Arabia Saudí acaba de ejecutar a 37 personas, denuncia Amnistía Internacional (AI) en el boletín semanal de su sección francesa, en el que sostiene que se está produciendo un alarmante aumento de condenas ejecutadas en un país que al menos ha llevado a cabo 104 desde el comienzo del año 2019. En 2018 fueron 149.
La última, hasta la fecha, ejecución colectiva, que tuvo lugar el 23 de abril, “demuestra el desprecio que las autoridades saudíes sienten por la vida humana e indica que la pena de muerte está sirviendo de herramienta política para aplastar a la disidencia de la minoría chiíta”, denuncia AI.
Afirma también que “a las familias de los presos ejecutados no se les informó previamente”.
De los 104 ejecutados desde el 1 de enero, 44 eran extranjeros considerados culpables de delitos relacionados con el tráfico y uso de estupefacientes.
Del resto, la mayoría eran hombres chiítas que sufrieron procesos en los que ignoraron las normas internacionales de equidad, basados en “confesiones” que les fueron arrancadas con tortura: once de ellos estaban acusados de espiar por cuenta de Irán, y otros catorce de violencia ejercida durante su participación en las manifestaciones antigubernamentales en la Provincia del Este, de mayoría chiíta, en 2011 y 2012.
Por último, entre los ejecutados figuraba también Abdulkareem al Hawaj, un joven detenido a los dieciséis años y condenado por su participación en las manifestaciones.
En este momento, Ali al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher, los tres chiítas y menores de dieciocho años en el momnto en que sucedieron los hechos de que se les acusa, continúan en el ala de condenados a muerte de la cárcel, “y la ejecución de su condena podría producirse en cualquier momento”.
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