Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
El presidente del Tribunal Constitucional Pedro José González-Trevijano Sánchez preside el primer pleno de la institución tras su renovaciónEFE.
El presidente del órgano, Pedro González Trevijano, propondrá una fecha inmediata sobre la admisión «urgente» de las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares contra la maniobra de Pedro Sánchez.
ElConstitucional ha reaccionado de inmediato a la petición del Partido Popular medidas cautelarísimas para frenar, antes de la votación parlamentaria que podría confirmarlas, lasdos últimas enmiendas planteadas por el Gobierno para controlar la Corte de Garantías y forzar el vuelco de su mayoría a progresista. El presidente de la institución amenazada por la maniobra con la quePedro Sánchezaspira acontrolar el Tribunal, rebajando la mayoría reforzada de tres quintos para favorecer la toma de posesión inmediata de sus dos polémicos perfiles –el exministro de JusticiaJuan Carlos Campoy la exalto cargo de laGeneralitat Laura Díez– ha convocado un Pleno urgente y extraordinario en el que decidir sobre la admisión del recurso de amparo interpuesto esta misma mañana por el PP para paralizar los trámites.
Tal y como avanzó hace unos días El Debate, el propio Constitucional era el único competente para limitar los planes de Sánchez y –a diferencia de lo que ocurrió con el recurso todavía sin resolver sobre el bloqueo del Ejecutivo socialista a los nombramientos del CGPJ que, meses más tarde, levantaron de manera parcial e interesada para promover la renovación del tercio del mismo cuyo mandato caducó el pasado junio– en esta ocasión no le ha temblado la mano para pronunciarse.
El Tribunal Constitucional convocará, por lo tanto, un Pleno consensuado entre Pedro González Trevijano y su vicepresidente, el progresista Andrés Xiol, para decidir «con la mayor premura que requiere la situación» si admite o no a trámite el recurso que ha presentado el PP, este mismo miércoles, y en el que la formación ha solicitado paralizar de forma provisional la ejecución del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que permitió la tramitación de las enmiendas parciales a la proposición de ley que deroga el delito de sedición, por las que de manera exprés y unilateral, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ansía modificar el Poder Judicial.
La ponencia del asunto ha recaído, «de acuerdo con las normas sobre los turnos de asignación de las causas planteadas» ante la Corte de Garantías, en el Enrique Arnaldo, exletrado del Congreso de los Diputados y magistrado incorporado a la misma en la penúltima renovación pactada del órgano, tras un acuerdo alcanzado entre populares y socialistas. Será Arnaldo el encargado de proponer una postura a sus compañeros acerca de la decisión de la Mesa parlamentaria que, el pasado lunes 12 de diciembre, admitió las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el Gobierno, aprovechando la vorágine legislativa abierta por la proposición con la que se derogará el delito de sedición.
En dichos textos, tanto el PSOE como sus socios de coalición de Unidas Podemos propusieron alterar la mayoría reforzada que ahora requiere de, al menos, 11 votos para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al Constitucional, a una simple. De esta manera, el Ejecutivo trataba de obligar al Consejo a mover el actual bloqueo en la designación de dos perfiles, bajo amenaza de consecuencias penales. Lo cierto es que, hasta la fecha, al sector conservador le había resultado imposible concitar un consenso en el propio bloque para proponer dos candidatos adecuados a los requisitos fijados para el caso, a comienzos de septiembre incluso antes de la dimisión de Carlos Lesmes.
Además, a ello se unían las dudas sobre el candidato progresista, el también magistrado José Manuel Bandrés quien, finalmente podría quedar neutralizado si prospera la doble propuesta presentada hace unas horas por nueve vocales del Consejo que apuestan por el perfil de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez progresista que autorizó las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los separatistas catalanes.
Unas enmiendas con «aroma» de inconstitucionalidad
Las enmiendas que, ahora, el Constitucional se ha abierto a revisar, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales que actualmente conforman el Consejo proponga y vote a dos candidatos, lo haga solamente sobre uno. Esta mecánica que llevará a elevar a los dos más votados como la propuesta definitiva del Poder Judicial a la Corte pero que, a juicio de los críticos, eliminará el doble control cruzado que debería asegurar la «idoneidad» de los candidatos resultantes respecto del bloque que no los presenta como propios. Un escenario que evoca un «aroma» de inconstitucionalidad según fuentes del órgano consultadas por El Debate.
