La Sección de Enjuiciamiento confirma que el próximo día 29 formalizará imputaciones mientras las defensas denuncian vulneración de derechos
El Tribunal de Cuentas ha rechazado paralizar el expediente por responsabilidad contable por la promoción exterior del procés, como le habían pedido las defensas. Este expediente, que abarca la gestión del organismo Diplocat y varias consejerías, está abierto contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y contra los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, y otros 35 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana.
Todos ellos habían solicitado la suspensión de la comparecencia convocada en la sede del tribunal el próximo día 29, con objeto de proceder a la liquidación provisional de los gastos indebidos durante el procés. El cálculo del tribunal en un primer análisis es que se emplearon 5,4 millones de euros en promoción exterior y búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto independentista. El informe de la instructora delegada, Esperanza García, tiene unos 500 folios. Hay otro expediente, más avanzado, en el que la cantidad reclamada a altos exresponsables de la Generalitat es de 4,8 millones de euros, en relación con los gastos realizados para la organización y desarrollo del referéndum ilegal del 1-O.
MÁS INFORMACIÓN
De ahí que la suma global reclamada en ambos expedientes se sitúe alrededor de los 10 millones de euros. En todo caso, la cifra de 5,4 millones para los gastos de Diplocat y la acción exterior aún no es firme. El acto de liquidación provisional supone la comparecencia de los investigados o sus legales representantes, para hacer alegaciones y fijar indiciariamente la responsabilidad de cada uno. En medios del Tribunal de Cuentas se afirma que es muy probable que prosperen las peticiones de algunos de los citados, con lo que la cifra global reclamada finalmente puede ser menor.
Coincidencia con la entrevista de Sánchez y Aragonès
En todo caso, la denegación de la suspensión de las diligencias previstas supondrá que este acto procesal, que implica a responsables de la Administración catalana entre los años 2011 y 2017, coincida con la primera entrevista en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, para iniciar el diálogo tras la concesión del indulto a los líderes del procés. La medida de gracia no alcanza a las responsabilidades contables que se investigan en el Tribunal de Cuentas, que está sosteniendo un intenso debate procesal con las defensas, cuya estrategia se parece a la seguida en vía penal, en cuanto a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.
De hecho, la suspensión del acto del día 29 se solicitó con el argumento de que la premura de tiempo con la que las defensas han tenido que estudiar el expediente les ha generado indefensión, máxime cuando algunos de los investigados han estado en prisión hasta el pasado jueves. El expediente sobre acción exterior consta de 6.000 carpetas y constituye una síntesis de la intensa labor de la Generalitat y sus delegaciones para la promoción exterior del procés.
En realidad, algunos de los recursos presentados suponen un cuestionamiento radical del Tribunal de Cuentas y sus procedimientos, como órgano fiscalizador y jurisdiccional. En este sentido, las defensas lamentan no conocer la responsabilidad que se exige a cada investigado, ni la cifra en que se traduce. El tribunal les ha respondido que el proceso está en una fase preliminar y que esas concreciones empezarán a hacerse en el acto de liquidación provisional cuya convocatoria se mantiene.
Los recursos más extensos, a los que el Tribunal de Cuentas da respuesta este viernes, fueron de Artur Mas, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell. Todos ellos alegan indefensión, porque el expediente es ingente, y argumentan que no han tenido tiempo para estudiarlo. El tribunal les ha respondido que los plazos son los habituales. Por tanto, el 29 de junio los 40 investigados y/o sus abogados intentarán frenar o reconducir el procedimiento, en un acto que puede durar horas, o continuar al día siguiente, y en el que la delegada instructora les notificará qué se les exige a cada uno, bajo advertencia de que si no afianzan esa cantidad serán embargados sus bienes hasta alcanzar la cantidad reclamada.
ElPais
