Moncloa niega que intentara censurar a El Economista, pero el diario insiste en que les exigieron "parar las rotativas"

Artículo de El Economista y Félix Monteira.
Félix Monteira, portavoz del Gobierno, explica a PD: "Sólo se les pidió que incluyeran un desmentido"
Responsables del periódico: "No rectificaremos ni una coma de lo publicado sobre que la UE y el FMI diseñan para España un plan de liquidez de 250.000 millones"

Este miércoles, 16 de junio de 2010, El Economista titulaba en portada La UE y el FMI diseñan para España un plan de liquidez de 250.000 millones.


María Claver, redactora jefe de El Economista, ha desvelado en Es la noche de César Vidal, que Félix Monteira, el responsable de Comunicación de la Presidencia del Gobierno --y ex director del diario Público--, llamó por la noche al periódico para hablar con el director Amador Ayora.Según ella, así fue la conversación entre Monteira y Ayora:

‹ Ayer recibimos una llamada del secretario de estado de comunicación, del señor Félix Monteira, en la que nos amenazaba de que nos iba a denunciar ›


‹ Decía que teníamos que parar las rotativas y que esa información no podía salir porque íbamos a destrozar España ›


‹ Amador Ayora, el director del periódico, le dijo que si alguien está destrozando España es Zapatero ›


‹ Tuvimos un cruce de llamadas y al final la noticia salió porque está perfectamente contrastada. Están incómodos porque es una información incómoda ›


‹ Ni el FMI ni el Banco de España han desmentido la información. Sólo lo ha hecho el Gobierno de España, en boca de Salgado y de Fernández de la Vega ›

Monteira, en conversación telefónica con Periodista Digital, reconoce que llamó a Ayora, pero puntualiza que no fue para pedir que parasen las rotativas sino para reclamar que añadieran a la información "el desmentido rotundo del Gobierno". Considera que la información es "confusa" e "inconsistente":

‹ Serían las once de la noche, no me acuerdo muy bien. A mí me avisan de [Ministerio de] Economía que hay esa información y yo no la veo hasta que ya hablando aparece una llamada en la página web [del Economista], por arriba, sin texto alguno ›


‹ Y en ese momento se produce la conversación mía con Amador Ayora, al que yo llamé. La iniciativa de llamarle fue mía ›


‹ Llamé al director y me dijo que me pasaba con el periodista responsable [José María Triper]. Yo le dije que no, que yo hablaba con él, que él era el responsable de la información, y le pedí que incluyera un desmentido rotundo del Gobierno [porque] la información era incierta, no estaba sostenida; es más, ayer la desmintió el Fondo Monetario y la Comisión Europea ›


‹ Le pedí [que incluyera] el desmentido, [al] que tenemos derecho. Era rectificar una información confusa e inconsistente. Yo se lo dije representando al Gobierno en pleno y al Ministerio de Economía. El hecho de que no hayan metido nuestro desmentido pues, no sé, puede que sea lamentable, no sé qué calificativo darle ›


‹ Si no lo han desmentido, ellos sabrán por qué. Pero está desmentida esa información ›


‹ En el titular decían que la Unión Europea y Fondo Monetario Internacional diseñan un plan de liquidez, lo cual es incorrecto; primero no diseñan, son los países los que piden; y segundo, se otorgan planes de ayuda de rescate. En la liquidez, hay créditos de liquidez e interbancarios a los bancos, que es otra cosa ›


 Le dije que se atuviera a la responsabilidad y que yo tenía el derecho de pedirle un desmentido porque era la posición del Gobierno ›


‹ Él [Amador Ayora] dijo otra cosa que no quiero reproducir, porque en el calor de la cosa hubo unas apreciaciones políticas de él sobre el Gobierno, que no voy a decir, no me parecen pertinentes, y le dije que eso era un tema de opinión, pero sobre los hechos, que era la información, yo le pedía un desmentido. ›


‹ Yo no le pedí que levantara la información ni nada. Yo le pedí que metieran el rotundo desmentido del Gobierno. ›

‹ Le dije que no era un problema de Gobierno, sino que también una información como esa hacía daño a las empresas españolas. No [dije] que destrozara España. ›


‹ Y en algún momento sí debí decirle te exijo además que pongas el desmentido porque es una posición que tienes que dar, somos parte de la información. ›


‹ Lo que haya podido decir ella [María Claver] en una tertulia no lo sé. Yo con ella no hablé porque, de hecho, lo lamento, pero no la conozco. ›


