Cajasur incurrió en «una arriesgada política crediticia» durante años que se plasmó en un «desmesurado crecimiento» de su morosidad que no se pudo frenar, pues fue «incapaz» de crear «estructuras organizativas y de control interno». En síntesis, ese es el duro relato de lo sucedido en la entidad que hace el Banco de España en la documentación que acaba de remitir a los 35 ex consejeros y 5 ex directores generales a los que ha expedientado y a la que ha tenido acceso ABC.
La máxima autoridad bancaria investiga a los dos últimos consejos de administración de Cajasur: el que presidió Juan Moreno (de julio de 2005 a enero de 2007) y el siguiente, el de Santiago Gómez Sierra (hasta la intervención en mayo de 2010). Pero su relato de los hechos se remonta a 2004. Entonces, dirigía la caja Miguel Castillejo, que fue su responsable casi 30 años —hasta julio de 2005—.
El Banco de España, según la documentación remitida a los expedientados, indica que fue su inspección de septiembre de 2004 a Cajasur la que cambió todo. Tras ella, elevó su perfil de riesgo de «medio» a «alto», pues apreció una «arriesgada política crediticia». Eso había llevado a la entidad a una tasa de morosidad, pese al «boom» económico, del 3,5% frente a la media del 0,6% del global de cajas.
Autoexculpación
Ahora bien, en este documento la máxima autoridad bancaria advierte de que, siendo su situación relevante, lo «verdaderamente preocupante» fueron las «deficiencias» de control interno y de gestión detectadas en 2004. Desvela errores clamorosos como que Cajasur en su estudio de análisis y riesgos «no contemplaba la solvencia y la capacidad de pago» de quienes iban a recibir el crédito. De hecho, denuncia que los informes al respecto «carecían de trascendencia» en la gestión de riesgos.
Avisa de que no tenía tampoco una política que contemplara límites al asumir riesgos con determinados sectores o grupos. Así, a 31 de agosto de 2004, «la concentración de la inversión crediticia en el segmento del riesgo promotor y de compraventa de suelo era del 22%». O sea, ya estaba «muy enladrillada», uno de los lastres que acabó llevando a su intervención.
Añade que la entidad hacía «operaciones especulativas» inmobiliarias. El origen estaba en su área de empresas participadas —su holding—. Dichas operaciones «incluían apoyos financieros y la dependencia comercial y de gestión entre sus firmas participadas y las de promotores inmobiliarios de la zona». En noviembre de 2004, tenía riesgos con tres grupos empresariales, dedicados a la construcción, que suponían el «39%, 38% y 31%, respectivamente, de los recursos de la caja», cuando el Banco de España recomienda no superar el 25%.
El panorama se veía empeorado con las «importantes deficiencias» de su estructura. Entre ellas, destacaba que «los medios de la auditoría interna de los servicios centrales y las empresas participadas eran deficientes, constatándose restricciones a su labor en determinadas áreas bajo la dependencia directa del presidente».
Igualmente, alerta de que las decisiones de inversión, especialmente en la compraventa de inmuebles, «no se tomaban de forma colegiada» y de que la información al consejo en operaciones de inversión era «escasa».
Los buenos resultados permitieron afrontar las dotaciones exigidas para los activos reclasificados como dudosos, pero dejaban ya a Cajasur en una situación peor que el resto de cajas. De hecho, en abril de 2005, el regulador bancario le comunicó que su riesgo pasaba a nivel «alto» por el «volumen de recursos dedicado a financiar» actividades de construcción o la «ineficiencia» de sus controles.
Instó a Cajasur a tomar una serie de medidas de cara a mejorar su situación. Para evaluar el cumplimiento de sus instrucciones, el Banco de España estableció un «especial seguimiento» de la caja con inspecciones anuales de 2005 a 2008 —en 2009, por su delicadísimo estado, ya la encaminó hacia una fusión que fracasó—. Pero, la entidad siguió «careciendo de procedimientos de control adecuados y eficaces». De hecho, hubo sucesivos requerimientos a Cajasur por «la falta de compromiso del consejo» para cumplir con «una gestión eficiente y prudente».
Y el Banco de España se autoexculpa de las críticas a su supervisión de la caja, que tuvo que ser intervenida, saneada de emergencia y vendida. Argumenta que, dado que la entidad «no llegó a aplicar con rigor» mecanismos eficaces de control interno, las «pérdidas crediticias no pudieron ser detectadas a tiempo o valorarse correctamente». Ello, reconoce, «dificultó la gestión y el control de la exposición de la caja al riesgo de crédito, lo que condujo a su progresiva debilidad y llegó a afectar a su viabilidad».
Lamenta que la «arriesgada política crediticia», detectada desde 2004, «continuó materializándose, pese a nuestros requerimientos, en una morosidad muy superior a la media de las cajas y en déficits de la cobertura de insolvencias». Y refresca los datos de mora. Arranca por el de septiembre de 2005 —2,7% en la caja y 0,7% en el sector— y acaba en diciembre de 2009: 10,4% de Cajasur y 5% de media.
Finaliza con una sentencia: el aumento «desmesurado» de la morosidad «obedeció a la incapacidad» de la entidad para crear «estructuras organizativas y procesos de control interno» que contuvieran dicha subida. El Banco de España ha abierto la «caja» de los truenos y se avecina tormenta.
Los avisos del Banco de España en 2004
«El análisis de los riesgos no incluía la solvencia y capacidad de pago de los acreditados. Los informes carecían de trascendencia en la gestión de riesgos»
«La caja no tenía políticas formales que contemplaran límites al asumir riesgos con determinados sectores o grupos»
«Hay importantes deficiencias en la estructura organizativa de Cajasur. No hay segregación de funciones entre las áreas comercial y de control \[...\]. Los medios de la auditoría interna de los servicios centrales y las empresas participadas eran deficientes»
«La información al consejo de Cajasur en relación con las operaciones de inversión sometidas a su aprobación era escasa»
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