Los ciudadanos no se amedrentan fácilmente. Alrededor de 500 personas de diversos colectivos encabezados por la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines) se manifestaron ayer en la Isla de Arosa contra la construcción de Villa PSOE, un bloque de apartamentos de lujo entre cuyos futuros inquilinos figura José Blanco y otros destacados dirigentes socialistas. Ello a pesar de las "intensas" presiones recibidas por parte del alcalde de la localidad, José Manuel Vázquez (PSdeG), quien el pasado miércoles demandó a esta asociación por un delito contra el honor.
Tal y como informó este diario, el ático del secretario de Organización del PSOE es uno de los mejores inmuebles de la polémica promoción Residencial Illa de Arousa, un bloque de apartamentos erigido a escasos 20 metros del mar, lo que, según Cafines, vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley Gallega del Litoral. Resulta paradójico que las casas contiguas, con décadas de antigüedad, estén amenazadas por la misma Ley que parece no afectar a Villa PSOE.
“La demanda no nos preocupa para nada. Es más, nos da pie para empezar a pedir pruebas. No olvidemos que Feijóo -candidato popular a la Xunta de Galicia- ha declarado que el Fiscal General de Estado (Cándido Conde-Pumpido) tiene aquí un apartamento”, afirma José Carlos Piñeiro, un abogado que representa a Cafines.
El escándalo de Villa PSOE, "un inmueble totalmente legal", según declaró a este diario un portavoz de Blanco, ha irrumpido de lleno en la campaña electoral gallega para los comicios autonómicos del próximo 1 de marzo. No es para menos. Cafines ha denunciado la redacción ad hoc de un nuevo Plan Urbanístico para reconvertir el suelo rústico en urbano, lo que permite construir sin guardar la obligada distancia con la costa (100 metros). La asociación afirma que los terrenos bajo el bloque de apartamentos no eran urbanos antes de 1988, ni tampoco cuando se aprobó el Plan General definitvo de la Isla de Arosa en 2002.
"Hay gente que lleva viviendo siglos en la costa y sus viviendas se han visto afectadas por la Ley. Aquí, si eres socialista y del Gobierno, la vara de medir es diferente. Toda esta gente va a presentar una demanda contra Blanco, probablemente la semana que viene”, añade Piñeiro.
Cafines, que desde septiembre de 2007 ha solicitado de forma reiterada al Ayuntamiento de la Isla de Arosa documentación de las obras, asegura que la Xunta y el departamento de Costas abrieron expediente en su día e, incluso, obligaron a pagar multas a las viviendas que están detrás del edificio। La asociación promete que continuará su lucha. Mientras, aquellos que conocen bien la isla definen el bloque de apartamentos como "un atentado urbanístico que repugna, comparable con El Algarrobico”.
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