El juez desoye al Ministerio Público y admite nuevos documentos que buscan sentar a la cúpula etarra en el banquillo por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional intentó frenar la admisión de una prueba que podría ser clave para llevar a juicio a los exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En un informe dirigido al juez Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público puso en duda la «pertinencia» y «relevancia» de los dos documentos internos de la banda aportados por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para demostrar que la cúpula de la banda terrorista era quien decidía cuándo, dónde y a quién debían matar sus pistoleros.
En su escrito, el fiscal aludía a «formalidades legales» para oponerse a la admisión de los zutabes (boletines internos) de ETA número 107 y 108, de los años 2004 y 2005. En el primero de ellos, los integrantes del comité ejecutivo de la banda terrorista daban órdenes de no atentar en Cataluña. En el segundo, se comunicaba la decisión del aparato militar de ETA de dejar de matar concejales de PP, PSOE y UPN. Ambas instrucciones fueron seguidas a rajatabla por los comandos etarras. No se asesinó a ningún cargo municipal ni se cometió ningún ataque en Cataluña hasta que, en otra nueva contraorden anunciada en 2007 tras la ruptura de la tregua con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la cúpula de ETA comunicó su «decisión de volver actuar en todos los frentes» a partir de ese día.
La existencia y veracidad de ambos zutabes quedó acreditada en un informe pericial de la Policía Nacional cuya versión original ya había sido aportada a la Audiencia Nacional en otra causa distinta al nuevo caso Miguel Ángel Blanco. Según la tesis de DyJ, estos documentos demostrarían que los exjefes etarras serían responsables de los delitos de «autoría mediata» y «comisión por omisión» en el asesinato del concejal del PP de Ermua en 1997, en tanto que pudieron haber dado la orden de detener su ejecución durante las 48 horas en las que estuvo secuestrado.
Alegaciones de la Fiscalía
Ambos documentos finalmente han sido admitidos por el juez García Castellón, a pesar de que la Fiscalía intentó frenar su admisión poniendo en duda que cumpliesen con los requisitos de «pertinencia» y «relevancia» en la fase de instrucción. En su informe, fechado el pasado 28 de octubre, el Ministerio Público aludía a «formalidades legales» para defender que lo pertinente, antes de admitir los zutabes como prueba, sería «solicitar testimonio de los particulares» del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que tienen en su poder el informe original de la Policía Nacional.
Es decir, implícitamente se pretendía que los documentos aportados solo fuesen admitidos como prueba en caso de que se llegue a abrir juicio oral contra alguno de los cuatro exjefes de ETA querellados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Asimismo, la Fiscalía se oponía a admitir como prueba una noticia aportada por DyJ para reforzar la importancia del zutabe referente al cese de atentados en Cataluña. Un artículo publicado en enero de 2004 por el diario El Mundo y en el que se informaba de una reunión mantenida en Perpiñán (Francia) entre el exlíder de ERC José Luis Carod-Rovira y los exjefes de ETA Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza) y José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera).
El encuentro se produjo pocas semanas antes de que el aparato político de ETA, cuyo jefe era Mikel Antza, emitiese el zutabe con la orden de dejar de atentar en Cataluña. Según DyJ, este hecho podría demostrar que el exjefe etarra -que formaba parte de la cúpula de la banda en 1997- pudo haber dado la orden de parar la ejecución de Miguel Ángel Blanco y de otra docena de concejales de PP, PSOE y UPN que fueron asesinados hasta 2005. Mikel Antza es uno de los exjefes de ETA investigados por su presunta responsabilidad en el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Discrepancias del juez
El Ministerio Fiscal «considera que dicha noticia no tiene ninguna relevancia jurídica» porque El Mundo hacía referencia a la información publicada en primicia por otro medio de comunicación, el diario ABC. «Para que pudiera tener alguna relevancia jurídica a la instrucción de este procedimiento el peticionario debería aportar la publicación del medio de comunicación escrito que consiguió la noticia y, a fin de contrastar la noticia, con citación de las personas implicadas», añade la Fiscalía en su informe. El fiscal no precisa si se refiere a llamar a declarar a las fuentes del periodista que dio la exclusiva o, por el contrario, a las personas que estuvieron en la reunión de Perpiñán.
En cualquier caso, el juez García Castellón ha desacreditado los argumentos del Ministerio Público en un reciente auto en el que admite como pruebas los zutabes aportados por DyJ. «No se comparte en este punto el criterio de la Fiscalía, al entender que, en la medida en que los documentos hacen referencia a extremos objeto del presente sumario, debe ser admitida esta documentación como ‘documental’, sin perjuicio de su valoración, en su caso, en el momento del juicio oral», indica el magistrado.
«No cabe confundir la prueba en el juicio oral con las diligencias que se practican en fase de instrucción (…) El magistrado instructor tiene plena competencia y potestad para rechazar las diligencias probatorias que considere inútiles, impertinentes o improcedentes. Las actuaciones instructorias van encaminadas fundamentalmente a determinar las circunstancias que posibilitarán o no la apertura de juicio oral», señala García Castellón en su auto, fechado el pasado 11 de enero.
Polémico giro del Ministerio Público
No es la primera vez que el Ministerio Público intenta frenar la investigación contra los exjefes de ETA en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El pasado mes de julio, poco después del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, la Fiscalía se vio en el ojo del huracán tras un polémico giro de 180 grados respecto a su posición anterior sobre la imprescriptibilidad de los hechos investigados.
El fiscal que asistió a la declaración como investigados de los exjefes de ETA Mikel Antza y Soledad Iparraguirre (Anboto) por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua manifestó sus dudas del éxito de esta y otras causas reabiertas en los últimos meses contra los exjefes de ETA por considerar prescritos los delitos y por apoyarse únicamente en informes de inteligencia, según explicaron fuentes presentes en la declaración. Justo lo contrario a lo que el Ministerio Público había venido defendiendo hasta entonces.
Fuentes jurídicas del caso Miguel Ángel Blanco consideran que la admisión a trámite de los Zutabes aportados por DyJ puede ser clave para procesar a los distintos exjefes de ETA investigados en otras causas. Por ejemplo, el del atentado de la T-4 que puso fin a la tregua pactada con Zapatero en el año 2006. Ese atentado y el de Miguel Ángel Blanco son dos de la media docena de casos que se ha reabierto en los últimos meses para investigar la responsabilidad de los exlíderes de ETA por los delitos de autoría mediata y comisión por omisión.
Según la tesis de la asociación de víctimas, los Zutabes demostrarían que ETA era una organización jerarquizada y que los autores materiales de los atentados siempre seguían las órdenes y contraórdenes dictadas por la cúpula de la banda, por lo que los jefes de ETA serían responsables del delito de autoría mediata contemplado en el Código Penal. Por el momento, García Castellón se ha limitado a admitir los documentos para su «valoración posterior» como prueba al considerarla «pertinente».
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