Rafael Mozo, nuevo presidente del CGPJ, junto al resto de vocales.
Una semana más, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el punto de mira. Después del anuncio de la reforma con la que el PSOE pretende asegurar cuanto antes una renovación del tribunal de garantías, modificando tanto la Ley del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional, el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces quiere intentar sacar adelante el nombramiento de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde al órgano antes de que entren en vigor los cambios anunciados por los partidos del Gobierno.
Un grupo de vocales de dicho grupo solicitaron al presidente suplente, Rafael Mozo, un pleno para votar los candidatos a magistrado del Constitucional antes de que entre en vigor la reforma, que elimina la mayoría de tres quintos necesaria hasta ahora para proceder a los nombramientos y establece que cada uno de los vocales podrá votar sólo una vez a un candidato, lo que impide que el bloque mayoritario, el conservador, continúe vetando al candidato de los progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
En caso de que Mozo convoque ya un pleno y en éste tanto los progresistas como los conservadores pongan su candidato definitivo sobre la mesa -los últimos aún no han aclarado quién será-, procediéndose a la votación, estos son los vocales que tendrán que emitir su voto:
–Vicente Guilarte Gutiérrez: catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid desde 1991 y abogado en ejercicio en la capital castellanoleonesa. Propuesto para el cargo por el Partido Popular, el jurista se desmarcó de su grupo conservador el pasado 24 de noviembre, cuando votó en contra de la petición de ocho vocales conservadores para pedir pronunciarse sobre por qué no se pidió al CGPJ un informe sobre la reforma de la sedición impulsada por los partidos del Gobierno. También se mostró en contra de debatir si sería oportuno que el órgano de gobierno de los jueces se pronunciara aunque no se solicitara dicho informe.
-Álvaro Cuesta: abogado, expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2011, fue diputado del PSOE por Asturias entre 1982 y 2011. En 2013 fue propuesto para el órgano de gobierno de los jueces por el PSOE. Forma parte de la comisión negociadora para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, representando al grupo progresista junto con Roser Bach.
-José Antonio Ballestero: ingresó en la carrera judicial en 1984. Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde 2004. Su primer destino como juez fue el Juzgado de Distrito de Plasencia, para pasar luego por órganos judiciales de Noia, Huelva y Ferrol antes de incorporarse como magistrado a la Audiencia Provincial de Cáceres y posteriormente a la de A Coruña.
Junto con Carmen Llombart, forma parte de la comisión negociadora para designar a los magistrados del Constitucional en representación del bloque conservador. En 2013 fue elegido a propuesta del Partido Popular primer suplente por el turno judicial para el CGPJ, por lo que cuando el actual ministro del Interior y juez Fernando Grande-Marlaska salió del consejo de jueces en 2018 para ir al Gobierno, le sustituyó.
–Gerardo Martínez Tristán: magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fue presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de donde el PSOE intentó recusarle en 2013, cuando fue propuesto como vocal del consejo de jueces por el PP. Dicho partido intentó que no decidiera sobre la externalización de hospitales madrileños a empresas privadas puesto que está casado con Marta García de la Calzada, quien fue consejera de Fomento en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dicha recusación.
-Enrique Lucas: catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados y director de ese despacho en Bilbao. Propuesto para el CGPJ a propuesta del PNV, es hermano de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al que el grupo conservador quiere nombrar magistrado del Constitucional en lugar de la opción definitiva de los progresistas, el también magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
-Clara Martínez de Careaga: magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y primera mujer en convertirse en magistrada de dicha Sala en 2009. Ingresó en la Carrera Judicial en 1983, con 23 años. Desempeñó sus funciones en los Juzgados de Distrito de Novelda (Alicante), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Vitoria y Madrid. Tras ascender a magistrada en 1987, fue destinada al Juzgado de Primera Instancia número 3, también de Familia, de San Sebastián. En julio de 1988 fue nombrada magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, siendo la primera mujer que ingresó en esa Sala y la única que se integró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al crearse éste en 1989 y desaparecer las Audiencias Territoriales. Presidenta de la comisión de Igualdad del CGPJ. Fue propuesta para el cargo por el PSOE. Es la esposa de Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional que aspira a convertirse en presidente de dicho tribunal. Algunos vocales del CGPJ consideran que debería haberse apartado en la votación de candidatos para el tribunal de garantías por este motivo.
–Juan Martínez Moya: magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ingresó en la Carrera Judicial en 1988 y está especializado en el orden jurisdiccional social. Presidió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia entre 2004 y 2015. Entró en el CGPJ a propuesta del Partido Popular.
