sábado, 27 de octubre de 2018

EL DOCTOR CHISGARABÍS


Lamentablemente tenemos al frente del Gobierno a un sujeto lamentable; más que mentiroso, plagiario y presumido es un chisgarabís que improvisa cada vez que habla y siempre sin tener idea de nada. Por ello es inacabable el rosario de contradicciones que acumula en tan efímera visa política.
La imagen de la veleta le queda grande; demasiado alta para tan baja estatura moral. Siempre volátil a merced del viento, la veleta ostenta la dignidad de permanecer enhiesta sobre las cumbreras de torres o estaciones meteorológicas; el zascandil no, se muestra agazapado sabedor de su escuálida base.
Las vueltas del doctor chisgarabís son de piñón fijo que gira engrasado por el afán de permanecer en el poder. En esa meta tiene cifrada su ambición y a ella sacrifica cuanto sea menester, sin los matices con que el gran Macchiavello adornaba sus lecciones al príncipe.
Porque el doctor es tosco, aun cuando se desmienta con la soltura de la cantariña. Ayer tachaba al procés de golpe de estado como hoy lo devalúa, habla de endurecer las penas de la rebelión y también de limitarlas, pacta un techo de gasto, lo rompe firmando otro que vuelve a romper para terminar donde no sabe dónde porque se ha hecho un lío.
Todo es una broma si su insensatez no nos abocara a una tragedia. En contra de lo que prometió no hace cumplir la Ley que él mismo incumple. Ayuntamientos se manifiestan contra la forma política del Estado y al mequetrefe no se le ocurre mas que despenalizar las ofensas a la Corona y símbolos nacionales. Trata a las instituciones como meros medios para satisfacer sus fines, y así opera sobre RTVE, el CIS y con los cuerpos civiles y militares del Estado.
Pero lejos de detenerse en manipular la Administración que tiene encomendada, el jefe del Ejecutivo interfiere en los otros dos poderes del Estado. El Legislativo sufre su ninguneo al Congreso y el asalto a las facultades del Senado, y en cuanto al Judicial… ¡ay los brazos de la Ley!
Todo ello cubierto por una propaganda a la medida de la presuntuosa imagen que trata de cincelar a golpe de retratos haciendo como que hace; en helicóptero, y tras unas gafas de comandante de nave II Guerra Mundial, haciendo que estudia papeles, o sobre una camilla de estudio haciendo que dona sangre. Plagia al colega canadiense poniendo a una niña en su despacho, donde otro día se fotografía con Cook o Gere o quien haga falta, qué más da, mientras sea famoso.
Una broma que por lo que se ve tiene cautivado al partido que lo expulsó hace dos años por querer hacer exactamente lo que está haciendo: marchar al compás de una panda de comunistas y sediciosos nacionalistas a donde ni él debe de saber a dónde.
¿Hasta cuándo seguirán silentes González y GuerraMúgicaAlmuniaRubalcabaSolanaBonoSolchagaSolbes y tantos otros?
Federico Ysart ( ABC )
viñeta de Linda Galmor

