El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela notificó la semana pasada a Garzón un auto en el que le acusa de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar crímenes y desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
El editorial explica someramente lo ocurrido en España y cómo Garzón "fue encausado la semana pasada por su investigación de las ejecuciones y desapariciones durante la Guerra Civil" española.
Recuerda que "un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia le acusó de manipulación de la justicia y abuso de sus atribuciones" y de "ignorar una amnistía de 1977 en relación con las atrocidades vinculadas con la dictadura de Francisco Franco".
"Por tanto, queda demostrado que sí hay limites a la jurisdicción española. Al menos en España", destaca el artículo, que a continuación se refiere al concepto de "jurisdicción universal".
El WSJ explica cómo Garzón se hizo célebre mundialmente cuando en 1998 emitió una orden de arresto que llevó a la detención en el Reino Unido del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"La orden se sustentó en el concepto de la 'jurisdicción universal' por el cual un juez en cualquier Estado tendría jurisdicción sobre un individuo de otro estado sospechoso por la comisión de ciertas clases de crímenes", argumenta el editorial.
Después de aquello, el diario indica cómo este "juez hiperactivo" "se ha lanzado" tanto contra Osama bin Laden, como contra oficiales militares argentinos o el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, además de que el año pasado abrió procedimientos contra ex funcionarios de la Adminitración Bush por denuncias de "torturas".
Si es legal que un juez español reabra ahora asuntos de la Guerra Civil registrada en España hace 70 años, "lo resolverán los españoles, en España bajo la ley española", dice el editorial.
En opinión del diario "eso es perfectamente correcto" y expresa su esperanza "de que los imitadores de Garzón muestren el mismo respeto hacia otros países".
El pasado día 10, Garzón recurrió ante el Supremo alegando que los grupos que le han acusado tienen "motivaciones ideológicas" y que los argumentos expuestos por Varela en el auto suponen "un serio riesgo a la independencia judicial".
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