No es funcionario todo lo que reluce o el verdadero cáncer de la función pública

El anuncio por parte del Ejecutivo socialista de la rebaja en el sueldo de los funcionarios públicos ha ocasionado, no sin razón, un enorme revuelo entre gran parte del personal de la Administración Central y Autonómica Andaluza. Se trata sin duda de una ruptura con esa errada o acertada convención social de que se trata de una casta privilegiada sujeta a una serie de prebendas y beneficios que superan con creces las que disfrutan el común de los mortales, una percepción que ignora las dificultades de acceso al puesto, por una parte, y la oferta del mismo, con carácter general, a todos los que reúnan las condiciones adecuadas para optar a él, por otra. El debate es amplísimo y está sujeto a la pléyade de experiencias profesionales y vitales de cada uno de los que pueden aportar al mismo una opinión fundada. Sin embargo, es precisamente la diversidad que encierra la función pública la que se encuentra en el germen de esta pieza de hoy, que someto a su acertada consideración.


La clave me la da el interesante reportaje publicado por Anaí Gracia en  El Confidencial el pasado 30 de mayo. Bajo el paraguas de un titular con gancho, “somos mileuristas explotados”, la autora hace un interesante repaso sobre la situación de los empleados administrativos con objeto de desmontar los mitos construidos alrededor del colectivo. Con independencia de que uno no puede por menos de comulgar con la crítica de que tiene más sentido corregir otros excesos, como duplicidades o subvenciones, antes de entrar a recortar la renta disponible de los funcionarios, es evidente al calor del propio artículo que el concepto funcionarial se ha desvirtuado de forma flagrante con el paso del tiempo, incapaz de adecuarse a los tiempos que corren. Para muestra un botón: “Los auxiliares y celadores no llegan a mileuristas”, señala la pieza. He ahí la cuestión: ¿deben ser parte del entramado de la Administración desempeños no cualificados o aquellos que, requiriendo una formación específica, viven una oferta profesional muy superior a la demanda puntual de los organismos públicos?

Rafael,un vecino de mi comunidad me da la respuesta al referirme una conversación con su padre, arquitecto municipal recién jubilado, sobre la iniciativa gubernamental. Cito literalmente: “Me contaba indignado cómo se había ampliado durante años el concepto de funcionario. Según él, el funcionario debe ser aquel trabajador público que tiene capacidad de ejercer a autoridad por encima de las presiones de los políticos o los particulares. En su caso, como arquitecto municipal, tenía la autoridad de dar licencias de obras o denegarlas en caso de no cumplir las normas de construcción. En otros casos, los secretarios o los interventores municipales pueden no aprobar las cuentas públicas de un ayuntamiento o una administración etc. En definitiva, el concepto de funcionario estaba restringido, por lo menos hace 30 años, a trabajadores públicos con formación universitaria. Pero en los últimos años se ha extendido. Hoy, en España, es funcionario una secretaria, un administrativo, la señora de la limpieza, un jardinero, un técnico de mantenimiento o  un  celador de Hospital. O sea, personal público que en ningún momento tiene que ejercer la autoridad. Estos trabajadores deberían estar contratados por la administración pública pero en el régimen laboral general, el mismo que regula las relaciones en una empresa privada”.

Es evidente que la actual crisis va a obligar a introducir criterios de gestión profesional en todas las Administraciones, al recobrar su importancia la cuenta de pérdidas y ganancias, por la necesidad de recortar déficit, y la situación del balance, ante la obligación de controlar la deuda. Al igual que no tiene sentido tratar de aumentar la recaudación fiscal por la vía impositiva sin un compromiso preliminar y efectivo de lucha contra el fraude tributario, tampoco es lógico que se construya la casa del gasto público desde los recortes salariales y no desde la implantación preliminar de modelos de eficacia y coste. Una vez configurado el marco, toca proceder con las actuaciones específicas y no al revés. Y más en el siglo XXI en el que las posibilidades de racionalizar servicios y plantillas gracias a los desarrollos informáticos se multiplican exponencialmente. Sin embargo que nadie dude de que, del resultado de tal ejercicio, se derivará una revisión de la amplitud del concepto de empleado público con los consecuentes daminificados. Hora de racionalizar lo que no es racional. Ya toca.