‹ Yo hablé luego, porque él [Amador Ayora] me remitió, con el autor de la información, José María Triper, periodista al que conozco porque hemos trabajado juntos hace años ›


‹ Le pedí que metiera el desmentido, que yo no me metía en su fuente, pero que eso era incierto o que no tenía fuentes de suficiente calidad para asegurar esa información. Me dijo que iba a hablar con el director y ahí me quedé ›


‹ Ellos se remitían al Banco de España, pero ayer de hecho el FMI y la Unión Europea desmitieron esa información concreta porque yo lo ví en los teletipos y en otros periódicos. Y como [El Economista] citaba a la Unión Europea y al FMI, así de vago, que diseñaban un plan de liquidez, cosa que yo no conozco que exista técnicamente, aunque eso es lo de menos, les han desmentido los sujetos de la información que ellos hacían ›


‹ Mi versión es esta y es la que es. ›

Desde El Economista aseguran a Periodista Digital que no rectificará "ni una coma" de la información ni de las palabras de Claver en Es la noche de César. Se reafirman, además, asegurando que Monteira llamó al diario para presionar y parar las rotativas.

La Unión Europea ha desmentido la información pero no lo ha hecho el Banco de España ni el Fondo Monetario Internacional.

ZP sale muy caro a los españoles.Una "factura" del PP estima en 20.500 € por familia

Montaje de un cartel electoral del PSOE.
"Las mentiras y los errores de Zapatero son hoy un lujazo que los españoles no se pueden permitir.
El PP ha emitido una factura "simulada" al Gobierno Zapatero, en la que se concreta que su política cuesta a cada familia española 20.553 euros, según ha dado a conocer en Palma de Mallorca el vicesecretario de Comunicación de este partido, Esteban González Pons.


Los 'populares' comenzarán a distribuir esta factura -número 201/10-, que está dirigida al Palacio de la Moncloa con fecha de hoy y que tiene un IVA del 18%.

En total, el sobrecoste de las políticas del Gobierno desde 2004, desde que Rodríguez Zapatero está al frente del Ejecutivo, supone para el conjunto de los españoles más de 267.000 millones de euros. Divididos por los 13 millones de familias españoles, el PP ha calculado que los errores políticos de Zapatero "le cuestan a cada familia 20.553 euros".

La descripción de la factura es la siguiente:

Incremento de la deuda pública, 200.000 millones; Planes E, 13.000 millones, aumento de altos cargos en un 24%, 480 millones de euros; subida de impuestos especiales, 2.300 millones de euros; aumento de la deuda española por falta de credibilidad, 1.050 millones; congelación de las pensiones, 1.500 millones; recorte del sueldo a los funcionarios, 4.500 millones y subida de la luz de un 50%, 3.600 millones.

En total, 226.430 millones de euros a los que hay que añadir 40.757 millones procedentes del 18% del IVA, lo que hace un total de 267.187 millones de euros, según se refleja en esta factura en la que se indica como cliente a "cada familia española", que está dirigida a "Zapatero Presidente" y que lleva por lema "Por mi pleno empleo".

"La verdad es que las mentiras y los errores de Zapatero han salido carísimos a los ciudadanos; tan caros que el presidente es hoy un lujazo que los españoles no se pueden permitir: tener un presidente inútil en vez de uno trabajador y serio es un lujo propio de un país que no es ni nunca ha sido España", ha aseverado González Pons.

El diputado 'popular' también se ha referido a las favorables encuestas para el PP que se han publicado y que, en su opinión, desvelan que los ciudadanos no creen en el Gobierno y que el "cambio lo representa" su formación política.

"Lejos de sentirnos satisfechos, nos hace sentir responsables: la responsabilidad que sentimos es extraordinaria", ha asegurado González Pons.
Europa Press

Órdago de Griñán al Banco de España: CajaSur se tiene que quedar en Andalucía

José Antonio Griñán (Efe)

La Junta de Andalucía está dispuesta a echar el resto para que CajaSur, cuyo futuro se decidirá entre el ramillete de entidades que han acudido a la correspondiente subasta, no salga de la órbita andaluza. El Gobierno de José Antonio Griñán está presionando a tope al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al propio Banco de España (BdE) para que adjudique la entidad cordobesa a una de las dos cajas andaluzas que han presentado oferta vinculante: la malagueña Unicaja y la sevillana Cajasol. “Las presiones sobre el FROB están siendo escandalosas”, han asegurado a este diario fuentes próximas al antiguo banco emisor.


