ABC.El objetivo de la presunta red de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena no se centraba de forma exclusiva en la emisión de recibos fraudulentos para sufragar noches ociosas en Marbella. De las escuchas telefónicas ordenadas por el juzgado de Instrucción número 1 de Baena se desprende que dos de los imputados, el supuesto «cerebro» de la trama, Rafael Santano, y el funcionario Juan Díaz, podrían haberse confabulado para beneficiar a determinadas empresas -entre ellas, la de J.G., el industrial que destapó la trama- a cambio de comisiones, extremo que, según fuentes cercanas al caso, está siendo investigado.
«Todo acordado»
Así, en una de las conversaciones entre los dos encausados sobre un proyecto, Santano, que llegó a hacer las veces de secretario del alcalde, Luis Moreno, insta a Díaz a que «cierre» el «asunto» con varios empresarios «a ver lo que pillas». A lo que su interlocutor le contesta: «Tendremos que pillar todos. Tendrá que pillar Antonio, tendrás que pillar tú, y . Tendremos que pillar todos».
El hombre de confianza del regidor dice, entonces, que «eso está ya andando, ¿eh? Eso va a empezar de aquí a «na»». Añade que «ya está todo acordado, han llegao a un acuerdo». Además, «la empresa que ya está casi llegando al punto de que ellos pueden empezar».
Su interés se centra en que se hable con un tal Antonio. «A ver si se nos va a escapar eso», le dice a Díaz, que lo tranquiliza apuntando que «ya hablo yo con él». Santano insiste: «Que son dineros, ¿eh?», y su interlocutor lo vuelve a aquietar: «Ya hablo yo con él».
Durante las comparecencias de ambos imputados ante el juzgado de Baena, una de las cuestiones se centró en los presuntos tratos de favor al empresario J.G.
En concreto, a Santano se le preguntó por «las obras que le daban al señor G.R. y se apartaban a otros licitadores».
El funcionario manifestó que «la relación de ese señor con el Ayuntamiento era igual que con cualquier otra persona, que no se le beneficiaba. Que quizá se le llamaba en primer lugar porque trabajaba bien, pero sólo para pedir presupuesto y porque el procedimiento así lo permitía», reza la declaración.
Igualmente, se le interrogó en relación «con los temas urbanizables, y en conversaciones obrantes en autos, si se beneficiaba a los que realizaban trabajos», a lo que contestó que «no tiene ninguna relación con urbanismo, que es imposible que dijera eso».
Actualmente, los últimos documentos solicitados por el juzgado en relación al caso de las presuntas facturas falsas y que ya tienen en su poder son los informes sobre el patrimonio de los encausados.
Además, la defensa de Santano y Díaz -cabe recordar que, junto a ellos, están encausados el presidente de una sociedad de cazadores de Baena y el industrial que denunció la trama- ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba para poder acceder a las escuchas, puesto que, hasta la fecha, tan sólo ha tenido conocimiento de las mismas a través de las transcripciones.
En lo que respecta al proceso abierto en junio de 2007 por la comisión de presuntos delitos de prevaricación contra la ordenación del territorio, en el que se encuentran imputadas cuatro personas, el último documento recepcionado por el juzgado es un certificado de uno de los encausados, Vicente Mejías, acusado de autorizar una construcción ilegal en 2003, que pone de manifiesto que en el periodo en que se levantó la edificación no era concejal. Importa reseñar que el caso de los recibos y el de la presunta trama de corrupción urbanística están enlazados, puesto que en las escuchas que el juez ordenó para comprobar la veracidad de las acusaciones contra los funcionarios que, presuntamente, manejaban la trama de las facturas, hay conferencias que guardan relación con el tema de las construcciones ilícitas.
1 comentario:
Independientemente de que sea o no cierto y se pueda o no probar (en todos los ayuntamientos hay basura, digo euros debajo de un colchon), ¡fijense en las fechas de iniciacion del proceso, ¿esto es justicia?, ya lo dijo Pacheco, "la justicia es un cachondeo", porque despues de dos años, a lo mejor hasta se han muerto los imputados.
¿Tan dificil sera ver el ordenamiento del territorio y saber si se han ceñido a el o no?, ¡por algo no soy yo juez!....
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