Indignación y decepción en la Fiscalía por la sentencia del procés: "Unanimidad a cualquier precio, no"
Lo que más ha irritado es que se permita a los presos acceder ya a beneficios
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De puertas para afuera el discurso de la Fiscalía, ofrecido ayer en rueda de prensa por la fiscal general del Estado María José Segarra a los medios, es «respeto y acatamiento» de la sentencia del procés. Sin embargo, de puertas para adentro del Palacio de Fortuny, la indignación y decepción por el fallo del Tribunal Supremo son mayúsculas.
Las distintas fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO lamentan que el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena haya optado por un delito de sedición -contra el orden público en vez del orden constitucional- para condenar a los promotores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. «Dan un argumento forzado e insincero para descartar la rebelión», aseguran en alusión al razonamiento del Alto Tribunal que califica el proceso independentista como una «ensoñación» o «quimera» para obligar al Gobierno de Mariano Rajoy a negociar un referéndum de autodeterminación.
La Fiscalía entiende que en la sentencia los siete magistrados de la Sala Segunda han primado la unanimidad ante todo y sobre todo. «El fin era la declaración de independencia aunque en el camino trataran de negociar en condiciones de fuerza la autodeterminación», sostienen las fuentes informantes. Respecto al delito de sedición, aseguran que en septiembre y octubre de 2017 se cometió uno en Cataluña «cada vez que tenía que llevarse a cabo una diligencia judicial».
«Hubo riesgo real de independencia en Cataluña. Tuvo que salir el Rey a dar su discurso, el Gobierno se vio obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución y los españoles estaban muy preocupados por los hechos que se vivieron aquellos días. Y ahora resulta que todo era una farsa», agregan. Las distintas fuentes del Ministerio Público son tajantes: «La unanimidad a cualquier precio, no».
Sin embargo, pese a no compartir claramente el fallo del Supremo, lo que más ha irritado a la Fiscalía es que la Sala no haya accedido a aplicar a los líderes separatistas el artículo 36.2 del Código Penal para que los penados no accedan al tercer grado penitenciario hasta que hayan cumplido la mitad de su condena en prisión. «Es incompresible», subrayan las fuentes consultadas.
Los fiscales de Sala del procés -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal- solicitaron en las conclusiones finales del juicio la aplicación de dicho periodo de seguridad, debido a que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Prisiones, para evitar que se repitieran episodios como el vivido con Oriol Pujol. Al hijo del ex presidente Jordi Pujol, Instituciones Penitenciarias de Cataluña le concedió el tercer grado cuando no llevaba ni siquiera dos meses de cumplimiento de condena en prisión por el caso de las ITV. «El rechazo al 36.2 es un indicio de que hay un vasallaje al Gobierno», aseguran las fuentes consultadas, en manifiesto desacuerdo con la actuación de la Sala.
Por su parte, la fiscal general del Estado, en su discurso institucional, reiteró ayer el compromiso del Ministerio Público con «la defensa del orden constitucional». Además, Segarra defendió que «el dictado de esta sentencia y su acatamiento han de contribuir a garantizar la convivencia ciudadana».
«Hablar de éxitos y de fracasos es algo que es ajeno al Ministerio Fiscal», afirmó la máxima representante de los fiscales tras ser preguntada por la valoración respecto a la condena por sedición.
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