El Tribunal Superior de Cataluña cita como investigado el 15 de septiembre a Roger Torrent por desobedecer al Constitucional

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© Joan Valls (EFE) El expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigados para septiembre al expresidente del Parlamento catalán y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, y a los tres miembros de JxCat y ERC de la Mesa que presidió en la Cámara catalana, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret cita a declarar el próximo 15 de septiembre a Torrent y a los también investigados Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y a Adriana Delgado, de ERC, contra quienes la Fiscalía se querelló por desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella de Fiscalía, pero el tribunal los rechazó, y la magistrada instructora ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros. En caso de que la causa contra Torrent prospere y culmine con una sentencia firme, la carrera política de Torrent podría verse comprometida. El delito de desobediencia conlleva una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y ya obligó al expresidente de la Generalitat Quim Torra a dejar el cargo.

El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación. El Parlament “reitera y retierará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. La querella también aludía a una segunda resolución tramitada el mismo día en la que la cámara también “reiteraba la reprobación”. Torrent y los miembros de la mesa plantearon esas resoluciones después de que el Tribunal Constitucional hubiera declarado ya inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido. El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al Constitucional, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.

Tras conocer su citación ante el TSJC, Torrent ha defendido que la cámara catalana es el “templo de la palabra y del debate” y denunció que “la maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión”. “Intentar censurar [al Parlament] es un grave error que va en contra de la democracia”, ha añadido. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también de Esquerra Republicana (ERC) se ha sumado a las críticas por lo que considera la “judicialización del debate parlamentario”.

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