad de gente que ha dedicado al servicio público buena parte de su vida, con limpieza y honestidad, es lógico que no se les deje en la calle una vez que acaba su tarea política”.
Carlos Fonseca/El Confidencial
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