Pedro Sánchez defendió, en la moción de censura, que Mariano Rajoy debía dimitir por "higiene democrática", una vez conocida la sentencia de Gürtel. Ahora, negocia su investidura con partidos con cargos condenados por corrupción.
En la defensa de la moción de censura que le llevó a La Moncloa, Pedro Sánchez, exigió a Mariano Rajoy su dimisión "aquí y ahora" por "higiene democrática", tras la sentencia de Gürtel. Año y medio después, el socialista ha olvidado las proclamas de entonces y busca a la desesperada su investidura con socios que acumulan imputaciones, irregularidades de financiación, casos de corrupción y casi 190 años de cárcel.
Precisamente, el PSOE se reunió este martes con Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, apenas unas horas después de que ésta fuese imputada por el Tribunal Supremo por la adjudicación a dedo de varios contratos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2017. El Alto tribunal considera que existen indicios de que Borràs pudo cometer cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad.
Pese a ello, los socialistas no dudaron en fotografiarse en el Congreso con la imputada, a la que recibieron dentro de la ronda de negociaciones con los grupos, iniciada este martes por el partido.
Precisamente, el PSOE se reunió este martes con Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, apenas unas horas después de que ésta fuese imputada por el Tribunal Supremo por la adjudicación a dedo de varios contratos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2017. El Alto tribunal considera que existen indicios de que Borràs pudo cometer cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad.
Pese a ello, los socialistas no dudaron en fotografiarse en el Congreso con la imputada, a la que recibieron dentro de la ronda de negociaciones con los grupos, iniciada este martes por el partido.
También este martes se conoció la sentencia a varios ex cargos del PNV, cuyos votos a favor de Pedro Sánchez se dan por descontados, por la mayor trama de corrupción en el País Vasco. El principal condenado es Alfredo de Miguel (13 años de prisión), ex diputado foral de Administración Pública y miembro del máximo órgano del PNV en Álava, considerado responsable de la red que cobraba comisiones ilegales, con amenazas y coacciones, a cambio de adjudicar contratos públicos. Sus dos principales socios, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también ex altos cargos del partido nacionalista, han sido también condenados a penas de 6 años y 6 meses y 7 años y 6 meses, respectivamente. En total, 27 años de cárcel.
Aunque, sin duda, el caso que abochorna a los socialistas es el de los ERE, la mayor causa de corrupción abierta en España. La sentencia, conocida el pasado 19 de noviembre -ya en plenas negociaciones para la investidura- condenó a 19 de los 21 acusados, entre ellos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves (9 años de inhabilitación especial) y José Antonio Griñán (6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación).
La sentencia consideró probado que los cargos de la Junta -además de Chaves y Griñán, la ministra de Zapatero, Magdalena Álvarez y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas-idearon y ejecutaron un sistema ilegal para otorgar cientos de millones de euros -finalmente, 679- al margen de controles y leyes, y siendo conscientes de su ilegalidad. Las condenas por este caso llegan a los 61 años y 10 meses de cárcel.
Procés
Pedro Sánchez sólo llegará a ser presidente si los independentistas acceden. La investidura y la gobernabilidad está en manos de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, cumple prisión (13 años) por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las penas acumuladas por la cúpula del ‘procés’ ascienden a 99 años y 6 meses de cárcel.
Además de Junqueras, fueron condenados otros dirigentes de ERC y Junts per Catalunya, como Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación), Carme Forcadell (11 años y 6 meses por sedición), Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y 6 meses por sedición) y los ‘Jordis’ –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– a 9 años. Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron absueldos de malversación, aunque declarados culpables de desobediencia, con inhabilitación.
Procés
Pedro Sánchez sólo llegará a ser presidente si los independentistas acceden. La investidura y la gobernabilidad está en manos de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, cumple prisión (13 años) por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las penas acumuladas por la cúpula del ‘procés’ ascienden a 99 años y 6 meses de cárcel.
Además de Junqueras, fueron condenados otros dirigentes de ERC y Junts per Catalunya, como Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación), Carme Forcadell (11 años y 6 meses por sedición), Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y 6 meses por sedición) y los ‘Jordis’ –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– a 9 años. Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron absueldos de malversación, aunque declarados culpables de desobediencia, con inhabilitación.
La histórica sentencia, conocida el pasado 14 de octubre, consideró además que existió violencia, aunque insuficiente para condenar por delito de rebelión.
Los futuros socios de Sánchez en el Gobierno socialcomunista están bajo sospecha por las acusaciones de los dos abogados despedidos por el partido tras investigar presuntas irregularidades en la financiación y las primarias. El escándalo, destapado en exclusiva por OKDIARIO, implicaría, entre otros, el cobro de sobresueldos.
La responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, reveló en una carta enviada a la dirección nacional del partido las sospechas de "irregularidades financieras, en material laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias". "De confirmarse", exponía en la misiva, "se pondrían en cuestión los elementales centrales" de Podemos y su "legitimidad como organización". Además, destacaba que en las presuntas irregularidades "se verían envueltos varios cargos internos" del partido con posibles "acusaciones penales" para "algunos miembros de la Ejecutiva".
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