viernes, 26 de octubre de 2018

ALGO QUE CELEBRAR


ALGO QUE CELEBRAR
En tiempos tan oscuros como los que nos afligen, cuando arrecian los rumores sobre una nueva rendición del Gobierno ante el golpismo catalán a través de la Abogacía del Estado, es más necesario que nunca celebrar las buenas noticias. Y la que nos ha brindado esta semana el Tribunal de Estrasburgo es de las que alegran el corazón y animan a recuperar la confianza perdida en la Justicia.
Ha tenido que salir de allí el peón enviado por Zapatero a hacer el trabajo sucio para que los etarras perdieran al fin su primera batalla. Porque, paradójica y repugnantemente, la Corte europea encargada de velar por los derechos humanos llevaba años respaldando las demandas de esos asesinos múltiples. Amparó al secuestrador de Gaby Cisneros, Arnaldo Otegi, cuando fue condenado por injuriar al Rey Don Juan Carlos, condenó a España por maltratar a varios sicarios del hacha y la serpiente, en cuyo «manual del buen terrorista» estaba la obligación de denunciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y apoyó la derogación de la doctrina Parot, requisito indispensable para que fueran excarcelados decenas de etarras mezclados con violadores multirreincidentes, muchos de los cuales han vuelto después a las andadas.
(Cabe recordar que el ejecutor de esa sentencia, cumplida de un día para otro pulverizando todos los récords de velocidad judicial, Fernando Grande Marlaska, fue premiado primero con la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y más recientemente con el Ministerio del Interior). Una y otra vez los togados de Estrasburgo deshonraron su cometido, despreciaron el sentido común y dieron más credibilidad a la palabra de los pistoleros que a las sentencias del Supremo, inducidos por un individuo llamado Luis López Guerra, jurista de cabecera del PSOE, cuyo cometido era satisfacer las exigencias de ETA en esa negociación infecta que algunos llaman «proceso de paz».
Y todavía ayer mismo el alter ego de ese presidente de infausta memoria alardeaba en el Congreso de la supuesta victoria conseguida frente al terrorismo por su maestro y mentor. ¿Victoria? ¡Lo que hizo Zapatero fue rendir nuestra dignidad y el derecho de las víctimas a la Justicia! Hasta hoy.
Sin la ayuda inestimable de López Guerra, los etarras se han topado al fin con un muro de decencia. Resulta difícil comprender que la misma ley merced a la cual fueron liberados Parot y otras escorias de su calaña sirva para mantener preso a Pakito, pero así es. Múgica Garmendia permanecerá entre rejas, hasta que termine de cumplir su condena, y el mismo destino aguarda a otros sesenta y nueve miembros de la banda que esperaban beneficiarse de un nuevo fallo favorable a sus intereses.
En ausencia del juez socialista, su principal valedor, los secuaces de ETA han visto fracasar por una vez sus pretensiones. La pena es que dos de los demandantes, Santiago Arróspide Sarasola «Santi Potros», y Alberto Plazaola Anduaga, ya andan sueltos por la calle. Potros fue condenado por cuarenta asesinatos probados a miles de años de reclusión, de los cuales cumplió treinta. La derogación de la doctrina Parot hizo que pagara menos de un año de cárcel por cada vida robada. ¿Y hay quién llama a eso «victoria»?
Isabel San Sebastián ( ABC )

ACOSO VERGONZOSO A LA JUSTICIA




El Tribunal Supremo ha dado por finalizada la investigación del golpe de octubre y ha ordenado la apertura de juicio oral a los 18 procesados. Pero mientras la Justicia hace su trabajo, el Ejecutivo está tratando de acosarlo por descarnado interés político. No se puede extraer otra conclusión del análisis de los últimos movimientos, desde la visita a la cárcel de Lledoners de Pablo Iglesias -de donde salió con un mensaje obsceno, de tan evidente: “Ahora le toca moverse al Gobierno”- hasta las incontables manifestaciones de dirigentes socialistas y ministros en contra de la calificación penal decidida por el Supremo: el delito de rebelión.
El mismo presidente del Gobierno apeló a Federico Trillo para justificar su cambio de postura, pues si en la oposición abogaba por la actualización del delito de rebelión que cubriera las modalidades golpistas ajenas al componente militar, no exhibe la misma contundencia ahora que ocupa La Moncloa gracias entre otros a los dos partidos que perpetraron la agresión al Estado de derecho y a la unidad.
Digámoslo con claridad. Estamos ante una operación política en la que participan todos los partidos que colaboraron en la moción de censura, con el PSOE a la cabeza. El partido que más años acumula al frente del Gobierno en democracia ha dado numerosas muestras en el pasado de no sentir demasiado respeto por la separación de poderes, del mismo modo que también el PP ha tratado de manejar a los jueces en su beneficio, y este periódico los ha criticado a ambos en tales circunstancias.
Pero no hay precedentes de lo que está ocurriendo: que el partido del Gobierno se alíe con los enemigos declarados del Estado para pactar, a cambio de poder presente y futuro, la impunidad de una intentona cuya gravedad se explica rápido: de haber fructificado, la España que conocemos habría desaparecido. Si no sucedió fue porque un puñado de jueces no se avino a enjuagues. Por eso el indulto no sería solo una humillación histórica: también el mejor acicate para otro golpe. Esto explica que el Supremo estalle contra las presiones ejercidas del Gobierno y advierta que “se está asimilando como normal la destrucción del Estado de derecho”.
Puesto que la Fiscalía se ha negado hasta la fecha a someterse al plan del Ejecutivo, Sánchez trata ahora de maniobrar con la Abogacía del Estado para que apoye la calificación de sedición, algo más benévola, junto con la malversación. Un gesto como el que Iglesias reclamaba y que Joan Tardà exigía como precio del respaldo de ERC a los Presupuestos. No se podrá decir de Sánchez que no hizo lo posible por aliviar el horizonte penal de los golpistas a cambio de seguir de presidente. Busca cimentar una coalición de fuerzas nacionalistas y populistas bajo el estandarte de una izquierda presunta que acordone al centroderecha en la oposición al precio de degradar las instituciones.

El Mundo

¿Hay que dar golpes de Estado para que te den más dinero?

