El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Efe).El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha revelado a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno los nombres de las siete cajas de ahorros que se encuentran en una situación más apurada y sobre las que el supervisor ha extremado la vigilancia, hasta el punto de pedirles un informe diario del movimiento de depósitos, según han confirmado a este diario varias fuentes conocedoras de la situación. Se trata de una entidad catalana, otra valenciana, otra andaluza, dos de Castilla y León y otras dos de comunidades donde tiene su sede una única caja de ahorros. El Banco de España a través de un comunicado niega, por el contrario, haber revelado dicha lista.
Estas entidades son las que tienen mayores problemas de morosidad y solvencia (menor capital), es decir, las que se encuentran en una situación más parecida a la de CCM antes de su intervención. Según la información transmitida por MAFO, las entidades están siendo sometidas a un escrutinio exhaustivo e incluso se están buscando soluciones para algunas. Dichas soluciones pasan en principio por fusiones con ayuda del dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque el propio gobernador se ha mostrado partidario de utilizar recursos públicos -el famoso fondo de reestructuración del sector- en caso de que el FGD sea insuficiente.
De esta forma, el supervisor estrecha todavía más el cerco sobre unas entidades a las que sigue muy de cerca con una inspección casi asfixiante, con presencia permanente de los inspectores en la sede de las entidades; cosa que siempre se ha hecho en las más grandes y que ahora se ha extendido a otras más pequeñas. El nuevo informe solicitado tiene como objetivo detectar a tiempo una eventual salida masiva de depósitos que haría necesaria una inyección de liquidez extraordinaria o, en caso extremo, otra intervención.
Este informe se añade al genérico de liquidez global que todas las entidades deben remitir diariamente al supervisor desde que estalló la crisis internacional en verano de 2007. Las fuentes consultadas explican que el informe que solicita ahora el Banco de España comprende la diferencia entre la compensación diaria de la cuenta que todas las entidades tienen en el Banco de España (en la que se reflejan todas las operaciones de cobros y pagos, así como las de los mercados de capitales) y el saldo neto de ingresos y reembolsos de depósitos. Dicho documento no está tipificado en ninguna circular del supervisor, que sólo establece que las entidades deben remitir esta información con carácter mensual.
Hay que recordar que el detonante de la intervención de CCM no fue su insostenible situación de solvencia -que arrastraba desde hacía meses- sino una fuga masiva de depósitos que obligó al Banco de España a facilitarle una provisión urgente de liquidez de 900 millones de euros para poder hacer frente a sus obligaciones más perentorias, según el informe de la intervención. De acuerdo con cifras de la propia entidad, en los tres primeros meses del año sus clientes retiraron 468 millones de euros.
Mala imagen del sector
Esta salida de depósitos se acentuó con las malas noticias sobre la entidad de los últimos meses, en especial las negociaciones con Unicaja para intentar salvarla mediante una fusión. Y dado que ahora estamos asistiendo a la publicación diaria de informaciones negativas sobre el sector (ayer mismo, la rebaja del rating de Cajasur al nivel de bono basura), el Banco de España no quiere arriesgarse a que se repita la situación.
Para agravar todavía más la situación, el propio presidente de la Confederación de las Cajas, Juan Ramón Quintás, no hace más que insistir en la necesidad de que el Gobierno se dé prisa en aprobar el fondo de rescate de entidades, así como en la solicitud de otras medidas como la relajación del calendario de provisiones o el aval a la emisión de preferentes. Todas ellas, encaminadas a aliviar la grave situación de solvencia del sector y a reducir el impacto de la morosidad.
MAFO echa más leña al fuego
Es más, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez reiteró ayer la necesidad de crear un instrumento más flexible que evite convocar un Consejo de Ministros cada vez que surja un problema dentro del sector financiero. Algo en lo que aseguró que coincide con la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y también repitió que es favorable a la utilización de recursos públicos en los casos en que no sea suficiente con el importe del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque su primera opción sigue siendo la de las fusiones de cajas.
Las fusiones y reestructuraciones de entidades fueron la principal receta propuesta ayer por MAFO en su intervención en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y ABC। Asimismo, abogó por una reducción de costes generalizada que comprenda el cierre de oficinas habida cuenta del sobredimensionamiento del sector, aunque admitió que esta medida es "necesaria pero no suficiente".
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