No en vano, en su recurso el PP también señala el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia Felipe Sicilia de ayer martes, por el que se decide no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que planteó el partido frente al acuerdo adoptado el lunes.
El movimiento del Constitucional se ha producido apenas unas horas después de que este mismo miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunciara en rueda de prensa que su formación había presentado un recurso de amparo por el «ataque» del Gobierno al Poder Judicial con su reforma penal y para reclamar que el Tribunal de Garantías se pronuncie sobre la materia antes del Pleno de este jueves, en el que estaba previsto que el Congreso debatiese sobre la polémica proposición de PSOE y Unidas Podemos.
Gamarra aseguraba que la tramitación de la ley que empezó derogando el delito de sedición, luego «abarató la corrupción» con el cambio en el delito de malversación y, ahora, quiere «introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el TC», la ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional no puede tramitarse sin más.
El PP defiende así su decisión de presentar un recurso de amparo por las dos enmiendas que, según ha recalcado, pretenden «controlar» el TC y «cuya inconstitucionalidad es manifiesta». Esta última aseveración es la que, en las próximas horas, tendrá que dilucidar el propio Constitucional.
Pedro Sánchez, impulsado por Podemos, el separatismo catalán y el filoterrorismo, y amparado por el pesebre de los parlamentarios socialistas, está procediendo a dar un Golpe de Estado al sistema democrático.
Con la mayoría de las cadenas de televisión, públicas y privadas, sirviendo al Poder Ejecutivo, con los periódicos impresos sometidos a la publicidad institucional y las subvenciones, con las emisoras de radio, salvo alguna excepción disfrazada de coartada, siempre dispuestas a justificar sus villanías, el miedo a la verdad se ha apoderado del periodismo español. Arabescos colaterales, titulares medidos, y un temor económico a decir o imprimir con sencillez resumida lo que hoy sucede en España. Y lo que sucede es que Pedro Sánchez, impulsado por Podemos, el separatismo catalán y el filoterrorismo, y amparado por el pesebre de los parlamentarios socialistas, está procediendo a dar un Golpe de Estado al sistema democrático y a la Constitución de 1978. «Una opa a la democracia», titula ABC su editorial. Una opa a la democracia es un Golpe de Estado. «El PSOE desactiva controles básicos del Estado de Derecho», titula El Mundo. Desactivar controles básicos del Estado de Derecho es activar un Golpe de Estado. En el poderoso grupo Planeta-Atresmedia, La Razón apenas influye. Sirve de engaño. Pero el resto de sus medios, Onda Cero, Antena 3, y La Sexta, están al servicio del Poder. Para mí, que las inteligentes y valientes exposiciones de Vicente Vallés forman parte del pacto. Y en Mediaset, lo mismo de lo mismo. Con un periodismo aterrorizado por las pérdidas en sus empresas, la libertad de expresión y de opinión naufraga. Por fortuna, existen –y de ahí su imparable éxito–, medios digitales como El Debate, que en un año ha multiplicado por diez sus cálculos más optimistas cuando aún era un proyecto. El País no entra en el comentario por tratarse de un periódico de partido y, por ello, carente de interés. Como decía Santiago Amón, su primer crítico de arte, y expulsado por escribir con la libertad de los sabios, en lo único que no manipula El País es en su reconocimiento cotidiano de ser «el diario independiente de la mañana», o lo que es igual, el diario que se independiza diariamente de la mañana, pero no más.
En este periódico, dirigido por Bieito Rubido, ese sosegado y firme defensor de la libertad, y en el que escriben Luis Ventoso, Ramón Pérez-Maura, Gabriel Albiac, María Jamardo, Amando de Miguel, Naranjo… Y los que se incorporarán, y los jóvenes redactores que se comen las horas en la Redacción, la libertad no es un lujo, sino una imposición. Escribe Luis Ventoso: «El imperdonable entreguismo del presidente hace que un partido con 874.000 votos, esté aflojando las costuras de un país de 47 millones de españoles». Lo malo es que muchos de esos 47 millones de españoles no leen, no les interesa conocer lo que en España sucede, no estudian y sólo profundizan en sus mentes los avatares de las series de televisión y los debates cochambrosos de los pedorros. España es un golpe de Estado en sí misma, una nación que destruye y humilla a los que la defienden y premia y enriquece a los que luchan por su descuartización desde las instituciones democráticas. Ahora amenazan a los jueces que no colaboren con el Golpe. Esa maravillosa nación, el primer Estado como tal de Europa, que recompensa con 24.127 euros al año a los guardias civiles y policías que velan por su seguridad, y regala 127.582 euros a un tal Rufián por traicionarla. Rufián es el ejemplo más significativo, por cuanto anunció que abandonaría el Congreso de los Diputados, hasta que se apercibió que ser en España diputado de un partido antiespañol es el mejor negocio que existe.
