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Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha pedido «perdón» a las personas que han sido víctimas de violencia o abusos sexuales durante su infancia. Lo ha hecho para anunciar la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsada por su Ministerio y aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Sin embargo, Iglesias se olvida de que tanto Ppodemos como el PSOE se opusieron dos semanas antes del 8-M a investigar el caso de 13 menores prostituidos bajo la tutela de su Gobierno de coalición en Baleares.
«Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde, ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños y adolescentes lo que les pasó a ellos», ha señalado Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
El vicepresidente segundo asegura que con esta ley se protegerán «por fin» los derechos de la infancia en España y ha asegurado que su Gobierno se esforzará «mucho» para que se tramite en el Congreso de los Diputados con «un amplio consenso». «Las ideologías no tienen que separarnos a la hora de contar con una normativa que proteja a los niños, niñas
El dirigente podemita ha bautizado esta nueva ley como ‘Ley Rhodes’, en alusión al pianista británico que sufrió abusos sexuales en su infancia. «James Rhodes escribía que si comparásemos la vida con correr un maratón, los abusos sexuales en la infancia tienen el efecto de quitarte una de las piernas y cargarte con una mochila llena de ladrillos», ha enfatizado.
«Acabar con la impunidad»
Pablo Iglesias también ha enumerado otras novedades dentro de esta ley como la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato. «Un asesino machista jamás puede ser un buen padre», ha señalado Iglesias.
También se ha referido a otros aspectos que establece la ley como la incorporación el deber de todos los ciudadanos de «comunicar inmediatamente» cualquier indicio de violencia sobre menores, también cuando lo haya cometido el cónyuge.
«Se trata de implicar a toda la sociedad y acabar de una vez con la impunidad que permitía la invisibilización de estos delitos, enmarcando la violencia contra la infancia no como un problema del ámbito privado porque no lo es sino como un problema social», ha apostillado.
Podemos ocultó los abusos
El pasado mes de febrero, Podemos, junto al PSOE, impidió que el Congreso investigara el caso de los abusos a menores tutelados por la administración balear. Los dos partidos que forman el Gobierno de España votaron en contra de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en la que se pedía reforzar los protocolos ante casos de abusos o explotación sexual como los ocurridos en los centros de Mallorca, dependientes del Consell socialista. Esta iniciativa incluía también la creación de una comisión en el Congreso para investigar los abusos.
El PSOE justificó su rechazo en que la oposición de Ciudadanos y del PP intentaba «sembrar dudas sobre el compromiso» de los socialistas con la infancia. El partido de Pablo Iglesias, por su parte, rechazó esta comisión porque la oposición buscaba «convertir los hechos en una lucha partidista».GOBIER
En Baleares gobierna la socialista Francia Armengol, en coalición con Podemos y los nacionalistas de Més. Los tres partidos rechazaron también a principios de febrero que se creara una comisión de investigación en el Parlamento balear sobre los abusos a menores de un centro tutelado de Mallorca.
El escándalo de las menores prostituidas en Palma de Mallorca surgió cuando una de ellas acudió a las autoridades para denunciar que había sido violada por seis adolescentes en un piso de la localidad. Esta denuncia destapó la existencia de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca que ejercían la prostitución por obligación a cambio de dinero, drogas o regalos. Estos centros están tutelados por el Gobierno de Baleares, en manos de la socialista Francina Armengol, y por el Consell de Mallorca, que preside la también socialista Catalina Cladera.
También se ha referido a otros aspectos que establece la ley como la incorporación el deber de todos los ciudadanos de «comunicar inmediatamente» cualquier indicio de violencia sobre menores, también cuando lo haya cometido el cónyuge.
«Se trata de implicar a toda la sociedad y acabar de una vez con la impunidad que permitía la invisibilización de estos delitos, enmarcando la violencia contra la infancia no como un problema del ámbito privado porque no lo es sino como un problema social», ha apostillado.
Podemos ocultó los abusos
El pasado mes de febrero, Podemos, junto al PSOE, impidió que el Congreso investigara el caso de los abusos a menores tutelados por la administración balear. Los dos partidos que forman el Gobierno de España votaron en contra de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en la que se pedía reforzar los protocolos ante casos de abusos o explotación sexual como los ocurridos en los centros de Mallorca, dependientes del Consell socialista. Esta iniciativa incluía también la creación de una comisión en el Congreso para investigar los abusos.
El PSOE justificó su rechazo en que la oposición de Ciudadanos y del PP intentaba «sembrar dudas sobre el compromiso» de los socialistas con la infancia. El partido de Pablo Iglesias, por su parte, rechazó esta comisión porque la oposición buscaba «convertir los hechos en una lucha partidista».GOBIER
En Baleares gobierna la socialista Francia Armengol, en coalición con Podemos y los nacionalistas de Més. Los tres partidos rechazaron también a principios de febrero que se creara una comisión de investigación en el Parlamento balear sobre los abusos a menores de un centro tutelado de Mallorca.
El escándalo de las menores prostituidas en Palma de Mallorca surgió cuando una de ellas acudió a las autoridades para denunciar que había sido violada por seis adolescentes en un piso de la localidad. Esta denuncia destapó la existencia de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca que ejercían la prostitución por obligación a cambio de dinero, drogas o regalos. Estos centros están tutelados por el Gobierno de Baleares, en manos de la socialista Francina Armengol, y por el Consell de Mallorca, que preside la también socialista Catalina Cladera.
«Otros ministerios implicados»
Irene Montero, ministra de Igualdad, intentó desviar el foco de su Ministerio en relación a este escándalo. «Esto implica un trabajo legislativo muy fino y a muchas administraciones, no es mi Ministerio el único que tiene que estar implicado, ahí Interior tiene mucho trabajo también hecho y muchos retos por delante», afirmó en una entrevista concedida a finales del pasado mes de enero.
«Hay que actuar con mucha prudencia. Hay una investigación en marcha y nos corresponde ser cautelosos a la espera de las conclusiones de la investigación para después actuar con toda la determinación. Debemos ser cautelosos y esperar a que termine la investigación para no cometer errores», aseguró Montero
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