Los esfuerzos de la Junta se concentran sobre Javier Aríztegui, subgobernador del BdE y presidente del FROB, así como sobre el reducido equipo de ejecutivos del citado Fondo. Y parece que, de momento, con éxito: al menos dos de las siete entidades que habían manifestado intención de quedarse con Cajasur han arrojado la toalla: se trata de Ibercaja y de CajaAstur. La entidad que preside Amado Franco fue precisamente la primera puerta a la que, a finales del pasado año, el propio BdE llamó para buscar una solución a los problemas de solvencia de la caja controlada por la Iglesia.

Siempre de acuerdo con las fuentes, cercanas al BdE, tanto Ibercaja como CajaAstur han notificado al equipo de Aríztegui su decisión de no presentar oferta vinculante y olvidarse de la puja. Por diversos conductos, la Junta de Griñán está haciendo llegar a los potenciales interesados los problemas a los que se enfrentaría la entidad que, perteneciente a otra Comunidad Autónoma, resultara adjudicataria de Cajasur. La Junta andaluza cree tener la sartén cogida por el mango.

En efecto, aquella Caja o banco que en torno al 10 de julio próximo –de acuerdo con los plazos adelantados por el propio Aríztegui- resulte ganadora de la subasta, tendrá que poner en marcha un ERE –inevitable para hacer rentable la operación- destinado a reducir la plantilla de la cordobesa en un número comprendido entre los 1.000 y los 500 trabajadores, razón ésta que fue causa última de la ruptura de la operación de fusión con Unicaja. Pues bien, la consejería de Economía de la Junta está haciendo saber a los potenciales interesados que no autorizará dicho ERE si la peticionaria es una entidad no andaluza.

Un desafío político en toda regla de la Junta de Griñán. Y es que, como ayer aseguraba este diario, en el Palacio de San Telmo no están dispuestos a que el terremoto de operaciones que ahora mismo sacude a un sector obligado a concentrar las cuarenta y tantas entidades actuales en unas pocas, Andalucía pierda la oportunidad de hacer realidad de una vez esa Gran Caja Única por la que los socialistas sevillanos vienen suspirando desde hace años. La Junta quiere hacer realidad ese sueño concentrando Unicaja (que acaba de absorber Caja Jaén), Cajasol, Caja Granada y CajaSur, concentración que de partida bien pudiera tener lugar bajo la fórmula de Sistema Institucional de Protección (SIP).

Dispuestos a sabotear la solución no andaluza de Caja Granada

Un proyecto que choca con dos escollos: la situación de Caja Granada, por un lado, que sorprendentemente ha escapado del patronazgo de la Junta para integrarse en el SIP constituido en torno a Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedés, un proyecto que, en opinión de los granadinos “conlleva un potencial excepcional”. Y la intervención de CajaSur, por otro, y su posterior subasta al mejor postor, que, en palabras de Aríztegui, “será el que menos ayudas pida del FROB”.

La Junta parece haber encontrado fórmulas para sortear ambos escollos, si bien muy poco ortodoxas. En Sevilla, en efecto, están dispuestos a sabotear la integración de Caja Granada en el SIP mencionado. En pleno trauma provocado por la intervención de CajaSur, la Junta no se atrevió a decirle “no” a Antonio Jara, presidente de la granadina, cuando el pasado 2 de junio anunció su boda con el proyecto que lidera Caja Murcia, pero los políticos sevillanos consideran que no está dicha la última palabra: la Ley de Cajas andaluza faculta a la Junta para aprobar o denegar, mediante informe vinculante, operaciones como la integración de Caja Granada en ese SIP.

Queda por asegurar que CajaSur no caiga en la órbita de una entidad no andaluza. En ello andan ahora en Sevilla, como ha quedado dicho. La cordobesa tendrá que ser adjudicada “a machete” bien a Unicaja, bien a Cajasol. Sería el triunfo de la política localista sobre la racionalidad financiera. Habrá que ver si el gobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, planta cara por una vez y se opone a tamañas pretensiones.

Resultado de España-Suiza

El T.S.J. sigue al Supremo y veta la jubilación parcial.ANDALUCÍA DICE QUE ES UN DERECHO NO DESARROLLADO

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insiste en que no se pueden admitir las reclamaciones por jubilación parcial al tratarse de un derecho que está pendiente de desarrollo.

La doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo que niega la jubilación parcial al personal estatutario mientras no exista un plan de ordenación de recursos humanos se extiende a los tribunales inferiores.



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la petición de un médico apoyándose en su propia doctrina y en la sentencia que a finales del año pasado dictó el alto tribunal.


Los magistrados del tribunal autonómico recuerdan que el artículo 26.4 del Estatuto Marco permite a los médicos "optar por la jubilación voluntaria, total o parcial, si reúne los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad Social. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos para el personal estatutario que se acoja a esta jubilación como consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos".


Derecho sin contenido


El tribunal andaluz aclara que las normas sobre jubilación parcial contenidas en la legislación de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores "no son aplicables en este momento al personal que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado, ya que por el momento no tienen regulado el derecho a la jubilación parcial".


La tesis mantenida tanto por el Tribunal Supremo como por el TSJ andaluz, declarando la falta de regulación sobre este derecho, se sustenta también en lo dispuesto en el Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social.


Los magistrados recuerdan que la disposición adicional séptima de la norma reza literalmente: "En el plazo de un año el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos [...] que aborde la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones en que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y la homogeneización, en términos equiparables, de los diferentes regímenes".


Según el fallo, en dicho estudio, aún pendiente de realización, se contemplará "la realidad específica de los diferentes colectivos, incluido el personal estatutario de los servicios de salud".


Esta norma, que es posterior a la petición de jubilación realizada por el médico, "no tendría ningún sentido si este derecho estuviera regulado". Por tanto, la conclusión que puede extraerse es que "el legislador prevé la regulación de la jubilación anticipada en un futuro".


Contrato de relevo


A estos argumentos se une también el hecho de que no se ha efectuado un contrato de relevo, que es "requisito indispensable para poder acceder a la jubilación anticipada y parcial para menores de 65 años, a tenor de lo dispuesto en los artículo 10 y 11 del Real Decreto 1.131/2002, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial" y a pesar de que no está prevista esta contratación en el Estatuto Marco.




OMISIÓN IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN


El reconocimiento del derecho a la jubilación parcial no es una cuestión que genere una solución unánime en el Tribunal Supremo. Después de que la Sala Social del alto tribunal denegase su concesión a los facultativos, la Sala Contenciosa se desmarca con un fallo en el que aclara que no toda jubilación está sujeta a la existencia de un plan de ordenación de recursos humanos.


Los magistrados de la Sala Contenciosa afirman que la jubilación parcial del médico es un "derecho perfecto" reconocido al personal estatutario y la carencia de un plan de ordenación "no puede imputarse al funcionario sino a la Administración, que deberá hacer todo lo posible para que el derecho del trabajador pueda hacerse efectivo, sin que sea admisible por una posible omisión sólo a ella imputable, cercenar un derecho otorgado ex lege a todo funcionario estatutario".

Toxo logró un ático protegido aunque ganaba 114.000 euros

foto:El secretario general de CC OO, Fernández Toxo

El líder de CC OO tenía más ingresos que Esperanza Aguirre cuando pidió la Vivienda de Protección Oficial.
El líder de CC OO tenía más ingresos que Esperanza Aguirre cuando pidió la Vivienda de Protección Oficial

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, consiguió a finales de 2005 un ático protegido de 90 metros cuadrados en Montecarmelo, en las afueras de Madrid, a pesar de que ganaba 114.000 euros. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid fijaba para el acceso a este tipo de viviendas un tope de cinco veces y media el salario mínimo profesional, es decir, 34.050 euros.


Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, consiguió un ático de protección oficial junto a su esposa, a pesar de triplicar los ingresos familiares el tope de cinco veces el salario mínimo interprofesional (34.050 euros) que la Comunidad de Madrid tenía establecido para descartar a los candidatos que, por ricos, no son merecedores de ese tipo de viviendas reservadas a familias con pocos recursos.
La cooperativa promotora adjudicaba al ático un “precio máximo de venta” de 95.511,60 euros. Los socios de la cooperativa tuvieron que acreditar ingresos inferiores al tope legal, asunto imposible para Fernández Toxo, que en la época ingresaba anualmente unos 114.000 euros, más de lo que ingresaba, en esas fechas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Siendo que además la esposa de Fernández Toxo recibía retribuciones laborales, el asunto resultatodavía más llamativo.