El español es un idioma prodigioso que encuentra siempre la voz adecuada para definir cualquier hecho, sensación, sentimiento o cosa. No hay que adornarse. España está en plena culminación de un Golpe de Estado. Y no sólo son culpables los políticos golpistas. Lo son también la ciudadanía indolente, el capitalismo cobarde, el comunismo revanchista, el sindicalismo marisquero y un periodismo, no claudicante, sino ya claudicado.
El presidente ha desbordado las reglas del juego con una serie de reformas y asaltos a la separación de poderes que Europa no puede tolerar.
Por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en presentar sus burdas concesiones al separatismo como un intento de reforzar la convivencia en Cataluña, lo cierto es que obedecen en exclusiva a los burdos peajes que debe pagarle para mantenerse en el poder y que, además, no suponen una renuncia expresa a los objetivos que provocaron la asonada de 2017.
En el terreno político, es obsceno que el presidente del Gobierno intente hacer creer que hoy el nacionalismo está más contento en España, cuando la realidad es que se siente más fuerte y legitimado que nunca para coronar, en ésta u otra legislatura, su proyecto rupturista.
Que mientras se haya reducido la tensión no obedece a que ERC y Junts en Cataluña o Bildu y el PNV en el País Vasco acepten el marco constitucional; sino a que pueden alcanzar sus metas sin necesidad de agitar las calles: les sobra con recordarle a Sánchez que sin ellos no sería presidente para que, con escandalosas reformas y lamentables concesiones, obtener el botín que buscan.
La derogación del delito de sedición y la minusvaloración del de malversación suponen elaborar un Código Penal a la carta para los delincuentes, condenados e indultados previamente, lo que en la práctica les anima a repetir los hechos cuando las circunstancias se lo aconsejen.
Y el bochornoso asalto al Tribunal Constitucional, con la enésima reforma exprés que conculca los procedimientos establecidos y atenta contra la separación de poderes, es un intento de legitimar los abusos de Sánchez y de legalizar, el día de mañana, los de sus socios.
Europa debe actuar
No parece que una moción de censura, inviable aritméticamente, sea la solución, por muy tentador que sea retratar a tan nefasto dirigente en el Congreso. Y tampoco es especialmente útil exigir un adelanto electoral, por justificadas que estén ambas posturas en VOX y Ciudadanos, en el primero caso, y en el PP, en el segundo.
Pero algo debe hacerse para resistir a la deriva antidemocrática de un Gobierno echado al monte: desde luego denunciarlo por todos los medios al alcance. También utilizar los recursos legales que sigue brindando el Estado de derecho, por amenazado que esté ahora.
Y, por último y más importante, recurrir a las instituciones europeas, de manera formal y reiterada, con cuantas iniciativas sea posible.
A Sánchez, que pone en riesgo la democracia, hay que pararlo con la propia democracia.
Rafael Mozo, nuevo presidente del CGPJ, junto al resto de vocales.
Una semana más, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el punto de mira. Después del anuncio de la reforma con la que el PSOE pretende asegurar cuanto antes una renovación del tribunal de garantías, modificando tanto la Ley del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional, el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces quiere intentar sacar adelante el nombramiento de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde al órgano antes de que entren en vigor los cambios anunciados por los partidos del Gobierno.
Un grupo de vocales de dicho grupo solicitaron al presidente suplente, Rafael Mozo, un pleno para votar los candidatos a magistrado del Constitucional antes de que entre en vigor la reforma, que elimina la mayoría de tres quintos necesaria hasta ahora para proceder a los nombramientos y establece que cada uno de los vocales podrá votar sólo una vez a un candidato, lo que impide que el bloque mayoritario, el conservador, continúe vetando al candidato de los progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
En caso de que Mozo convoque ya un pleno y en éste tanto los progresistas como los conservadores pongan su candidato definitivo sobre la mesa -los últimos aún no han aclarado quién será-, procediéndose a la votación, estos son los vocales que tendrán que emitir su voto:
–Vicente GuilarteGutiérrez: catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid desde 1991 y abogado en ejercicio en la capital castellanoleonesa. Propuesto para el cargo por el Partido Popular, el jurista se desmarcó de su grupo conservador el pasado 24 de noviembre, cuando votó en contra de la petición de ocho vocales conservadores para pedir pronunciarse sobre por qué no se pidió al CGPJ un informe sobre la reforma de la sedición impulsada por los partidos del Gobierno. También se mostró en contra de debatir si sería oportuno que el órgano de gobierno de los jueces se pronunciara aunque no se solicitara dicho informe.
