Las Fuerzas de Seguridad del Estado creen que Nicaragua puede estar convirtiéndose en el nuevo refugio etarra en Iberoamérica, después de que los gobiernos de Violeta Chamorro invirtieran la situación y dieran respuesta a las peticiones de entrega hechas por las autoridades españolas.
Según cuenta ABC, la vuelta al poder del sandinista Daniel Ortega en 2006 habría permitido a etarras huidos encontrar en suelo nicaragüense la tranquilidad perdida en otros países de la región, como México, plenamente comprometido en una política de cooperación antiterrorista con España. Un ejemplo de esta colaboración del gobierno mejicano fue la reciente expulsión del terrorista Juan Manuel Inciarte Gallardo, detenido en cuanto llegó al aeropuerto de Barajas y puesto a disposición judicial para responder de su implicación en seis asesinatos.
La creación de un nuevo santuario en Iberoamérica sería para ETA un apoyo logístico fundamental, precisamente cuando el apoyo internacional a esta banda terrorista ha caído a mínimos históricos, dando paso no sólo a un repudio generalizado de las opiniones públicas, sino también a nuevas políticas compartidas entre España y los países donde los etarras tenían mayor respaldo social e ideológico.
Como recuerda el editorial de ABC, La radicalización evidente del gobierno nicaragüense y su asociación a un movimiento regional de izquierda extremista son datos que deberían tenerse en cuenta como contexto de esta mudanza de terroristas de ETA. Si las FARC, que atacan despiadadamente a una democracia como la de Colombia, cuentan con simpatías e incluso apoyos cada día más explícitos de gobiernos vecinos, no sería extraño que esa simpatía por la violencia terrorista se extendiera también a la banda etarra.
La confirmación de esta nueva estrategia internacional de ETA debería ir seguida de una contundente respuesta del Gobierno español, olvidando sus indulgencias hacia los movimientos populistas de Iberoamérica y exigiendo garantías fiables a Daniel Ortega de que no está dando, por activa o por pasiva, amparo a etarras huidos de la justicia española. El retroceso organizativo de ETA tuvo un hito decisivo cuando los gobiernos europeos dejaron de verla como un «grupo armado» y empezaron a tratarla como un banda terrorista.
Según cuenta ABC, la vuelta al poder del sandinista Daniel Ortega en 2006 habría permitido a etarras huidos encontrar en suelo nicaragüense la tranquilidad perdida en otros países de la región, como México, plenamente comprometido en una política de cooperación antiterrorista con España. Un ejemplo de esta colaboración del gobierno mejicano fue la reciente expulsión del terrorista Juan Manuel Inciarte Gallardo, detenido en cuanto llegó al aeropuerto de Barajas y puesto a disposición judicial para responder de su implicación en seis asesinatos.
La creación de un nuevo santuario en Iberoamérica sería para ETA un apoyo logístico fundamental, precisamente cuando el apoyo internacional a esta banda terrorista ha caído a mínimos históricos, dando paso no sólo a un repudio generalizado de las opiniones públicas, sino también a nuevas políticas compartidas entre España y los países donde los etarras tenían mayor respaldo social e ideológico.
Como recuerda el editorial de ABC, La radicalización evidente del gobierno nicaragüense y su asociación a un movimiento regional de izquierda extremista son datos que deberían tenerse en cuenta como contexto de esta mudanza de terroristas de ETA. Si las FARC, que atacan despiadadamente a una democracia como la de Colombia, cuentan con simpatías e incluso apoyos cada día más explícitos de gobiernos vecinos, no sería extraño que esa simpatía por la violencia terrorista se extendiera también a la banda etarra.
La confirmación de esta nueva estrategia internacional de ETA debería ir seguida de una contundente respuesta del Gobierno español, olvidando sus indulgencias hacia los movimientos populistas de Iberoamérica y exigiendo garantías fiables a Daniel Ortega de que no está dando, por activa o por pasiva, amparo a etarras huidos de la justicia española. El retroceso organizativo de ETA tuvo un hito decisivo cuando los gobiernos europeos dejaron de verla como un «grupo armado» y empezaron a tratarla como un banda terrorista.
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