Aun en el caso de que esgrimiera haber “donado” parte de su salario al sindicato, se trata de un candidato “descartable” para la obtención de una Vivienda de Protección Pública. El secretario general de Comisiones Obreras accedió a este ático de 90 metros cuadrados, 31,88 metros cuadrados de garaje y 6,70 metros cuadrados de trastero, situado en Monte Carmelo (Madrid) a finales de 2005.

La promotora fue la Sociedad Cooperativa Parque Azorín, ligada al sindicato CC OO, de la que Fernández Toxo era socio. Como aparece en la escritura de propiedad de fecha 28 de noviembre de 2005, la VPP está sometida a diversas condiciones sine qua non para los adjudicatarios de vivienda protegida.

La más importante de ellas es que los ingresos familiares se ajusten al tope establecido por laComunidad de Madrid, que el decreto 11/2001 de 25 de marzo establecía en 5 veces y media el salario mínimo interprofesional, esto es: 34.050 euros en esos momentos, según se puede conf irmar en la Consejería de MedioAmbiente y Ordenación del Territorio que fue el órgano que otorgó a esas viviendas la condición de VPP.

También se establecen condiciones como que la vivienda no sobrepase unos determinados metros de superficie útil, que el titular no sea propietario de otra vivienda, que sea su domicilio habitual o que no se practique en ella actividad profesional o industrial.

Cuando Ignacio Fernández Toxo consiguió el título de adjudicación del ático en diciembre de 2002, se acogía a los beneficios de las VPP, que obligan a “no superar los ingresos máximos establecidos, así como que la vivienda a adquirir estará destinada a residencia habitual y permanente de las personas que componen la unidad familiar (…), todo ello conforme al Decreto 11/2001 de 25 de Enero”.

Por entonces, Fernández Toxo era secretario general de la Federación Minerometalúrgica y cuando ocupó la vivienda ya se había convertido en secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras.

Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) comenzó su vida laboral como aprendiz en la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares y allí siguió hasta que se convirtió en ‘apparatchik’ del sindicato. Llevaba a gala lo de “obrero del metal”. Su vida en Bazán tuvo un hito en marzo de 1972 como consecuencia de la protesta por la muerte de dos trabajadores del astillero acribillados por la Policía. Tenía 19 años y fue despedido (luego fue readmitido) y encarcelado, protagonizando una sonora fuga del penal de La Coruña.

Pasó a vivir en la clandestinidad hasta la aprobación de la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Por aplicación de esta ley, Toxo recuperó su puesto en Bazán, donde llegó a ser presidente del Comité Intercentros del astillero. En su juventud fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria y más tarde el Partido Comunista de España.

En las elecciones generales de 1977 se presentó como cabeza de lista del Frente por la Unidad de los Trabajadores en Coruña. En noviembre de 1987 fue elegido secretario general de la Federación del Metal de Comisiones Obreras. Se trasladó a Madrid y mantuvo el cargo hasta la fusión de esta federación con la de Minería. Tras la fusión, Toxo resultó elegido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO. Desempeñó este cargo hasta el 2004, cuando fue nombrado secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de la Confederación Sindical de CC OO. En diciembre de 2008 fue elegido secretario general de Comisiones Obreras, sustituyendo al dos veces secretario general, José María Fidalgo, al que muchos echan de menos en estos momentos.
Originalmente publicado en La Gaceta.

Crean en Cataluña una "mascota" contra las multas lingüísticas por usar castellano

Se llama Próculo Rótulo 
                                                                                                                                                                 La Asociación por la Tolerancia, que trabaja en defensa del castellano en Cataluña, ha creado una "mascota" para protestar contra las sanciones que impone el Gobierno de José Montilla (el charnego de Iznajar)por rotular los establecimientos en español o por no usar el catalán en determinados contextos.



Esta asociación, que preside Eduardo López, ha creado con este fin la mascota "Próculo Rótulo", a la que sus creadores definen como "el último rótulo comercial en español inmune a las multas impuestas por el Gobierno de José Montilla".


Con este fin, "Próculo Rótulo" y sus promotores invitan a quienes estén en desacuerdo con "la política retrógrada y obsesiva de imponer la lengua por medio de multas" a imprimir y enviar una postal con la efigie de esta mascota.


Los destinatarios de estas postales pueden ser Montilla o el ministro de Educación, Ángel Gabilondo.


En este sentido, la Asociación por la Tolerancia define al presidente catalán como el brazo ejecutor de las consignas de ERC, mientras que al ministro se le reprocha que dijera que le sorprendería que se multara por usar el español, cuando esto está sucediendo