De izda a dcha, Ballestero, Llombart, Mozo, Cuesta y Bach.
-Álvaro Cuesta: abogado, expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2011, fue diputado del PSOE por Asturias entre 1982 y 2011. En 2013 fue propuesto para el órgano de gobierno de los jueces por el PSOE. Forma parte de la comisión negociadora para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, representando al grupo progresista junto con Roser Bach.
-José Antonio Ballestero: ingresó en la carrera judicial en 1984. Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde 2004. Su primer destino como juez fue el Juzgado de Distrito de Plasencia, para pasar luego por órganos judiciales de Noia, Huelva y Ferrol antes de incorporarse como magistrado a la Audiencia Provincial de Cáceres y posteriormente a la de A Coruña.
Junto con Carmen Llombart, forma parte de la comisión negociadora para designar a los magistrados del Constitucional en representación del bloque conservador. En 2013 fue elegido a propuesta del Partido Popular primer suplente por el turno judicial para el CGPJ, por lo que cuando el actual ministro del Interior y juez Fernando Grande-Marlaska salió del consejo de jueces en 2018 para ir al Gobierno, le sustituyó.
–Gerardo Martínez Tristán: magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fue presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de donde el PSOE intentó recusarle en 2013, cuando fue propuesto como vocal del consejo de jueces por el PP. Dicho partido intentó que no decidiera sobre la externalización de hospitales madrileños a empresas privadas puesto que está casado con Marta García de la Calzada, quien fue consejera de Fomento en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dicha recusación.
-Enrique Lucas: catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados y director de ese despacho en Bilbao. Propuesto para el CGPJ a propuesta del PNV, es hermano de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al que el grupo conservador quiere nombrar magistrado del Constitucional en lugar de la opción definitiva de los progresistas, el también magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
-Clara Martínez de Careaga: magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y primera mujer en convertirse en magistrada de dicha Sala en 2009. Ingresó en la Carrera Judicial en 1983, con 23 años. Desempeñó sus funciones en los Juzgados de Distrito de Novelda (Alicante), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Vitoria y Madrid. Tras ascender a magistrada en 1987, fue destinada al Juzgado de Primera Instancia número 3, también de Familia, de San Sebastián. En julio de 1988 fue nombrada magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, siendo la primera mujer que ingresó en esa Sala y la única que se integró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al crearse éste en 1989 y desaparecer las Audiencias Territoriales. Presidenta de la comisión de Igualdad del CGPJ. Fue propuesta para el cargo por el PSOE. Es la esposa de Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional que aspira a convertirse en presidente de dicho tribunal. Algunos vocales del CGPJ consideran que debería haberse apartado en la votación de candidatos para el tribunal de garantías por este motivo.
–Juan Martínez Moya: magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ingresó en la Carrera Judicial en 1988 y está especializado en el orden jurisdiccional social. Presidió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia entre 2004 y 2015. Entró en el CGPJ a propuesta del Partido Popular.
-Roser Bach: magistrada con larga trayectoria en la Audiencia de Barcelona. Propuesta por el PSOE para el CGPJ, fue la directora de la Escuela Judicial entre 2011 y 2013. Previamente fue coordinadora del programa para la preparación de opositores a juez, fiscal y secretario judicial en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada y en el año 2009 ocupó el cargo de directora de este Centro de Estudios Jurídicos. Casada con Germà Gordó, destacado político nacionalista, exconsejero de Justicia durante el Gobierno de Artur Mas y diputado del Parlamento catalán hasta octubre de 2017. Está acusado en el caso del 3% de la Audiencia Nacional de corrupción alrededor de Convergencia Democrática de Catalunya. Bach representa, junto con Cuesta, al bloque progresista en las negociaciones para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
-Nuria Díaz: forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ. Abogada del Estado con destino en los Ministerios de Fomento y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, jefa de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2003 y 2013, fue propuesta para el consejo de jueces por el PP.