La economía española empieza a tiritar, pero Pedro Sánchez decide premiar a los independentistas catalanes con el dinero de todos los españoles. Fácil, si seguimos el estólido razonamiento de su vicepresidenta Carmen Calvo: “El dinero público no es de nadie”. Pero sí, sí es de alguien, exactamente de todos los españoles que con sus impuestos contribuyen a afianzar servicios esenciales para el Estado como la Sanidad, la Educación o las Infraestructuras. Un dinero que Sánchez tiene a bien regalar a los que quieren romper España. Mientras la mayor parte de las comunidades cumplen con el objetivo de gasto y se comportan con arreglo a la ley, el actual jefe del Ejecutivo premia con 2.200 millones de euros al año a Torra y sus acólitos.
Da la sensación —perniciosa y triste sensación—  de que para que te den más dinero o te tomen en serio hay que dar golpes de Estado como el que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. ¿Qué pensarán los votantes del PSOE en Extremadura, carente de un tren digno? ¿Qué dirán en Andalucía, donde Susana Díaz trata de mantener la formación en modo ganador a pesar del desgobierno de Pedro Sánchez? No pueden sentir otra cosa que indignación con su secretario general al comprobar que una Generalitat dominada por el secesionismo se lleva un importante botín para arreglar sus infraestructuras y aplazar la deuda.
Pedro Sánchez sigue pagando cuantiosas prebendas a los golpistas con tal de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. La cuestión no es el interés general de los españoles, la clave está en los intereses particulares del presidente del Gobierno. Para ello, está dispuesto a disparar el gasto público y enlazar impuestazo tras impuestazo con tal de tener contentos a los que aseguran su permanencia, por muy exigua e hipotecada que sea, en La Moncloa. Ya lo decía William L. Mackenzie King: “Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy”. Y esos gravámenes atacarán a la clase media, a los autónomos que menos ingresan y a los inversores, asegurando así una nueva recesión que paralizará la economía. No obstante, a Pedro Sánchez le da igual. Con contar con el respaldo de sus socios, aunque traten de romper España, se asegura su personalísima poltrona presidencial.
okdiario

Pedro Sánchez hace apenas 5 meses: “Clarísimamente ha habido un delito de rebelión"

Sánchez en mayo: "Si no hay altercados públicos eso no significa que pueda haber un delito de rebelión como sí se produjo"

Calvo no descarta una reforma del delito de rebelión que exoneraría a los presos golpistas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, defendió el pasado mes de mayo que sí que hubo delito de rebelión y de sedición en Cataluña las semanas previas al referéndum ilegal del 1-O: “Clarísimamente ha habido un delito de rebelión”. Su frase contrasta con la que pronunció este miércoles en el Congreso: “El delito de rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”.
“Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se pueden entender como un delito de rebelión”, afirmó Sánchez el pasado 17 de mayo en una entrevista concedida a ‘Espejo Público’.
El 6 y 7 de septiembre de 2017, el Parlament de Cataluña aprobó la ley del referéndum con la que pretendían dar amparo legal a la consulta independentista del 1-O. Este referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional por ser ilegal. Esta ley se aprobó gracias a Junts pel Sí, la unión del actual PDeCAT con ERC, y a los antisistema de la CUP. Estos plenos fueron recordados por la tensión que se vivió con la oposición liderada por Ciudadanos.
“Lo que estamos viendo es que hay responsables públicos al frente de instituciones que lo que hacen es plantear la subversión del orden constitucional. Y ahí tendríamos que hacer distintas formas de entender el delito de rebelión con un agravante que es precisamente los altercados públicos, pero si no hay altercados públicos lógicamente eso no significa que pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo“, reiteraba Sánchez en esta misma entrevista.
Pero el actual presidente del Gobierno no se quedó ahí, puesto que abogó también por la extradición de los ex dirigentes del Govern fugados de la justicia española, entre ellos Puigdemont. “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España”, señaló el dirigente socialista.
OKDiario


jueves, 25 de octubre de 2018

El Supremo sienta en el banquillo a Junqueras y a otros 17 líderes independentistas

El alto tribunal cierra el sumario del 'procés' y abre juicio por rebelión, malversación y desobediencia.


