Uno de los policías expedientados utilizó a su madre para eludir la multa del chalé ilegal

A.B.C.CÓRDOBA. La investigación municipal llevada a cabo tras desvelar ABC que una pareja de policías locales se había construido un chalé ilegal sin que pesara sobre ellos una multa -hasta enero no se les sancionó- ha destapado una rocambolesca trama de documentos oficiales supuestamente falsificados, archivos informáticos de la Jefatura de la Seguridad Local desaparecidos, fechas de actas de denuncia de la patrulla de la Línea Verde proporcionadas por el Consistorio que no cuadran y que fueron alteradas adrede...
Por si fuera poco, al inagotable inventario de despropósitos que implican a cuatro de los cinco agentes expedientados por el Ayuntamiento, que han sido apartados temporalmente de sus funciones, se suma también una supuesta usurpación de la personalidad. Según fuentes municipales que han tenido acceso a las pesquisas instruidas por la secretaria general del Consistorio, uno de los citados agentes pudo falsificar la firma de su madre al objeto de endosarle la construcción irregular y encubrir así su responsabilidad como propietario de la vivienda por la infracción cometida.
Expedientes disciplinarios
De hecho, una nota del Ayuntamiento que envió ayer a la redacción poco antes del cierre de la edición constata que dos de los seis expedientes disciplinarios abiertos a los dos funcionarios del Cuerpo -son cinco los sancionados y trasladados- son por «obstaculizar la práctica del acta de infracción urbanística, aduciendo que era un tercer familiar el responsable de la misma». Uno de ellos fue, además, doblemente expedientado por «la posible simulación de la intervención de un tercero, familiar suyo, en el acta de Inspección Urbanística».
Todas estas actuaciones supuestamente ilícitas podrían desembocar en un proceso judicial intenso en el caso de que el fiscal de Córdoba, José Antonio Martín Caro, así lo decida a la vista del voluminoso informe elaborado por la instructora del Ayuntamiento y remitido a él el pasado martes.
Los indicios delictivos apuntan no sólo a una falsificación de documentos públicos derivada de la supuesta fabricación por parte de funcionarios de denuncias policiales con la fecha del 26 de septiembre, cuando en realidad se les impuso el 27 de diciembre tanto al matrimonio de efectivos de la Línea Verde como, según expuso la alcaldesa, Rosa Aguilar, a uno de sus escoltas que edificaron sin licencia en la misma finca de Torreblanca.
La investigación ordenada por el gobierno local y realizada por la secretaria general del Ayuntamiento revela, según las mismas fuentes, que uno de los agentes llegó a utilizar supuestamente a su madre para eludir, en su condición de miembro de un Cuerpo de seguridad local, aparecer como promotor de la casa ilegal, a pesar de ser propietario de la misma junto con su cónyuge.
Ambos formaban parte en ese momento de la unidad de protección del medio ambiente del Cuerpo, que se encarga precisamente de inspeccionar y denunciar los atropellos urbanísticos que se cometen en la ciudad, como sería su caso.
Con esta maniobra, de acuerdo con la transcripción de los hechos realizada por la instructora, el agente trató de eludir su responsabilidad en la infracción urbanística y la correspondiente multa por la obra cuando la patrulla encargada de las tareas de inspección urbanística en la zona se personó en su parcela para levantar el acta de denuncia.
La fecha de la misma es del 27 de diciembre, esto es, posterior a que el redactor de ABC solicitara información -tras abonar una tasa, como cualquier ciudadano- y recibiera la contestación oficial por escrito de la Oficina de Disciplina de Obras que constataba que no había acta de infracción y, como consecuencia, también habían sido sancionados, a pesar de que tanto la casa de la pareja como la del guardaespaldas llevaba meses edificada.
Como consecuencia de ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo puso en marcha un procedimiento administrativo contra la progenitora de uno de los dueños del chalé de Torreblanca e incluso llegó a notificarle a ella la sanción económica en su calidad de promotora y presunta autora de una infracción urbanística tipificada como grave en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por edificar sin permiso.
Se multó a la progenitora
En efecto, la multa de la Gerencia recayó, inicialmente, sobre la madre de uno de los agentes titulares de una porción de la parcela. Sin embargo, en febrero, su hijo presentó un escrito en Urbanismo retractándose del error y asumiendo la responsabilidad de la obra y, por tanto, de la infracción cometida y la multa impuesta.
El policía que supuestamente endosó la responsabilidad a su progenitora enmendó el entuerto una vez que ya estaban en marcha las pesquisas municipales y la captación de pruebas para aclarar si hubo o no «trato de favor» de la Policía Local a los agentes por las construcciones clandestinas.