El presidente del Gobierno y el líder de Podemos mantuvieron este lunes una reunión en La Moncloa.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya han entrado en faena. Ya no discuten el nombre, sino qué significa “Gobierno de cooperación”. Y ahí han llegado los problemas serios. Sánchez se ha movido: desde el Gobierno en solitario que defendía antes, ahora plantea que haya cargos de Podemos, pero no en la cúpula de los ministerios, sino en puestos intermedios de la Administración. Además, plantea firmar un programa de investidura y garantizar que Podemos sea el socio preferente. Pero Iglesias insiste en que Podemos tiene que estar en el Gobierno con el peso que corresponde a sus 42 diputados. Va para largo.
Al contrario de lo que era previsible, las reuniones públicas fueron mucho mejor que el primer encuentro teóricamente discreto —la noticia fue adelantada este martes por eldiario.es— en La Moncloa. Hubo dos citas con fotógrafos, y fueron bastante bien, según fuentes de los dos sectores. Y hubo un primer encuentro sin cámaras y todo indica que fue bastante mal, aunque la negociación seguirá porque ambos están condenados a entenderse.
El problema llegó cuando se pasó de las palabras a su significado. Para Podemos, Gobierno de cooperación es muy similar a Gobierno de coalición: un Ejecutivo conjunto en el que la formación de Iglesias tenga una tercera parte de los ministros que nombre el PSOE, una relación similar a la que hay entre los diputados de uno y otro: 123 a 42. Pero para el PSOE Gobierno de cooperación es una cosa muy diferente del que se acaba de acordar en la Comunidad Valenciana, donde Podemos tiene una vicepresidencia.
Sánchez, según fuentes conocedoras de la reunión, trasladó a Iglesias que el significado de ese Gobierno de cooperación implicaría tres elementos importantes: por un lado, Unidas Podemos sería el socio prioritario del Ejecutivo, lo que implicaría que Sánchez descansaría en ellos las decisiones y las negociaciones clave y no buscaría la geometría variable con otros grupos de la que se hablaba tras el 28-A. Por otro, se firmaría un acuerdo de investidura pactado entre los dos que marcaría toda la agenda política.
Y por último, el asunto más delicado: el PSOE no parece dispuesto a que Podemos tenga puestos en el Consejo de Ministros para su líder y otros dirigentes, como reclama Iglesias. Sánchez le ha ofrecido otra solución, que es lo que él entiende como Gobierno de cooperación: puestos intermedios en la Administración para Podemos, pero sin ministros. Es una forma de que tenga una entrada en el Ejecutivo socialista pero sin que participe en el Consejo de Ministros, algo que el presidente en funciones ha rechazado hasta ahora.
No parece por tanto, al menos de momento, que la negociación esté frenada en la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno, como se temía en algunos sectores, sino en la entrada en general de Podemos en ese nivel máximo de los ministros. No hay vetos a Iglesias, como él insistía el domingo en la entrevista en EL PAÍS, sino una discusión de fondo sobre el papel de Podemos en la nueva legislatura.
El líder de Unidas Podemos ha dejado muy claro, ante Sánchez y en público, que no piensa aceptar nada que no sea entrar en el Gobierno con ministros propios. Por eso todo indica que la negociación se alargará. Fuentes del entorno de Iglesias creen que la estrategia de los socialistas pasa por dejar todo para el último momento, incluso con la investidura ya convocada —de momento no hay fecha— para intentar que la presión social y mediática suavice su postura. Los socialistas también presionan a su vez a Ciudadanos y al PP para que se abstengan, algo que resolvería sus problemas pero, de momento, parece imposible. Las negociaciones seguirán y habrá muchos contactos en los próximos días. El acuerdo no parece sencillo, pero ninguno de los dos se plantea las elecciones como una alternativa real.
Sin fecha para la investidura del presidente
Solo el presidente decide la fecha de la investidura. De momento no tiene los apoyos, pero puede que se anime a poner una fecha como forma de presión. En el PSOE se maneja la primera o segunda semana de julio. En La Moncloa están entre dos fuegos: no quieren una investidura fallida, que tiene un coste de imagen para todos, también para el presidente, pero tampoco quieren alargarla de forma indefinida. La decisión se acerca.
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