-Roser Bach: magistrada con larga trayectoria en la Audiencia de Barcelona. Propuesta por el PSOE para el CGPJ, fue la directora de la Escuela Judicial entre 2011 y 2013. Previamente fue coordinadora del programa para la preparación de opositores a juez, fiscal y secretario judicial en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada y en el año 2009 ocupó el cargo de directora de este Centro de Estudios Jurídicos. Casada con Germà Gordó, destacado político nacionalista, exconsejero de Justicia durante el Gobierno de Artur Mas y diputado del Parlamento catalán hasta octubre de 2017. Está acusado en el caso del 3% de la Audiencia Nacional de corrupción alrededor de Convergencia Democrática de Catalunya. Bach representa, junto con Cuesta, al bloque progresista en las negociaciones para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
-Nuria Díaz: forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ. Abogada del Estado con destino en los Ministerios de Fomento y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, jefa de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2003 y 2013, fue propuesta para el consejo de jueces por el PP.
–Wenceslao Olea: magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Ingresó en la carrera judicial en 1984 y ha estado destinado en Navalmoral de la Mata, Don Benito y los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Extremadura. Propuesto por el Partido Popular, fue el vocal que recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la decisión de todos los vocales -que no respaldaron ni él ni Mar Cabrejas- de nombrar a Rafael Mozo suplente del presidente Carlos Lesmes. El presidente del CGPJ dimitido recomendó antes de irse que el vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, compartiera la presidencia del alto tribunal y del consejo de jueces, a lo que se negaron la mayoría de vocales.
-Carmen Llombart: magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la vocal propuesta por el PP es la representante, junto con Ballestero, del grupo conservador en la negociación para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera judicial en 1980 y ha estado destinada en Paterna, Cornellá de Llobregat y Barcelona. En 1989 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano del que fue presidenta desde 2010 a 2015.
-Pilar Sepúlveda: abogada en ejercicio desde 1988, fue coordinadora del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía en Sevilla y fundó la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (AMUVI). En declaraciones recientes a Canal Sur, manifestó el riesgo que veía de que la ‘Ley del sólo sí es sí’ impulsada por la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, permitiera imponer penas menores a acusados por delitos sexuales a partir de ahora.
El pasado enero, siete vocales le afearon que firmara el documento donde personalidades de diversos ámbitos se pronunciaron a favor de que se conceda el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado en la sentencia de los ERE. Se mostraron en «total desacuerdo» con su iniciativa «personal y particular» y vieron que ésta suponía una intromisión en la labor del Tribunal Supremo.
-Concepción Sáez: abogada madrileña, ejerciente entre 1980 y 1984, secretaria judicial desde 1989 en destinos del orden jurisdiccional penal y contencioso-administrativo, asesora del Centro de Estudios Jurídicos de 2007 a 2008 y destinada en la Mutualidad General Judicial desde 2011, fue propuesta para el CGPJ por Izquierda Unida. En distintas ocasiones se ha opuesto a las decisiones de la mayoría del pleno. El año pasado, por estas fechas, presentó junto con el resto de vocales del bloque progresista Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda un voto particular contra el informe del consejo sobre la Ley de Vivienda. Consideró que el órgano de gobierno de los jueces se extralimitó.
-Juan Manuel Fernández: magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ingresó en la carrera judicial en 1984 con destinos en Betanzos, Pamplona, Estella y Málaga. Fue decano de Pamplona y presidente del Tribunal Superior de Justicia de 2004 a 2014. Fue propuesto para el cargo por el Partido Popular.
-José María Macías: el vocal más activo del grupo conservador y más crítico con las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha acometido el Gobierno de Pedro Sánchez. Entró en el CGPJ a propuesta del PP para sustituir a la vocal designada a propuesta de CiU Mercé Pigem tras su dimisión en 2014, cuando se conoció que trasladó 9.500 euros de Andorra a España acompañada de su hermana, que introdujo 10.600 euros. Macías ingresó en la carrera judicial en 1990, habiendo ejercido desde entonces y hasta 2005 en varias jurisdicciones y principalmente en la contencioso-administrativa. Desempeñó funciones gubernativas como miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mientras permaneció en servicio activo fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). También fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2003. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
-Ángeles Carmona: presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Secretaria Judicial desde 1994, estuvo destinada desde 2009 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de Jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Propuesta para el órgano de gobierno de los jueces por el PP.
-Mar Cabrejas: magistrada de la Audiencia Provincial de Toledo. Ingresó en la carrera judicial en 1990 y ha ejercido en Aranda de Duero (Burgos), Tarragona y Madrid, donde era titular del Juzgado de Primera Instancia número 55 en el momento de incorporarse como vocal al CGPJ. Propuesta por el PSOE. En el pleno del pasado 13 de enero en el que el pleno decidió nombrar suplente del presidente a Rafael Mozo, la vocal se ausentó al considerar «ilegal» que los vocales de uno y otro grupo se pusieran previamente de acuerdo para nombrar a un presidente, algo que no podían hacer.
-Rafael Mozo: tras la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, fue elegido suplente del presidente por los vocales progresistas y conservadores del órgano al ser el vocal de más edad. Sólo los vocales Mar Cabrejas y Wenceslao Olea votaron en contra. Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018, hasta entonces y desde 1998 prestó servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en Sant Feliu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid. Es miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y fue propuesto para el cargo por el PSOE.
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