–Wenceslao Olea: magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y ha estado destinado en Navalmoral de la Mata, Don Benito y los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Extremadura. Propuesto por el Partido Popular, fue el vocal que recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la decisión de todos los vocales -que no respaldaron ni él ni Mar Cabrejas- de nombrar a Rafael Mozo suplente del presidente Carlos Lesmes. El presidente del CGPJ dimitido recomendó antes de irse que el vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, compartiera la presidencia del alto tribunal y del consejo de jueces, a lo que se negaron la mayoría de vocales.
-Carmen Llombart: magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la vocal propuesta por el PP es la representante, junto con Ballestero, del grupo conservador en la negociación para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera judicial en 1980 y ha estado destinada en Paterna, Cornellá de Llobregat y Barcelona. En 1989 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano del que fue presidenta desde 2010 a 2015.
-Pilar Sepúlveda: abogada en ejercicio desde 1988, fue coordinadora del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía en Sevilla y fundó la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (AMUVI). En declaraciones recientes a Canal Sur, manifestó el riesgo que veía de que la ‘Ley del sólo sí es sí’ impulsada por la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, permitiera imponer penas menores a acusados por delitos sexuales a partir de ahora.
El pasado enero, siete vocales le afearon que firmara el documento donde personalidades de diversos ámbitos se pronunciaron a favor de que se conceda el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado en la sentencia de los ERE. Se mostraron en «total desacuerdo» con su iniciativa «personal y particular» y vieron que ésta suponía una intromisión en la labor del Tribunal Supremo.
-Concepción Sáez: abogada madrileña, ejerciente entre 1980 y 1984, secretaria judicial desde 1989 en destinos del orden jurisdiccional penal y contencioso-administrativo, asesora del Centro de Estudios Jurídicos de 2007 a 2008 y destinada en la Mutualidad General Judicial desde 2011, fue propuesta para el CGPJ por Izquierda Unida. En distintas ocasiones se ha opuesto a las decisiones de la mayoría del pleno. El año pasado, por estas fechas, presentó junto con el resto de vocales del bloque progresista Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda un voto particular contra el informe del consejo sobre la Ley de Vivienda. Consideró que el órgano de gobierno de los jueces se extralimitó.
-Juan Manuel Fernández: magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ingresó en la carrera judicial en 1984 con destinos en Betanzos, Pamplona, Estella y Málaga. Fue decano de Pamplona y presidente del Tribunal Superior de Justicia de 2004 a 2014. Fue propuesto para el cargo por el Partido Popular.
-José María Macías: el vocal más activo del grupo conservador y más crítico con las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha acometido el Gobierno de Pedro Sánchez. Entró en el CGPJ a propuesta del PP para sustituir a la vocal designada a propuesta de CiU Mercé Pigem tras su dimisión en 2014, cuando se conoció que trasladó 9.500 euros de Andorra a España acompañada de su hermana, que introdujo 10.600 euros. Macías ingresó en la carrera judicial en 1990, habiendo ejercido desde entonces y hasta 2005 en varias jurisdicciones y principalmente en la contencioso-administrativa. Desempeñó funciones gubernativas como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mientras permaneció en servicio activo fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). También fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2003. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
-Ángeles Carmona: presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Secretaria Judicial desde 1994, estuvo destinada desde 2009 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de Jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Propuesta para el órgano de gobierno de los jueces por el PP.
-Mar Cabrejas: magistrada de la Audiencia Provincial de Toledo. Ingresó en la carrera judicial en 1990 y ha ejercido en Aranda de Duero (Burgos), Tarragona y Madrid, donde era titular del Juzgado de Primera Instancia número 55 en el momento de incorporarse como vocal al CGPJ. Propuesta por el PSOE. En el pleno del pasado 13 de enero en el que el pleno decidió nombrar suplente del presidente a Rafael Mozo, la vocal se ausentó al considerar «ilegal» que los vocales de uno y otro grupo se pusieran previamente de acuerdo para nombrar a un presidente, algo que no podían hacer.
-Rafael Mozo: tras la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, fue elegido suplente del presidente por los vocales progresistas y conservadores del órgano al ser el vocal de más edad. Sólo los vocales Mar Cabrejas y Wenceslao Olea votaron en contra. Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018, hasta entonces y desde 1998 prestó servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en Sant Feliu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid. Es miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y fue propuesto para el cargo por el PSOE.