El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas catalanes serán juzgados en los próximos meses en el Tribunal Supremo por declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral. La Sala de lo Penal ha decretado el cierre del sumario por rebelión, malversación y desobediencia, abierto el 31 de octubre de 2017, y ha ordenado la apertura de juicio oral, que se celebrará, previsiblemente, a principios de 2019. En el banquillo se sentarán, además de Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Raül Romeva y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
La Sala de lo Penal ha dictado este jueves dos autos: el primero, para confirmar el cierre de la investigación decretado en junio por el instructor del caso, Pablo Llarena, y ratificar los procesamientos que este dictó. Y el segundo, para abrir juicio oral. Con esta decisión, el alto tribunal zanja el intento de los acusados de dilatar la causa y el caso entra en una nueva fase que desembocará en el juicio más importante celebrado en el Supremo desde el del golpe de Estado del 23-F. Ahora se abre un plazo de cinco días para que las acusaciones —Fiscalía, Vox y Abogacía del Estado— concreten su petición provisional de pena contra los encausados. Después será el turno de las defensas de los procesados, entre ellos los nueve que están en prisión preventiva acusados de rebelión.
El Supremo considera que los acusados, junto a los siete procesados que se fugaron y están declarados en rebeldía (entre ellos el expresidente Carles Puigdemont), tuvieron un papel esencial en un plan urdido desde 2012 en la Generalitat para declarar la independencia de Cataluña a toda costa. En medio, se saltaron la Constitución, leyes estatales e incumplieron decenas de resoluciones del Tribunal Constitucional que anulaban las iniciativas que aprobaban el Govern y el Parlament para avanzar en su plan secesionista.
El alto tribunal juzgará por rebelión a los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva: el exvicepresidente Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC y actual diputado del PDeCAT Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Jordi Cuixart. Los exconsejeros, incluidos también Meritxel Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, se sentarán también en el banquillo por malversación de caudales públicos. El Supremo abre asimismo juicio por desobediencia contra Borràs, Vila y Mundó;  los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya.
El alto tribunal ha dejado definitivamente fuera de la causa al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT y actual senadora, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
En sus autos de este jueves, el Supremo ha rechazado la petición de los acusados para que se practicaran nuevas pruebas antes de confirmar los procesamientos dictados por Llarena. "La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento", señala la Sala de lo Penal, que añade que admitir las casi 300 diligencias que han pedido las defensas "conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 de la Constitución)". "La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable", zanja la sala.
El único plazo que precisa el alto tribunal en sus autos de este jueves son los cinco días que tienen las acusaciones para presentar los escritos en los que deben conretar qué delitos atribuyen a cada procesado. Ese plazo vence el próximo 2 de noviembre y la Fiscalía ya ha anunciado que no lo agotará. Vox y la Abogacía del Estado podrían, si quieren, pedir una prórroga. Después se abrirá un plazo para que las defensas entreguen sus escritos.
La previsión del Supremo es iniciar el juicio a principios de 2019, aunque la intención es hacer antes de Navidad la llamada vista de previo pronunciamiento, en la que se dirimen cuestiones previas planteadas por las partes que hay que resolver antes de la vista oral. El alto tribunal da por hecho que el juicio se prolongará al menos tres meses. Si se cumple esa estimación, la sentencia difícilmente estará dictada antes del mes de junio, es decir, no se conocerá antes de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 26 de mayo de 2019.
El tribunal estará formado por siete magistrados. El alto tribunal ha confirmado este jueves que a los cinco que hasta ahora han conformado la sala que ha dictado los autos desde que Llarena dio por cerrada la investigación (el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral) se sumarán dos jueces más: Andrés Palomo y Ana Ferrer.
Los magistrados rechazan en sus autos la petición de las defensas para que la sala que va a juzgar a los procesados se pronuncie acerca de si concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión. Eso será lo que se dilucide en el juicio, no ahora, advierten los jueces.  "El esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta sala, por ejemplo, la necesidad de un pronunciamiento expreso acerca de la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión, es un empeño tan legítimo, en términos de defensa, como inasumible en el plano técnico", señala la sala, que añade: "La apertura del juicio oral sólo descansa en la convicción de esta sala de que los hechos descritos en el procesamiento son hechos típicos. Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación. No requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento. El control de las decisiones del instructor ha tenido un cauce específico a través de las impugnaciones hechas valer ante la Sala de Recursos".
ELPAIS


Cuando D. Quijote vio venir a los de Podemos..



“Tengo por costumbre querido Sancho que, en viendo el burro venir, ya de lejos me apercibo sin confundirme, de las patadas que pudiera propinarme, por tanto mi fiel escudero fijate en los andares y si viéndolo retorcido y mal encarado vieres que arranca sin compostura, hazte a un lado, que de estos con mala idea, sucios y desaliñados mejor no tener contacto”
“Y hay que tener cuidado con tal calaña,que de ser menester utilizan a las más tiernas criaturas y hasta pretenden adoctrinarlas y que salgan de su mala hueste con títeres y cabalgatas. Y cuidado amigo Sancho que son los mismos que luego cobran de berberiscos y de otros que más allá someten a sus pueblos y ello,tanto mal vestidos cuando procede el buen hábito,como vestidos de la más cursi casta,cuando no es tan menester.”
Grande Cervantes!