José Bono, presidente del Congreso y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha durante seis legislaturas, omitió en su declaración de actividades su condición de propietario de una hípica de relumbrón en las cercanías de Toledo, a pesar de que ésta produjo 316.000 euros de resultados en sus cuentas de 2008 y de que en el sector hípico se la considere empresa de primera categoría en la zona. Bono (Salobre, 1950) se ufanaba hace pocas semanas de que “los políticos son el colectivo más transparente y honrado”, aunque no predique con el ejemplo.
Bono Martínez es propietario de la Hípica Almenara SL; así como apoderado de La Atalaya 52 SL, actividades que no declara entre las privadas, a pesar de que así lo exige el artículo 160, en su apartado C, que precisa: “La declaración de actividades incluirá en general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”.
Puede discutirse si ser administrador de una empresa con aspecto de patrimonial como La Atalaya 52 –con sede en su propio domicilio de Olías del Rey (Toledo)– puede proporcionar ingresos. Pero no declarar entre sus actividades la condición de propietario de un negocio boyante como la Hípica de los alrededores de Toledo, repleta –como está– de caballos de pura raza y de clientes distinguidos, suena a que Bono cree bien poco en esas declaraciones que exhibe ufano en la Cámara.
La Sociedad Hípica Almenara –situada a siete kilómetros de Toledo, dirección Ocaña– presentó una cifra de ventas en 2008 de 295.683,67 euros, sobre un activo total de 2,2 millones de euros y produjo un resultado de 316.100,3 euros. Tenía seis empleados. La sociedad se dedica a explotar fincas rústicas y ganaderas, a organizar eventos sociales, deportivos y de ocio y a todo lo que esté relacionado con la hípica: pupilaje, estancia, cuidados, transporte, doma y alquiler de equinos. En las obras de la empresa de Bono hace pocos años intervino de forma importante la empresa Onde 2000, de Francisco Hernando, el Pocero.
¿Qué hay de la transparencia? ¿Se ha dado cuenta José Bono de que la ley hace mención a “cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”? No declarar es entonces una falta de transparencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Bono es titular del 80% de la empresa Hípica Almenara, con lo que se retribuye o se puede retribuir el 80% de los dividendos del negocio hípico. El resto de los accionistas son sus cuatro hijos a razón de un 5% cada uno.
Cuando las encuestas del CIS hablan de que los españoles sitúan como causa de preocupación a la clase política, no sólo se refieren a los casos de corrupción, sino a un aroma de cinismo en el que se protegen con cualquier clase de subterfugio. Venimos de una legislación que permitía dar publicidad a las declaraciones de actividades (ley orgánica 5/1985, de 19 de junio), aunque luego se cercenaba esa posibilidad restringiendo el acceso a esas declaraciones. Las Mesas de Congreso y Senado supieron llegar a un acuerdo para que se mostraran las “vergüenzas” de los electos. Sólo previo escrito “razonado” y autorización de la Mesa. Aun superando todas esas trabas, sólo podían ser vistas en presencia de funcionario y sin posibilidad de fotocopiarla.
Así supimos vivir los españoles 19 años. Sin poder echar la cuenta de lo que tiene éste o aquel parlamentario. Pero el Congreso aprobó el pasado 21 de noviembre –sin votos en contra– el primer dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, al que todos los ciudadanos tendrían acceso para conocer las actividades al margen de la labor parlamentaria de los diputados.
El propio presidente de la Cámara, José Bono, justificó la iniciativa subrayando: “España es una sociedad abierta y transparente que exige que sus instituciones lo sean cada vez más” y que gracias a ella se “remueven los obstáculos” que hasta ahora impedían dar publicidad a las sesiones plenarias en que se debaten los dictámenes sobre incompatibilidades de los diputados. Sin embargo, en su declaración se le olvidaron dos cosas: dos actividades privadas que producen o pueden producir ingresos.
Otra cosa es que estos ingresos no resuelvan el “murmullo urbano” suscitado en torno al supuesto inmenso patrimonio acumulado por Bono, hijo de alcalde falangista y convertido en político de la izquierda española. Quizá se apoya en signos externos –como le pasó a Aznar– ya que la boda de su hija, Amelia Bono, con Manuel –hijo de Raphael– dio pábulo a mucha conjetura sobre el enriquecimiento de los Bono, luego favorecida por la compra de un lujoso piso para su hijo.
Y eso que de Bono deberíamos conocer bien sus ingresos. Depende de la vida pública desde 1979, cuando se convirtió en diputado del PSOE por Albacete (tenía 29 años). Antes sólo fue pasante, tras acabar sus estudios de Economía y Derecho en Icade. Su salario también era público cuando ejerció de virrey manchego (1983-2004), luego en el Consejo de Estado y por último como presidente del Congreso.
Bono superó –sin salpicaduras– el hundimiento de Caja Castilla La Mancha, cuyo presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era de su clan político. Moltó había sido presidente regional del PSOE durante ocho años, pero luego fracasó en su intento de convertirse en alcalde de Toledo. Le venció el candidato del PP, José Manuel Molina. El PP ganó también la Diputación; lo que dejaba a Moltó compuesto y sin silla. Bono le sitúo en la presidencia de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la gran financiadora del boom de la construcción en la región, ribeteado con episodios como el de Seseña o con megalómanos proyectos como el aeropuerto de Ciudad Real.
A título personal, Bono cultivó excelentes relaciones con empresarios de la construcción y del sector de las renovables. Los Entrecanales (Acciona); los Del Pino (Ferrovial); las Koplowitz (FCC); Íñigo de Oriol (Iberdrola); a otros más regionales como: Sánchez Domínguez (Sando); Aurelio González (AG); Francisco Hernando o Ignacio Barco.
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